La confianza es probablemente el factor más influyente en el desempeño de una economía. Para los inversores, confianza significa que se cumplan tres condiciones: que no les cambiarán las reglas; que se respetará el derecho de propiedad y que la Justicia será eficiente e independiente.
Para quienes prestan dinero, la confianza es la tranquilidad de que se lo devolverán, particularmente si el deudor es el Gobierno. Para el consumidor, la confianza es que el dinero que recibe no se diluya en la inflación y que su empleo no esté amenazado. Estas diversas formas de confianza se influyen entre sí. Si cae la confianza de los consumidores, se retraen las ventas y, consecuentemente, cae la recaudación impositiva. Esto pone en riesgo el equilibrio fiscal y debilita la capacidad del Gobierno de cumplir con sus compromisos. Baja entonces la confianza de los acreedores porque aumenta el riesgo de no cobrar, lo que los lleva a exigir una tasa de interés más elevada. Así, aumenta el riesgo país y el costo del crédito, tanto para el sector público como para el privado. Eso afecta la inversión y el costo de producir, impulsando un círculo vicioso.
La confianza se construye o se destruye por percepciones sobre el futuro. La realidad presente o la pasada intervienen solamente en cuanto proyectan elementos para pronosticar el futuro. Debe aquí agregarse que ese futuro no solo se relaciona con factores económicos, sino también políticos. Como ejemplo pueden recordarse las alteraciones del riesgo país cuando en 2025 se sucedieron una elección legislativa en la provincia de Buenos Aires que puso en el horizonte un resucitar kirchnerista, y solo semanas después, la caída abrupta del riesgo país cuando la elección nacional de medio término disipó esa perspectiva. Los cambios políticos son menos previsibles y pueden ser más amplios.
Entendiendo esto se comprende la razón para que gobiernos enfocados en cambios estructurales propongan consolidarlos y blindarlos mediante la sanción de leyes de efectos institucionales o creando compromisos internacionales más difíciles de revertir. Esta intención estuvo presente en la llamada Ley Bases, al igual que en varias normas surgidas del ministerio conducido por Federico Sturzenegger. En el mismo sentido se ubica ahora el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) anunciado por el presidente Javier Milei.
El objetivo de esta trascendente reforma es darle la mayor solidez posible al compromiso de no emitir dinero para financiar al Estado. La necesidad de un cambio surge de la propia letra del artículo 3° de la Carta Orgánica que define cuatro objetivos para el Banco: la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Los dos últimos, sin duda encomiables, deben ser consecuencia de la política general del Gobierno y escapan al área de actuación del BCRA.
En una visión de corto plazo centrada en efectos directos e inmediatos, puede ocurrir que se adopten medidas monetarias expansivas, pero también inflacionarias, que terminan siendo destructivas en un plazo más largo. El objetivo primordial de un banco central debe ser la estabilidad de la moneda. Así estaba establecido en su carta orgánica hasta que fue modificada por la gestión kirchnerista con una visión claramente populista.
La propuesta de campaña de Milei de suprimir el Banco Central ha cambiado y es hoy la de preservarlo como agente financiero del Gobierno, sin quitarle el atributo de ser el único responsable de la emisión de moneda. Pero ahora ese atributo quedará expresamente prohibido cuando la emisión sea para financiar al Estado. Quedaría así suprimido el artículo 20° de la actual Carta Orgánica, que autoriza al BCRA a otorgar adelantos al gobierno nacional hasta una cantidad equivalente al 12% de la base monetaria, más un 10% de los recursos fiscales obtenidos en los últimos 12 meses. La prohibición de emitir para cubrir déficit fiscal será reforzada, según lo anunciado por el presidente Milei, con clausulas penales severas aplicables al funcionario que sea responsable de haber transgredido esa prohibición. Se está proponiendo adecuar el Código Penal para darle la mayor sustentabilidad y credibilidad posible a esa disposición. Lo esencial es asegurar y generar plena confianza sobre el sostenimiento del valor de la moneda.
La independencia del BCRA debe ser una condición institucional que le otorgue un marco más sólido que los cambios y las nuevas disposiciones que puedan incluirse en su carta orgánica. La referencia al caso peruano es inevitable. El presidente del Banco Central de Reserva de ese país, Julio Velarde, lleva dos décadas en ese cargo mientras han pasado varios presidentes de distinto signo político e ideológico. Su permanencia no ha estado sujeta a decisiones del poder ejecutivo y continuará con la flamante presidenta Keiko Fujimori. La exigencia de la aprobación parlamentaria para su remoción y el cumplimiento estricto en las reglas y límites de emisión monetaria, hicieron posible la estabilidad de la moneda peruana a pesar de la inestabilidad política.
La designación del presidente del BCRA en nuestro país exige el acuerdo del Senado, no así para su remoción. La independencia depende más de esta última circunstancia. Para asegurarla y para blindar a las autoridades de la entidad de los atropellos de la política, el primer mandatario argentino ha propuesto que su remoción deba ser aprobada con los dos tercios de las dos cámaras del Congreso.
En los últimos meses se observa una tendencia a la reducción de la inflación y una incipiente recuperación de la actividad económica y el empleo. El riesgo país se muestra decreciente, lo que es consistente con el aumento de las reservas, el superávit externo y el equilibrio fiscal. Las contingencias que puedan producirse obligan a avanzar en reformas que consoliden aquellos logros y los preserven de los avatares políticos.
