SANTA FE. – El grupo agroexportador Vicentin anunciará antes que finalice esta semana si ante la reciente decisión de la Corte Suprema de esta provincia, que rechazó la homologación del acuerdo con los acreedores, en el concurso iniciado hace cinco años, presenta formalmente el pedido de su quiebra o se somete a la espera de la definición de la Cámara de Apelaciones de Rafaela, que dictaminará sobre el futuro de dicho concurso.
Según pudo saber LA NACION, hoy habrá gestiones a cargo de los asesores jurídicos y se concretará una reunión entre los representantes de la firma y el sindicato que agrupa a los trabajadores aceiteros. “La reunión fue convocada para las 14. Iremos a escuchar las decisiones que van a adoptar. Pero no dudamos que la situación es muy complicada”, reconoció a este diario Daniel Succi, del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario.
En tanto, desde la empresa se admitió que todos sus directivos se encuentran en estado deliberativo desde que se conoció el fallo de la Corte. provincial “Las reuniones son permanentes, porque la situación lo requiere. La semana que se inicia habrá decisiones, necesarias para afrontar esta situación”, explicó un vocero de la firma. Una fuente dijo que “por ahora” estaba descartada la quiebra.
En tanto, nadie duda que, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de esta provincia la conducción de la empresa está obligada a evaluar y definir los pasos siguientes, teniendo en cuenta su reconocida y complicada situación financiera, que impactará en la masa laboral, con derrame en lo social.
Más allá del resultado que puede arrojar la revisión de ese acuerdo, como dispuso el máximo tribunal, la cuestión es el tiempo del trámite. El expediente fue remitido al Tribunal subrogante de Rafaela (antes estuvo en Reconquista), que abrirá un periodo de 10 días para que la involucrada recuse y pida la remisión del expediente a la Corte nacional. Pero ese recurso necesita ser declarado admisible por parte de la Corte santafecina para que llegue a la última instancia judicial en la Argentina.
Este cambio de jurisdicción deja a la empresa y sus acreedores en un escenario de incertidumbre, dado que el nuevo tribunal podría revocar el acuerdo y ordenar el cramdown, o bien confirmar la homologación con nuevas consideraciones. “La presión de los acreedores es cada vez más insistente, con los argumentos que avaló la Corte para resolver que dicho acuerdo sea revisado”, apuntó un empresario cercano al consejo directivo que administra la firma.
No obstante, el tema que nadie soslaya luego de conocido el fallo –menos los trabajadores- es lo que advirtió a este diario el director independiente de la empresa, Estanislao Bougain, cuando aseguró que la firma dispone de fondos hasta fin de mes. Es decir, que no estaría en condiciones de hacerse cargo de los salarios y cargas sociales siguientes a partir de marzo. Es más: esa fue la razón que en su momento los impulsó a solicitar ingresar al procedimiento preventivo de crisis, subrayando en el escrito que “la caja está exhausta”.
La alternativa –última o primera, según se mire- es la quiebra. Al respecto, según el comentario a los que pudo acceder este diario, “en principio no” se está evaluando ese procedimiento, aunque “es una alternativa que está sobre la mesa”. Sin embargo, se completó dicho análisis con una acotación: “Las circunstancias están cerca de una decisión de ese tenor, pero no sería la primera opción”, concretó el informante. No obstante, “esta próxima semana será decisiva”, apuntó, sin aportar precisiones.
Quienes siguen de cerca el expediente consideran que se va abriendo el camino para la apertura del procedimiento de cramdowm, que se utiliza en el concurso preventivo cuando la empresa no logra un acuerdo con sus acreedores. Se trata de una segunda etapa que se inicia después que la empresa fracasó en obtener las conformidades para el acuerdo preventivo.
El tribunal también cuestionó el esquema de pagos propuesto por Vicentin, que contemplaba un primer pago inmediato de hasta 30.000 dólares para todos los acreedores, seguido de pagos adicionales escalonados a lo largo de 12 años.
