En medio de las conversaciones que el Gobierno mantiene con distintos actores de la cadena para avanzar en un nuevo esquema de fiscalización sobre semillas autógamas, integrantes de la Federación de Acopiadores de Granos se reunieron con representantes de la Secretaría de Agricultura y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para plantear su posición frente a un eventual sistema de control basado en la entrega de granos.
El encuentro con los acopiadores se dio en el marco del nuevo esquema de fiscalización en semillas que el Gobierno presentó semanas atrás a toda la cadena agroindustrial, con el ministro Federico Sturzenegger. La iniciativa busca reforzar el control sobre la propiedad intelectual en semillas autógamas —como soja y trigo— sin modificar la actual ley de semillas ni pasar por el Congreso.
El esquema prevé controles en el primer punto de entrega del grano —acopios, puertos y plantas—, con participación de privados, cámaras arbitrales y entidades habilitadas por el Instituto Nacional de Semillas (Inase), para realizar análisis de identidad varietal. El objetivo es mejorar la fiscalización sobre el uso ilegal de genética protegida y favorecer la incorporación de nuevas tecnologías, en un sistema que inicialmente solo alcanzará a las nuevas variedades que se registren.
Raúl Dente, director ejecutivo de la Federación de Acopiadores, quien participó de la reunión que llevó adelante el presidente del Inase, Martín Famulari, señaló que la principal preocupación del sector pasa por el involucramiento operativo de los acopiadores en el nuevo sistema de fiscalización. “Supimos que había un proyecto de resolución donde se establecían controles a partir de la primera entrega de los granos y que nosotros, como acopiadores, estábamos directamente involucrados en el tema. Planteamos algunos puntos y pedimos ser llamados a discutirlo porque somos parte importante del proceso”, precisó.
Según explicó Dente, el nuevo esquema buscaría controlar la compra y utilización autorizada de semillas a través del análisis de los granos comercializados.
“Hoy existen instrumentos para determinar qué variedades componen una entrega de granos. Entonces, es una forma indirecta de establecer el control del cumplimiento de la ley de semillas y del pago del canon tecnológico, en la medida en que no hubiera uso propio”, detalló. Y agregó: “El uso propio está permitido, pero si se detecta alguien utilizando semillas que no corresponden a ese uso propio, eso sería una alerta”.
La reunión, según reconstruyó el dirigente, tuvo un carácter estrictamente técnico e informativo. “No hubo ningún acuerdo porque no había nada que acordar; exclusivamente era a efectos informativos y para tener participación en el proceso”, aclaró.
Durante el encuentro, los acopiadores pusieron especial énfasis en la posibilidad de que cualquier nuevo mecanismo oficial se articule con Bolsatech, el sistema vigente desde 2015 de trazabilidad y control de semillas impulsado por las bolsas de cereales y distintos actores privados de la cadena. “Nos parece que funciona razonablemente bien”, afirmó Dente.
“Nosotros fuimos fundadores de Bolsatech y siempre apoyamos cualquier mecanismo que signifique generar alertas e informar respecto de una situación anómala. Creemos que puede adaptarse claramente también al control de las variedades”, sostuvo el ejecutivo. En esa línea, indicó que uno de los planteos de la Federación fue que una futura resolución “se apoye casi exclusivamente o muy fuertemente en el sistema Bolsatech”.
El trasfondo de la discusión es el intento del Gobierno de avanzar, sin necesidad inmediata de modificar la ley de semillas ni pasar por el Congreso, en un esquema que permita reforzar el control sobre la utilización ilegal de genética protegida y garantizar el pago de regalías tecnológicas. La herramienta sería la firma de convenios por parte del Inase para fiscalizar el cumplimiento de la normativa mediante análisis varietales sobre muestras de granos entregados comercialmente.
“Pareciera que sí”, respondió Dente cuando fue consultado sobre si consideran que el Gobierno avanzará por este camino regulatorio. Aunque aclaró que todavía no hubo definiciones formales, señaló que el Ejecutivo “se debe estar reuniendo con todas las instituciones que representan el proceso comercializador de granos” antes de tomar una decisión final.
“Estamos, como debe ser, en una interacción público-privada con el objeto de hacer las propuestas que más convengan”, resumió Dente.
Vale recordar que dentro de los compromisos asumidos por la Argentina con Estados Unidos dentro del acuerdo de comercio e inversiones firmado entre ambos países, la propiedad intelectual quedó incorporada como uno de los ejes centrales. Entre los puntos incluidos figura el fortalecimiento de los mecanismos de protección sobre innovaciones biotecnológicas y semillas, además del compromiso de avanzar hacia estándares internacionales más estrictos, como la adhesión al convenio UPOV 91.
