El conflicto por Vicuña dejó de ser un reclamo lateral para convertirse en una estrategia de presión sistemática. Esta vez, ya no se trata solo de cortes de ruta o discursos políticos: la avanzada riojana escaló al terreno judicial para frenar el ingreso al proyecto desde su territorio, en un movimiento que revela algo más profundo que una simple discusión técnica. Lo que está en juego no es únicamente el paso por Guandacol o el uso de caminos; es la disputa por meterse, como sea, en un negocio que claramente no les pertenece. Desde hace semanas, la escena se repite. Bloqueos, reclamos laborales, exigencias de proveedores locales y ahora medidas judiciales. Todo bajo el mismo argumento, si el proyecto pasa (Por el momento), por La Rioja, entonces La Rioja debe participar. Pero esa lógica es peligrosa, porque convierte cualquier paso territorial en un derecho económico, y en ese esquema, no hay inversión segura ni jurisdicción que valga; hay una puerta abierta a que cualquiera que quede “de paso” quiera sentarse a la mesa.
El argumento riojano se apoya en reclamos de empleo y desarrollo local, incluso en el uso de rutas provinciales o infraestructura compartida. Sin embargo, detrás de esa narrativa aparece una constante, la intención de condicionar el avance del proyecto si no hay una porción asegurada del negocio, el viejo y conocido «Y para mi que hay?». La justicia, en este contexto, deja de ser árbitro para convertirse —al menos en los hechos— en herramienta de presión. Frenar accesos o judicializar decisiones no resuelve el conflicto, lo profundiza y lo vuelve más político que nunca. San Juan enfrenta así un dilema clásico, permitir que el desarrollo de uno de los proyectos más importantes del país quede atado a intereses ajenos, o marcar un límite claro. Si cada provincia vecina decide que tiene derecho a una tajada por cercanía, por paso o por conveniencia, entonces el concepto de inversión se diluye. Y lo que debería ser progreso se transforma en una puja permanente por ver quién mete primero la cuchara.
En el fondo, el mensaje es claro: no se discute integración regional, se discute apropiación, y en esa discusión, San Juan no puede darse el lujo de confundirse.
