La producción agropecuaria argentina enfrenta el desafío de adaptarse a las crecientes exigencias ambientales y de trazabilidad de los mercados internacionales. Desde Carbap entendemos que demostrar que producimos de manera responsable es fundamental para preservar mercados y generar nuevas oportunidades comerciales. Pero cumplir con esas exigencias no puede significar resignar la libertad del productor, aceptar condiciones comerciales opacas ni asumir costos innecesarios.
La Unión Europea viene incrementando y complejizando sus requisitos ambientales y de trazabilidad. Aunque sus objetivos puedan ser legítimos, su implementación puede representar costos y dificultades crecientes para quienes producen. Frente a este escenario, la Argentina debe prepararse, pero también defender activamente los intereses de su producción.
El riesgo va más allá de los costos inmediatos. Estas exigencias, y otras que puedan surgir en el futuro, pueden convertirse en límites para el desarrollo de distintos sectores productivos de la Argentina, restringiendo inversiones, encareciendo la producción y condicionando el crecimiento de actividades con capacidad para generar empleo, exportaciones y desarrollo en el interior del país.
La protección ambiental debe sustentarse en objetivos concretos y reglas consistentes, que reconozcan las legislaciones nacionales y las particularidades de cada sistema productivo. No puede convertirse en una vía para imponer barreras comerciales ni generar desventajas competitivas a quienes producen fuera de la Unión Europea.
El Reglamento Europeo 2023/1115, conocido como EUDR, establece requisitos de diligencia debida y trazabilidad para determinados productos, entre ellos la soja y la carne bovina. Sin embargo, no obliga a utilizar una plataforma privada específica. Esta diferencia es importante: una cosa son las exigencias regulatorias y otra, las herramientas que los distintos actores eligen para demostrar su cumplimiento.
Las plataformas de trazabilidad pueden ser útiles (como Visec u otras), pero deben funcionar bajo condiciones claras, transparentes y competitivas. El productor tiene derecho a conocer sus costos, quién administra sus datos, para qué se utilizan y qué alternativas existen. La información que aporta tiene valor y debe contar con garantías adecuadas de protección y uso.
El problema aparece cuando una herramienta que debería facilitar el cumplimiento se convierte, en la práctica, en una condición para comercializar. Si la falta de adhesión a una plataforma se traduce en descuentos sobre el precio de la producción, se termina trasladando al productor el costo de decisiones y exigencias que exceden su responsabilidad. Las nuevas exigencias no pueden convertirse en una excusa para reducir el precio que recibe quien produce.
Tampoco podemos ignorar el riesgo de que la concentración de información en pocos sistemas termine generando nuevas dependencias y debilitando la capacidad de negociación de quienes producen. Por eso, necesitamos competencia entre plataformas, interoperabilidad, aprovechamiento de los registros públicos existentes y libertad para elegir herramientas que permitan acreditar los mismos requisitos.
Responsabilidades
La competitividad de la cadena depende también de cómo se distribuyen las responsabilidades. Los exportadores, los frigoríficos, los intermediarios y los productores cumplen funciones diferentes, pero todos participan de un negocio cuyo acceso a los mercados internacionales beneficia al conjunto. No sería razonable que los costos de adaptación recaigan desproporcionadamente sobre el eslabón más atomizado, mientras otros concentran la información y conservan mayor capacidad para fijar condiciones.
Pero la responsabilidad no es solamente de los actores privados. La Argentina no puede limitarse a adaptar a sus productores a cada nueva exigencia externa; también debe defenderlos, negociar mejores condiciones y evitar que las regulaciones se conviertan en barreras comerciales.
El Estado argentino debe asumir un papel más activo, evaluar el impacto de las nuevas normas, participar en las instancias de negociación y reclamar reglas proporcionales, previsibles y técnicamente justificadas. No alcanza con recibir cada nueva exigencia y trasladar sus consecuencias a quienes producen.
Defender a nuestros productores no significa desconocer los objetivos ambientales ni rechazar las condiciones de acceso a otros mercados. Significa reclamar que las exigencias sean claras, previsibles y posibles de cumplir, y que las herramientas utilizadas para acreditarlo no se conviertan en mecanismos de presión comercial ni en nuevas barreras para producir y exportar.
La Argentina no debe elegir entre sustentabilidad y libertad para producir. Necesita ambas. Debemos demostrar que nuestros productos cumplen con las exigencias internacionales, pero también evitar que la adaptación a esas normas termine concentrando información, encareciendo el acceso a los mercados y debilitando la posición de quienes producen.
Nuestro país cuenta con ventajas ambientales y productivas que debe poner en valor. Además tenemos legislación ambiental propia, que establece reglas y obligaciones para el cuidado de sus recursos naturales y el desarrollo de las actividades productivas. Ese potencial debe convertirse en una ventaja competitiva, no quedar diluido detrás de exigencias burocráticas o sistemas de certificación que no reconozcan adecuadamente las características de nuestra producción.
El objetivo no puede ser que todos los productores dependan de una única plataforma. El objetivo debe ser que la producción argentina pueda acreditar sus atributos, sus ventajas ambientales, competir en igualdad de condiciones y acceder a los mercados internacionales con transparencia, eficiencia y libertad de elección.
Cumplir con el mundo es una necesidad comercial. Defender la competitividad y la libertad de nuestros productores es una responsabilidad argentina.
El autor es presidente de Carbap
