El peronismo ensaya un acercamiento a sectores de la Justicia con los que hasta hace poco se mostraba enfrentado. El viraje se inscribe en una discusión más amplia dentro del PJ, donde distintas vertientes internas empiezan a revisar posiciones que durante años fueron incuestionables bajo la conducción del kirchnerismo. La renovación del Consejo de la Magistratura, prevista para dentro de menos de un mes, amenaza con acelerar esa disputa.
“Estos tipos se quedan”, reconoció a LA NACION un referente del espacio para explicar el cambio de actitud frente a la Justicia.
La frase funciona como una síntesis del pragmatismo que empieza a imponerse en parte del PJ, que ya no ostenta en el Congreso las mayorías legislativas que le permitían ser un actor con poder de veto. Ahora debe negociar.
El nuevo equilibrio de fuerzas tendrá consecuencias concretas: el PJ podría perder injerencia en el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar candidatos para cubrir vacantes judiciales y de intervenir en los procesos de sanción y remoción de jueces. La Libertad Avanza (LLA), en cambio, se fortalecerá.
La fecha límite es el 18 de noviembre. Para entonces, deberán definirse los ocho consejeros que corresponden al Congreso, cuatro por Diputados y cuatro por el Senado. En cada cámara, la fuerza con mayor representación tiene derecho a dos lugares, mientras que las dos minorías siguientes se reparten los restantes. Los candidatos deben ser abogados.
Actualmente, los lugares del peronismo están ocupados por dirigentes identificados con Cristina Kirchner: Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti en el Senado, y Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade en Diputados. Pero el nuevo reparto amenaza con alterar ese predominio.
Los lugares en disputa
La disputa más áspera se anticipa en Diputados, donde el peronismo pasaría de dos representantes a uno. Los aliados de Sergio Massa ya avisaron que darán pelea por ese lugar. También buscan intervenir en la definición referentes del peronismo federal, como el entrerriano Guillermo Michel.
La discusión pone a prueba el peso de Cristina Kirchner dentro de un partido en plena reorganización. ¿Conservará su representación o cederá espacio a otras vertientes del PJ, más predispuestas a aceitar los vínculos judiciales?
En el Senado, en cambio, las negociaciones parecen más encaminadas. Suenan con fuerza Eduardo “Wado” de Pedro y el exgobernador de San Juan Sergio Uñac. Ambos mantienen un vínculo fluido con la expresidenta, pero tienen perfiles más proclives al diálogo que los actuales representantes.
De Pedro es oriundo de Mercedes, al igual que la familia Mahiques, con la que mantiene canales de diálogo. El clan ganó influencia en el entramado judicial desde que Juan Bautista Mahiques asumió como ministro de Justicia de Javier Milei. El senador también fue señalado como uno de los interlocutores del Gobierno durante las negociaciones por los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema.
Por entonces, distintas fuentes lo ubicaban en diálogo frecuente con el asesor presidencial Santiago Caputo, aunque desde su entorno siempre negaron que cumpliera ese papel.
Uñac, en tanto, proviene del peronismo federal y gobernó San Juan hasta 2023. Su pragmatismo quedó expuesto recientemente cuando votó a contramano de su bloque la reforma de la ley de glaciares impulsada por el oficialismo.
En el bloque peronista no confirman ni descartan las postulaciones. “No hay nada oficial”, se limitan a señalar. Pero, de concretarse, los reemplazos marcarían un cambio significativo en la forma en que el PJ busca relacionarse con la Justicia.
Ya hubo expresiones concretas en este sentido. Durante este año, el peronismo acompañó buena parte de los pliegos judiciales enviados por el oficialismo y hasta se dividió para facilitar la prórroga de Carlos “Coco” Mahiques −padre del ministro− en la Cámara Federal de Casación Penal.
También respaldó el ascenso a camarista en el fuero Penal Económico de Pablo Yadarola, uno de los jueces que participó del viaje a Lago Escondido en 2022, un episodio que había desatado durísimas críticas del kirchnerismo e impulsado una denuncia.
Esta vez, sin embargo, el PJ optó por acompañarlo. Su rechazo no habría alcanzado para impedir la designación y prefirieron no exhibir impotencia legislativa.
Se impuso, además, una mirada de largo plazo. Sin fuerza para imponer condiciones ni incidir en los nombres, parte del peronismo prefirió acompañar antes que quedar al margen de decisiones judiciales cuyos efectos trascenderán al actual gobierno.
Los libertarios ganan terreno
La renovación también promete reordenar el peso del oficialismo y sus aliados en el Consejo de la Magistratura. LLA conservaría la banca que actualmente ocupa el cordobés Gonzalo Roca por Diputados y sumaría otras dos: una en esa cámara, para la que suena el santafesino Nicolás Mayoraz, y otra en el Senado, donde aparece como candidata la neuquina Nadia Márquez.
Se trata de postulantes fieles a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que apuesta a sumar injerencia en el mundo judicial. Uno de sus principales aliados es el viceministro de Justicia, Santiago Viola, que ocupa la banca por el Poder Ejecutivo en el organismo.
En el bloque libertario aclaran, de todos modos, que las conversaciones siguen abiertas y que todavía no hay definiciones. En Diputados, el cuarto lugar quedaría para las fuerzas aliadas. Álvaro González, de Pro, busca renovar su mandato y negocia el respaldo del radicalismo y de Provincias Unidas.
En el Senado, en cambio, Pro perdería la representación que actualmente ocupa Luis Juez. El último lugar correspondería al radicalismo, donde Eduardo “Peteco” Vischi aspira a renovar su mandato, aunque podría enfrentar una disputa con el bonaerense Maximiliano Abad, que suma influencia en la agenda judicial.
El Consejo de la Magistratura está integrado por 20 miembros: ocho legisladores, cuatro abogados, cuatro jueces, dos académicos, un representante del Ejecutivo −actualmente el viceministro de Justicia Viola− y el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
