Adorni era el vocero del presidente Milei cuando anunciaban «la moral como política de Estado». La lucha contra los corruptos pretendía ser una bandera de la gestión y él era su cara más visible, antes de ser funcionario ya le contaba las costillas a la casta política. Eso explica la profunda indignación que produce su situación patrimonial.
La actual estrategia de reducir la cuestión a un simple asunto de evasión fiscal, diciendo que habían “ahorrado en negro como la mayoría de los argentinos» y que no lo habían declarado porque “la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro”, se choca de frente con lo que en marzo declaró ante el Congreso de la Nación: que tenía todo declarado «como corresponde“.
El problema de Adorni es el inverosímil ahorro informal, que mágicamente apareció, y pretender hacernos creer que la empezó a gastar toda de golpe desde que ejerce la función pública.
La declaración jurada que Adorni tanto tardó en presentar es inconsistente, vaga e imprecisa. Contradice registros públicos y hasta sus propios dichos en varias ocasiones. Asegura una importante inversión en criptomonedas sin explicar en detalle cuánto, cómo, dónde compró y con qué ingresos. Para justificar su falta de fondos de origen legítimo durante este tiempo, recurrió a mutuos hipotecarios –es llamativo que no haya recurrido al Banco Nación–, sobre inmuebles de dudosa valuación, operaciones que deben recibir máxima atención porque no responden a los usos y costumbres habituales del mercado.
Al ocultamiento de la compra de la casa en Indio Cua, que al principio era 100% de su mujer, pero que luego aparece siendo 50% suya, se agregan para investigarse las refacciones y los viajes. Los flujos y stocks detallados en una línea de tiempo conforman el objeto de una investigación por enriquecimiento ilícito durante su gestión y posible lavado de activos.
Si bien el régimen simplificado de ganancias, incluido en la ley de inocencia fiscal, puede permitir un bloqueo respecto de cuestiones tributarias e incluso –por la elevación de los montos de la evasión– la inexistencia de infracciones penales, ese perdón no abarca a los delitos penales por los que se investiga a Adorni hoy: enriquecimiento durante el ejercicio de la función pública; el delito de dádivas por el viaje en avión privado a Punta del Este que pagó un contratista de la TV Pública, su amigo y exempleador, ni el de declaración maliciosa en la declaración jurada.
Por su parte, la consultora de su mujer es pieza central del análisis económico, financiero y patrimonial. Según las fuentes de ingreso que allí se registren, se activan posibles delitos de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. La autoría mediata de esos delitos debería recaer sobre Adorni: él es el funcionario, ella es el vehículo.
La pregunta que la Justicia no puede eludir es simple: ¿de dónde proviene el incremento patrimonial de Adorni si el único cambio sustancial en su vida es que hoy representa al Estado argentino?
El juez Lijo fue invitado por el ministro de Justicia para viajar a París
La causa principal, más allá de haber sido delegada en el fiscal Pollicita, está en manos del juez Lijo, quien fue invitado por el ministro de Justicia para viajar a París, al Pleno del GAFI –el organismo internacional de lucha contra el lavado de activos– sin ninguna justificación técnica verdadera. El juez de la causa viajando con el ministro del gobierno al que pertenece el investigado es una imagen propia del cambalache del sistema judicial argentino y de lo poco que importan las reglas sobre el buen comportamiento de los jueces.
El caso Adorni vuelve urgentes tres reformas. La Oficina Anticorrupción no puede seguir siendo un apéndice político que recibe declaraciones juradas sin ningún control real. La ley de ética pública no es un papel pintado: las inconsistencias entre lo declarado y el patrimonio real deben analizarse con continuidad para prevenir y eventualmente denunciar.
Por su parte, la UIF no debe pedir permiso para avanzar en cuestiones operativas y tiene que recuperar sus facultades para querellar –facultades que este gobierno le quitó mediante el decreto 274/2025 bajo la excusa de una observación que realizó el GAFI–. Finalmente, la ley de inocencia fiscal debe modificarse para prever explícitamente que el “tapón fiscal” –no analizar incrementos patrimoniales o consumos– no se aplique a funcionarios políticamente expuestos y a procesados por delitos precedentes del lavado de activos.
Cabe celebrar el fallo difundido en los medios en estos días, donde el juez Casanello procesó a “sherpas de la corrupción”
Es importante alentar a los sujetos obligados del régimen de prevención de lavado de activos –como casas de cambio, proveedores de servicio de activos virtuales, sociedades de bolsa, bancos, escribanos, algunos abogados y contadores– a reportar las operaciones sospechosas de personas políticamente expuestas (PEP); es una obligación legal. Adorni es una PEP. Esa obligación no es facultativa y en ese sentido celebro el fallo difundido en los medios en estos días, donde el juez Casanello procesó a “sherpas de la corrupción”, es decir, a facilitadores profesionales de maniobras de esta catadura que colaboraron con un problema sistémico y estructural como es el lavado proveniente de la corrupción.
La Argentina atraviesa un momento de grandes expectativas. Millones de personas apostaron a un cambio real, hicieron sacrificios concretos y depositaron su confianza en un proyecto político que prometía romper con la lógica de la corrupción sistémica. Sostener esquemas o personas con graves sospechas de corrupción defrauda esa confianza y pone en riesgo también el rumbo económico y de desregulación que es el correcto.
La corrupción no es un problema abstracto
La historia de nuestro país demuestra que los proyectos políticos fracasan cuando quienes ejercen el poder comienzan a creerse por encima de las leyes, los controles y la rendición de cuentas. La corrupción no es un problema abstracto: corroe la implementación de todas las políticas públicas, golpea con mayor virulencia a los más pobres y destruye el valor más difícil de reconstruir, que es la confianza.
Hasta que «la moral como política de Estado» deje de ser un eslogan hipócrita y se convierta en una práctica real, todo este sacrificio corre el riesgo de no valer la pena. El enriquecimiento ilícito es un delito constitucional y enriquecerse desde la función pública es traicionar a la patria.
