El próximo miércoles 29 de octubre, a las 10 de la mañana, se llevará a cabo en Nueva York una audiencia clave en el juicio por la expropiación de YPF. Durante 90 minutos, el Estado argentino, la petrolera y el síndico que reclama una compensación expondrán sus argumentos ante un tribunal de tres jueces, que deberá decidir si confirma la sentencia de primera instancia, la revoca o reduce la indemnización fijada en US$16.100 millones más intereses.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito dispuso que cada parte tenga su tiempo para exponer, tras lo cual los jueces podrán realizar preguntas adicionales. Ese día no se conocerá un fallo, ya que el tribunal no tiene plazos para expedirse. Se estima que la sentencia recién podría emitirse entre abril y junio de 2026.
“Finalmente, conocemos la fecha y hora exacta de los argumentos orales en la apelación primaria del caso de la expropiación de YPF. Aún no están confirmados los tiempos de exposición, aunque se espera que la Argentina e YPF tengan 30 minutos, y que a Petersen/Eton se les otorguen entre 45 y 60 minutos, ya que participan tanto de la apelación principal como de la cruzada con YPF”, explicó Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en litigios contra el país en el exterior.
Mientras tanto, los fondos Burford Capital —que adquirió los derechos de litigio al fisco español tras la quiebra del Grupo Petersen— y Eton Park presionan para cobrar de manera anticipada la indemnización más intereses, tal como dictaminó en primera instancia la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York.
La Justicia estadounidense determinó que la Argentina violó el estatuto de la petrolera durante la estatización de 2012, lo que perjudicó a los accionistas minoritarios, entre ellos Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park. En consecuencia, ordenó al país pagar la compensación, aunque eximió de responsabilidad a YPF.
Los demandantes intentaron en varias oportunidades alcanzar un acuerdo con el Estado argentino. Advierten que, por cada día de demora, la deuda suma alrededor de US$2,5 millones en intereses —casi US$1000 millones al año—, a lo que se agregan los honorarios de los abogados, que facturan al menos US$1500 por hora de trabajo en el caso.
La defensa argentina, por su parte, apuesta a que la Cámara de Apelaciones introduzca algún cambio en el fallo, luego de que el país perdiera todos los reclamos en la primera instancia.
En paralelo, avanza otra apelación. Para evitar un embargo, Preska había concedido a los fondos una garantía de pago, pero el Estado argentino incumplió. El 30 de junio, la jueza solicitó que se transfiriera el 51% de las acciones de YPF al fideicomiso de garantía. Esta decisión también fue apelada y se tratará el 25 de septiembre, en una audiencia a cargo de otro tribunal de la misma Cámara de Apelaciones.
La historia del caso
El 51% de las acciones de YPF fue estatizado en 2012. En ese momento, el fondo Eton Park era accionista de la petrolera, que cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 1993. Burford Capital, en cambio, compró el derecho a litigar en la Justicia española cuando las empresas Petersen –fundadas por la familia Eskenazi y accionistas de YPF– quebraron.
Los fondos sostuvieron que el gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) por la totalidad de las acciones, tal como establece el estatuto de YPF presentado en Estados Unidos cuando comenzó a cotizar. Según el artículo 7º, si un inversor adquiere más del 15% de las acciones, debe ofrecer comprar el resto.
En su momento, la Argentina no hizo la OPA. El entonces viceministro de Economía e interventor en YPF, Axel Kicillof, argumentó en el Congreso, antes de la votación de la ley de expropiación: “Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el ciento por ciento a un valor equivalente a US$19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto! ¿Si no, dónde está la seguridad jurídica?”.
Tanto los demandantes como Preska citaron esa frase para justificar sus posiciones. La jueza sostuvo que “la República obligó a los demandantes a otorgarle un préstamo masivo después de expulsar por la fuerza a los miembros del directorio de YPF, el 16 de abril de 2012, lo que provocó que los representantes de Repsol huyeran del país. El Sr. Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar sus estatutos’”.
La defensa argentina alegó que la Constitución está por encima de los estatutos empresariales y que actuó conforme a la Ley de Expropiación.
Burford pagó 15,1 millones de euros al fisco español y cedió un 30% de la indemnización futura por el derecho a demandar, tras la quiebra de Petersen Energía y Petersen Inversora en España.
Las compañías Petersen eran propiedad de la familia Eskenazi, también dueña del Banco de Santa Cruz. Aunque el expediente en Nueva York figura a nombre de Petersen, la familia sostiene que el grupo “es totalmente ajeno a la demanda”.
En febrero de 2008, Petersen compró a Repsol el 25% de YPF: primero pagó US$1100 millones por el 14,9% y luego US$2200 millones por el 10,1% restante. Los créditos obtenidos para la operación iban a cancelarse con utilidades de las acciones, pero cuando la Argentina tomó el control de la empresa, suspendió el pago de dividendos y las compañías quebraron.
Eton Park, por su parte, adquirió el 3,04% de YPF en noviembre de 2010 por US$458 millones. En mayo de 2014, Kicillof acordó pagar US$5000 millones a Repsol por el 51% expropiado.
La demanda contra YPF y la Argentina comenzó en abril de 2015. En 2023, el fallo de primera instancia ordenó al Estado pagar una indemnización y eximió de responsabilidades a la petrolera. La defensa apeló ante la Cámara del Segundo Circuito, que fijó audiencia para el 29 de octubre próximo.
