Algodonera Avellaneda, la empresa vinculada a Vicentin que quebró hace dos semanas, corre el riesgo de quedarse sin luz en su fábrica de Reconquista, Santa Fe. La Empresa Provincial de la Energía (EPE) le reclamó el pago de una deuda de más de $4600 millones y le advirtió que, si no paga, podría cortarle el suministro eléctrico. La situación llegó a la Justicia, donde el juez Fabián Lorenzini pidió que se informe cuándo podría producirse el corte y qué consecuencias tendría para la fábrica, justo cuando se buscan posibles compradores para la compañía.
La novedad surgió de una presentación realizada este jueves 29 de octubre por los síndicos Manuel Prono, Nieves González Rueda y Daniel Piumetti, quienes informaron al magistrado que la EPE había enviado una intimación a la empresa por $4.603.904.078,50. Según explicaron, el monto corresponde a una deuda acumulada por el suministro eléctrico de la planta de hilandería.
En la carta, fechada el 20 de octubre, la distribuidora provincial le dio a la compañía un plazo de diez días desde la recepción de la notificación para cancelar lo adeudado. De lo contrario, advirtió que podría “iniciar las acciones legales que correspondan conforme a Derecho y/o proceder a la suspensión del suministro”.
Sin embargo, los síndicos señalaron que la intimación no precisa a qué períodos corresponde el total reclamado. Tampoco consta en la documentación presentada la fecha exacta en que la compañía recibió la notificación, por lo que no es posible establecer cuándo vence el plazo otorgado.
A la presentación se sumó una factura de electricidad correspondiente a septiembre de 2026 por $782.487.179,80, que tenía como fecha de vencimiento el 19 de octubre. De ese importe, unos $185 millones corresponden a cargos adicionales establecidos por una resolución nacional vinculada con el suministro a grandes usuarios eléctricos.
El detalle de esa factura muestra la magnitud del consumo de la planta. Durante septiembre, la hilandería registró un consumo de 1.734.000 kilovatios hora (kWh). Solo por la energía consumida y otros conceptos básicos del suministro se facturaron alrededor de $394,8 millones, a los que se agregaron cargos adicionales e impuestos hasta alcanzar los $782,5 millones. Se trata de una suma considerable para una empresa que atraviesa un proceso de quiebra y cuya continuidad operativa está siendo evaluada por la Justicia.
La factura contiene otro dato: el 24 de octubre figuraba como fecha de desconexión por falta de pago. No obstante, esa fecha corresponde a la liquidación emitida antes de la nueva intimación y no significa que el servicio haya sido efectivamente cortado. De hecho, en los documentos judiciales no se informa que la planta se haya quedado sin electricidad.
Además, en esa misma liquidación aparece un saldo exigible de $9281 millones al 9 de octubre, una cifra superior a los $4603 millones reclamados posteriormente. La documentación no permite establecer por qué existe esa diferencia.
Tras recibir el escrito, Lorenzini dictó una resolución en la que ordenó incorporar al expediente la intimación, la factura y el aviso de corte. Pero también les pidió a los síndicos que expliquen qué podría pasar con la fábrica si se interrumpe el suministro.
En particular, el magistrado solicitó que se informe “cuándo se podría producir la interrupción del servicio eléctrico y qué tipo de consecuencias traería ello aparejado para la hilandería local”. El juez recordó, además, que en oportunidades anteriores el servicio ya había estado parcialmente interrumpido, un antecedente que aumenta la preocupación por la situación actual.
La respuesta de la Sindicatura será importante para determinar si la amenaza de corte representa un problema inmediato para la fábrica. Por ahora, la documentación acredita que existe una intimación de pago y una advertencia de suspensión del servicio, pero no establece una nueva fecha de desconexión. Tampoco precisa qué sectores de la hilandería podrían verse afectados ni si una eventual interrupción sería total o parcial. Esas son algunas de las cuestiones que deberán aclararse a partir del pedido del magistrado.
El pedido está relacionado con la evaluación que debe realizar la Sindicatura sobre la posibilidad de mantener en funcionamiento la empresa durante la quiebra. La continuidad de la actividad depende, entre otras cuestiones, de que se puedan afrontar los gastos necesarios para sostener la producción.
La situación se conoce en un momento especialmente delicado para Algodonera Avellaneda. El 14 de octubre, Lorenzini declaró la quiebra de la compañía luego de que fracasara el proceso de salvataje, en el que no se presentaron interesados en rescatarla. Días después, durante una audiencia judicial, se analizaron las posibilidades de mantener la actividad, las necesidades de inversión y la situación de los trabajadores. En ese encuentro, el magistrado planteó la intención de avanzar en la búsqueda de posibles compradores antes de fin de año. La Justicia también abrió un proceso para que los interesados puedan inscribirse y evaluar la adquisición de activos de la empresa. El plazo de preinscripción vence el próximo 11 de noviembre.
