La noticia se asemeja a una bomba de profundidad. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) puede viajar a Estados Unidos y disfrutar del Mundial, desde adentro, como líder de la comitiva oficial argentina. Pero ahora sabe que al menos tres fiscales norteamericanos investigan los movimientos de dinero de la entidad que preside y, por extensión, lo investigan a él. Y los antecedentes al respecto distan de ser tranquilizadores.
Corría el año 2010 cuando una investigación en Estados Unidos sobre el crimen organizado ruso derivó hacia la corrupción en el fútbol. Y se aceleró cuando un agente del organismo tributario de ese país (IRS, por sus siglas en inglés) abrió en 2011 una causa por evasión impositiva contra Chuck Blazer, el exsecretario general de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, conocida como la Concacaf.
El primer punto de inflexión llegó cuando los fiscales federales del Distrito Este de Nueva York confrontaron a Blazer junto a dos agentes del FBI, Jared Randall y John Penza. Le mostraron las evidencias que habían recolectado sobre su proceder delictivo con sociedades pantalla e impuestos impagos, y le ofrecieron el clásico dilema: cárcel o cooperación. Y en diciembre de 2011, Blazer aceptó volverse informante. En otras palabras, se reunió decenas de veces con los fiscales entre 2011 y 2013 y llegó a portar un micrófono oculto en un llavero durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
El estallido público del llamado FIFAgate llegó, sin embargo, recién en mayo de 2015. La fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch —que había encabezado la pesquisa como fiscal del Distrito Este y llevaba apenas un mes en su nuevo cargo— presentó una acusación de 47 cargos contra catorce dirigentes y ejecutivos del marketing deportivo, coordinada con un operativo de la policía suiza que arrestó esa madrugada a varios imputados en Zúrich.
Los fiscales sostuvieron la jurisdicción estadounidense argumentando que el dinero —lícito e ilícito, incluidos sobornos— había transitado por el sistema bancario norteamericano, una construcción jurídica que les permitió perseguir a corruptos de toda Iberoamérica. Es la misma premisa que los fiscales podrían invocar ahora para avanzar sobre los movimientos de dinero —lícito y bajo sospecha— de la propia AFA y la gerenciadora TourProdEnter LLC.
La estrategia combinó cooperación internacional con Suiza, presión sobre imputados para obtener nuevos delatores —figuras como Alejandro Burzaco se convirtieron en testigos clave— y una segunda tanda de imputaciones en diciembre de 2015 que sumó dieciséis acusados más. El despliegue, sostenido durante años por un equipo reducido, consolidó un modelo de persecución extraterritorial de la corrupción transnacional que sigue produciendo causas derivadas hasta hoy.
El FIFAgate reveló un esquema sistemático de sobornos por más de US$150 millones a cambio de derechos de televisación y marketing de torneos y de votos para la organización de Mundiales. Consolidó, además, el largo brazo de la Justicia de Estados Unidos sobre los negocios del fútbol.
En ese marco, “Chiqui” Tapia fue autorizado por la Justicia argentina para viajar a la final de la Champions League, en Europa, y al Mundial que se desarrollará a partir del 11 de junio y durante 39 días en Estados Unidos, México y Canadá. A cambio, la condición impuesta fue depositar una caución de $30 millones en el expediente del fuero en lo Penal Económico en el que fue procesado por presunta retención indebida de aportes.
Así, Tapia voló este jueves a Europa, para luego seguir su camino hacia Estados Unidos. Tendrá hasta el 21 de julio para retornar a la Argentina. En el interín, podrá vivir desde adentro el esfuerzo de la Selección por obtener la cuarta estrella. Pero se sabrá, también, bajo una lupa.
El titular de la AFA conoce, sin dudas, el antecedente de Jeffrey Webb, quien presidía la Concacaf en mayo de 2015. Se hospedó en el hotel Baur au Lac de Zúrich, en vísperas del congreso de la FIFA, y se despertó esposado por la policía suiza a pedido del Departamento de Justicia. La lección: una imputación sellada (sealed indictment) puede materializarse en cualquier momento, sin previo aviso, mientras el acusado desayuna en su hotel. El FBI y el Departamento de Justicia mantienen una larga tradición de elegir el momento de máxima exposición pública —congresos, finales y ceremonias deportivas— para los arrestos.
El espejo más cercano para el fútbol sudamericano, sin embargo, lo aportó el expresidente de la Conmebol, Juan Ángel Napout. Arrestado en el mismo hotel suizo en 2015, el paraguayo fue extraditado a Estados Unidos, condenado a nueve años de prisión y fallecido en una cárcel federal en 2022.
Tapia, ahora, se sabe bajo una lupa.
