Las primeras repercusiones sobre el anuncio que realizó Javier Milei en cadena nacional acerca de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central dejaron un diagnóstico compartido entre los economistas consultados: existe consenso en la necesidad de fortalecer la independencia de la autoridad monetaria y blindar el equilibrio fiscal, aunque el alcance de la iniciativa dependerá de la letra chica del proyecto y de su viabilidad política.
Uno de los analistas que se pronunció fue el economista Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, quien interpretó el anuncio como una señal de fortalecimiento del compromiso fiscal, aunque advirtió que todavía quedan interrogantes sobre cómo funcionará el mecanismo en la práctica.
“Habrá que ver los detalles”, planteó Tiscornia. En ese sentido, observó que el Presidente habló de una eventual suspensión automática de actividades no esenciales, pero sin precisar qué áreas quedarían comprendidas ni bajo qué condiciones se activaría esa herramienta.
Para Tiscornia, el principal efecto de la iniciativa no estaría tanto en un eventual recorte del gasto como en los incentivos que generaría sobre la dirigencia política. “Mientras no se resuelva el problema del déficit, no cobrarían el sueldo una cantidad de funcionarios. Ahí hay un incentivo fuerte para que se pongan de acuerdo en resolver cualquier problema que se pueda presentar”, sostuvo.
No obstante, el economista relativizó el impacto fiscal directo de esa medida al señalar que el grueso del gasto público corresponde a funciones esenciales que continuarían operando.
En la misma línea, el expresidente del Banco Central Martín Redrado sostuvo que una nueva Carta Orgánica debe garantizar la independencia de la autoridad monetaria para asegurar estabilidad de precios, previsibilidad cambiaria y solidez financiera. A través de un mensaje publicado en la red social X, afirmó que “la reforma debería prohibir de manera definitiva el financiamiento monetario del Tesoro, tanto mediante Adelantos Transitorios como a través de utilidades contables, Letras Intransferibles u otros mecanismos indirectos”.
Además, propuso reforzar la autonomía institucional del BCRA estableciendo que la designación y eventual remoción de sus directores requiera mayorías especiales del Congreso y que la nueva normativa entre en vigencia a partir del próximo gobierno. También planteó que el organismo tenga “como objetivos centrales la estabilidad de precios y la estabilidad financiera”, y sugirió “reducir el número de directores y escalonar sus mandatos para evitar que coincidan con el ciclo presidencial, con el fin de garantizar la continuidad de la política monetaria más allá de los cambios de administración”.
En tanto, Daniel Marx, exdirector del Banco Central, calificó la propuesta como “una buena iniciativa” porque apunta a avanzar hacia objetivos y políticas más precisas. Sin embargo, advirtió que “el gran desafío será llevarla a la práctica”. En ese sentido, sostuvo que es clave profundizar la diferenciación entre el poder político y las autoridades de la entidad para fortalecer su autonomía en la toma de decisiones.
Marx remarcó que la coordinación con el Gobierno es necesaria, “pero cada uno debe cumplir su propio objetivo y, sobre todo, esa autonomía debe reflejarse en los hechos”.
Por su parte, Alfredo Romano, director de Romano Group, consideró que la iniciativa “no representa una novedad”, sino que busca replicar modelos aplicados con éxito en países como Perú, Uruguay y Brasil para evitar que la autoridad monetaria quede subordinada a las necesidades del gobierno de turno.
No obstante, advirtió que las modificaciones legales, por sí solas, no alcanzan para blindar al Banco Central frente a futuros cambios políticos. “Aun cuando la reforma establezca mayores requisitos para modificar su conducción, la reversibilidad seguirá siendo posible si no existe un consenso político amplio y sostenido sobre la necesidad de preservar la independencia de la institución”, analizó.
Pese a esas reservas, Romano evaluó positivamente la iniciativa por considerar que acerca a la Argentina a estándares institucionales adoptados en otras economías de la región. Sin embargo, insistió en que “el verdadero desafío será construir un acuerdo político de largo plazo que garantice, en la práctica, la autonomía del Banco Central frente al poder de turno”.
Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, opinó: “Sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central todavía se brindaron pocos detalles. Sin embargo, los aspectos anunciados están alineados con los objetivos centrales de la propuesta que elaboramos desde nuestra fundación”.
Asimismo, Abram dijo que la definición de un único objetivo para el Banco Central, como lo es preservar la estabilidad del valor de la moneda, constituye uno de los pilares fundamentales de nuestra iniciativa. “Nosotros proponemos que ese mandato se instrumente mediante metas de inflación. En este caso, todavía falta conocer cómo se definirá concretamente el objetivo y qué mecanismos se utilizarán para evaluar su cumplimiento, pero la orientación general es correcta”.
Abram agregó que también resulta positivo que se prohíba al Banco Central financiar al Gobierno nacional. “Desde la Fundación propusimos que esa restricción incluya, además, la imposibilidad de financiar o adquirir deuda de los Estados provinciales y municipales bajo cualquier modalidad”, afirmó.
