Alguien marcó un número, dijo en pocas palabras que había una bomba en el Centro Cívico y cortó. No dio explicaciones ni pidió nada. La llamada llegó a las 17:38 a la Unidad de Abordaje Territorial, y desde ese momento cientos de personas tuvieron que salir de un edificio que creían seguro.
Entre ellas estaban los asistentes a un congreso nacional de relatores de la Corte, que se interrumpió sin aviso. Mientras tanto, el fiscal José Plaza y el jefe de Bomberos recorrían el lugar piso por piso. Después de entre una hora y media y dos horas de revisión, confirmaron que no había ningún explosivo y el edificio volvió a abrir.
Todo terminó en un susto, pero ese susto no fue gratis. Hubo gente evacuada, trabajo detenido y personal de seguridad que dedicó horas a una amenaza que, desde el principio, no tenía nada de real. Esas horas se las quitaron a quienes de verdad necesitaban ayuda en ese momento.
Quién llamó es la gran pregunta
La investigación recién empieza. El fiscal prefirió no revelar detalles del número para no perjudicar la causa, pero sí confirmó que la línea no está activa. Eso complica averiguar a quién pertenece, aunque, según sus palabras, es difícil pero no imposible. Las áreas de Delitos Complejos y Ciberdelito ya trabajan en el rastreo.
Todavía no se sabe qué buscaba quien llamó. Puede haber sido una “broma pesada”, o puede haber tenido un objetivo concreto, como ocurre con las falsas amenazas en escuelas para evitar un examen. Sea cual sea el motivo, el efecto fue el mismo: miedo, interrupciones y recursos públicos malgastados.
El mensaje del fiscal fue claro: van a identificar a la persona y responderá por lo que hizo.
Una amenaza falsa no es una broma. Es un delito, tiene consecuencias legales y deja huella aunque se use un teléfono inactivo. Si sabés quién está detrás, avisá a las autoridades. Si fuiste vos, todavía estás a tiempo de dar la cara antes de que te encuentren.
