Hay nombres que irrumpen en la conversación pública para recordarnos aquello que preferiríamos no ver.
Agostina Vega, Dulce Candia y Noelia Rivero se suman a una lista que la Argentina conoce demasiado bien: la de mujeres cuya vida fue arrebatada por la violencia. Detrás de cada caso hay una historia singular, una familia devastada y una ausencia imposible de reparar. Pero también hay una pregunta que trasciende a las víctimas y alcanza a toda la sociedad: ¿por qué seguimos llegando tarde?
Desde Usina de Justicia sostenemos que los derechos de las víctimas constituyen una de las medidas más exigentes para evaluar la calidad de una democracia. Allí donde una persona queda desprotegida frente a una amenaza grave y previsible, el problema deja de ser individual y se convierte en una cuestión pública.
La respuesta no admite simplificaciones. Los femicidios constituyen una de las expresiones más extremas de la violencia humana y, como tales, desafían las explicaciones lineales. Son el resultado de decisiones criminales individuales, pero también obligan a examinar la capacidad del Estado para prevenir riesgos, proteger a las personas vulnerables y administrar justicia con eficacia.
En tiempos de indignación inmediata y respuestas instantáneas, existe una tentación recurrente: creer que cada tragedia puede resolverse mediante una nueva ley o una pena más severa. Sin embargo, la experiencia comparada demuestra que las sociedades que han logrado mejores resultados frente a la violencia letal no lo hicieron exclusivamente mediante reformas penales.
Desde su creación, Usina de Justicia ha sostenido que el poder punitivo constituye una herramienta indispensable para la protección de los derechos fundamentales. Una sociedad democrática no puede renunciar a investigar, juzgar y sancionar adecuadamente a quienes ejercen violencia. La impunidad no protege derechos; los erosiona. Allí donde el delito no encuentra una respuesta proporcional, también se debilita la confianza de las víctimas en las instituciones.
El criminólogo británico David Garland observó que, en las sociedades contemporáneas, cada tragedia suele generar la expectativa de que alguien debió haberla evitado. Frente a los crímenes más graves, la pregunta aparece inevitablemente: ¿dónde estuvo el Estado? Esa exigencia es razonable, especialmente cuando existen señales de riesgo previas. Sin embargo, la prevención efectiva no depende de la capacidad de anticiparlo todo, sino de que las instituciones sean capaces de identificar amenazas previsibles y actuar oportunamente cuando cuentan con herramientas para hacerlo.
En una línea similar, Hannah Arendt observó que la violencia suele expandirse cuando las instituciones pierden capacidad para generar confianza, autoridad y previsibilidad. Esa reflexión adquiere especial relevancia en una época atravesada por el deterioro de los vínculos comunitarios, la fragmentación social, los problemas de salud mental y una creciente dificultad para aceptar los límites que impone la libertad ajena. Ninguno de estos factores explica por sí solo la violencia contra las mujeres, pero ayudan a comprender el contexto en el que ésta se desarrolla. Desde otra perspectiva, el filósofo Byung-Chul Han ha advertido sobre la progresiva pérdida de la capacidad de reconocer al otro en su singularidad y vulnerabilidad. La violencia contra las mujeres no puede explicarse únicamente a partir de este fenómeno, pero sí invita a preguntarnos qué ocurre cuando el sufrimiento ajeno deja de ser percibido como una urgencia moral.
La experiencia internacional ofrece enseñanzas valiosas. Canadá desarrolló durante las últimas décadas sistemas especializados de análisis de homicidios domésticos, evaluación de riesgo y coordinación entre organismos públicos. El trabajo de la Canadian Domestic Homicide Prevention Initiative y de los comités de revisión de muertes por violencia doméstica permitió identificar factores recurrentes de letalidad y mejorar la detección temprana de situaciones de alto riesgo. La principal enseñanza de esa experiencia es que la prevención eficaz depende menos de multiplicar normas que de la capacidad institucional para compartir información, reconocer señales de alarma y actuar antes de que la violencia alcance un punto irreversible.
La prevención de la violencia exige algo más que protocolos, estadísticas o estructuras administrativas. Requiere una profunda responsabilidad profesional y ética de quienes integran el sistema de justicia.
Argentina dispone de herramientas jurídicas e institucionales relevantes. Entre ellas merece destacarse la labor sostenida de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que desde hace años constituye una puerta de acceso fundamental para personas en situación de vulnerabilidad, permitiendo la recepción de denuncias, la evaluación interdisciplinaria del riesgo y la adopción temprana de medidas de protección. Su experiencia demuestra el valor de los dispositivos especializados para detectar situaciones críticas antes de que la violencia escale. Sin embargo, a nivel nacional persisten importantes desafíos en materia de coordinación y articulación entre los distintos poderes del Estado, jurisdicciones y organismos con competencia en la materia. La experiencia demuestra que incluso las mejores herramientas pierden eficacia cuando la información circula de manera fragmentada o cuando las intervenciones no logran integrarse dentro de una estrategia común de prevención y protección. Son los operadores del sistema quienes interpretan riesgos, evalúan evidencias, escuchan a las víctimas y toman decisiones que pueden resultar determinantes.
Por eso la prevención de la violencia exige algo más que protocolos, estadísticas o estructuras administrativas. Requiere una profunda responsabilidad profesional y ética de quienes integran el sistema de justicia. Detrás de cada expediente existe una persona cuya vida puede depender de una decisión tomada a tiempo. La Justicia no puede evitar todas las tragedias, pero sí puede evitar que las víctimas vuelvan a ser heridas por la indiferencia, la burocracia o la falta de comprensión de quienes tienen el deber de protegerlas.
Agostina Vega, Dulce Candia y Noelia Rivero ya no pueden ser alcanzadas por ninguna decisión judicial ni por ninguna política estatal. Pero sus nombres obligan a una reflexión que excede estos casos particulares.
Como advirtió Garland, la seguridad absoluta es una promesa imposible. La indiferencia, en cambio, es una elección.
Creemos que toda sociedad deja ver sus prioridades en aquello que decide proteger. Quizás la pregunta que persiste no sea por qué seguimos llegando tarde, sino cuánto valor estamos dispuestos a reconocerle a una vida antes de que se convierta en una estadística.
