En ese contexto, las declaraciones del embajador estadounidense Peter Lamelas merecen un análisis más allá de la controversia. Lamelas ratificó que el ingreso a los Estados Unidos es un privilegio y no un derecho, y que su gobierno puede revisar la concesión de visas cuando considera comprometidos sus intereses de seguridad nacional. En ese punto, su posición es jurídicamente legítima.
También resulta lógico que un embajador defienda los intereses de su Nación. Esa es la esencia de la doctrina America First. Puede discutirse el canal utilizado, ya que una cuestión así debería plantearse formalmente, con fundamentos técnicos y ante las autoridades competentes. Pero cuestionar las formas no puede convertirse en una excusa para evitar el tema de fondo. Y ese tema no es Huawei en sí mismo, sino la infraestructura crítica sobre la que funcionará el país en las próximas décadas.
La infraestructura crítica es una red energética o un centro de datos, por ejemplo, que no son compras comerciales. Constituyen el sistema nervioso de una sociedad moderna. Por eso, el proveedor más barato no siempre representa el costo más bajo. La dependencia tecnológica puede pagarse muchos años después, cuando un país descubre que no puede sustituir sus equipos, auditar sus sistemas o proteger sus datos.
La respuesta de la Embajada china resulta reveladora. Pekín acusó a Washington de actuar con arrogancia, prejuicios e hipocresía, y presentó la advertencia estadounidense como una afectación de la soberanía argentina y de la libertad de comercio. Sin embargo, la soberanía no puede invocarse selectivamente.
China reclama libertad para sus empresas en Argentina, pero al mismo tiempo exige que nuestro país adopte como propia su política de una sola China y limite cualquier relación significativa con Taiwán. Defiende la autonomía argentina cuando Washington cuestiona a Huawei, pero pretende condicionar nuestra política exterior cuando se trata de una democracia tecnológica que Beijing considera parte de su territorio.
La doble vara es evidente
Durante años, Argentina aceptó una creciente presencia china en sectores sensibles sin desarrollar una evaluación integral. El ejemplo más conocido es la estación de espacio profundo instalada en Neuquén, sobre un predio cedido durante 50 años. Todo esto continúa generando interrogantes.
La soberanía del siglo XXI no termina en la propiedad de la tierra. Se ejerce sobre los datos, los satélites, los puertos, las telecomunicaciones, los sistemas de inteligencia artificial, las redes eléctricas, los minerales críticos y las cadenas de suministro. Un país puede conservar formalmente su territorio y, al mismo tiempo, perder la capacidad de decidir qué ocurre dentro de él.
La contradicción argentina se vuelve más clara al observar el proceso iniciado para ingresar al Visa Waiver Program de EE.UU. El objetivo es que los argentinos puedan viajar por turismo o negocios sin tramitar una visa, siempre que nuestro país cumpla exigencias vinculadas con seguridad, documentación, información y controles migratorios. No se trata solamente de una facilidad turística. La incorporación al programa implica ingresar en un sistema de confianza estratégica. Y entre los 42 integrantes actuales se encuentra Taiwán.
Las relaciones con Taiwán
Estados Unidos reconoce oficialmente a la República Popular China, pero mantiene una profunda cooperación económica, tecnológica y de seguridad con Taiwán. Esa experiencia demuestra que Argentina podría fortalecer su vínculo con Taiwán sin romper sus relaciones con Pekín. La política de una sola China no debería convertirse en un derecho de veto. Resulta contradictorio que nuestro país aspire a ingresar en el círculo de confianza de EE.UU. mientras acepta que China limite su acercamiento a una democracia.
No podemos reclamar los beneficios del mundo libre y, al mismo tiempo, permitir que un régimen autoritario determine con qué democracias podemos cooperar. Taiwán no es solamente una cuestión diplomática. Es un posible aliado estratégico en semiconductores, IA, ciberseguridad, telecomunicaciones, ciudades inteligentes y formación tecnológica. También ofrece un valor político fundamental: se desarrolla en una sociedad democrática que lucha por conservar su libertad.
No reconocer diplomáticamente a Taiwán no obliga a ignorarlo. La soberanía argentina no se defiende rechazando una supuesta subordinación a Washington para aceptar silenciosamente otra dependencia. Estados Unidos defenderá sus intereses. China defenderá a los suyos. La obligación de la dirigencia argentina es defender los nuestros.
También corresponde exigir que las advertencias sean transmitidas institucionalmente y acompañadas por alternativas concretas. No alcanza con pedirle a Argentina que descarte proveedores chinos. EE.UU., Taiwán, Japón y las democracias tecnológicas deben ofrecer inversión, financiamiento, capacitación y transferencia de conocimiento.
Argentina, por su parte, necesita una política nacional sobre infraestructura crítica. Ninguna cooperativa, municipio o provincia debería resolver aisladamente la arquitectura tecnológica de sistemas que puedan comprometer energía, comunicaciones y seguridad nacional.
La pregunta es si la Argentina está dispuesta a defender sus propios intereses con determinación. No podemos aspirar a ingresar al sistema de confianza de EE.UU. y permitir, al mismo tiempo, que China condicione nuestra relación con Taiwán. Argentina debe comerciar con China, pero no depender de ella. Debe construir una alianza estratégica con Estados Unidos, pero desde el respeto entre naciones soberanas. Y debe abrirse a Taiwán como socio tecnológico del mundo libre.
La soberanía no admite una doble vara. “Argentina primero” significa defender nuestra tierra, nuestros datos, nuestra tecnología, nuestra libertad y nuestro derecho a elegir con quién construir el futuro.
Presidente de la Fundación Diplomacia Ciudadana
