El Gobierno nacional retiró esta semana el pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata. Lo que debería ser un trámite institucional se convirtió en una señal de alerta sobre el estado de nuestra democracia y especialmente de la calidad institucional de la república.
Para entender la gravedad del episodio, conviene repasar cómo funciona el sistema. El Consejo de la Magistratura evalúa a los postulantes, establece el orden de mérito y eleva una terna vinculante al Presidente. “Vinculante” significa exactamente eso: el Ejecutivo no puede designar a alguien ajeno a esa lista, aunque tampoco está obligado a elegir a ninguno de sus integrantes. Si considera que ninguno reúne las condiciones, puede rechazar la terna. El cargo quedará vacante, pero el procedimiento habrá sido respetado.
Lo que no puede hacer —o al menos no debería poder hacer sin consecuencias— es lo que hizo esta semana: retirar unilateralmente el pliego una vez que el Senado ya lo recibió y le dio estado parlamentario. El Reglamento de la Cámara Alta es inequívoco al respecto: «Los proyectos, mensajes o demás asuntos presentados al Senado no pueden ser retirados o girados al archivo, sin anuencia de aquél“. Como señaló oportunamente Eduardo Menem, el pedido de acuerdo para la designación de jueces federales debe individualizarse con precisión: cargo, juzgado y vacante concreta. Cumplido ese proceso, es el Senado —y no el Ejecutivo— quien decide si archiva o avanza. El Gobierno ignoró esta distinción. Y ese detalle no es menor.
Lo que está en juego no es el currículum de una candidata ni la conveniencia política de su designación. Lo que está en juego es la arquitectura institucional que garantiza jueces independientes. Cuando el Ejecutivo condiciona el acceso a la magistratura a la afinidad o vínculos familiares, la independencia judicial deja de ser un principio y se convierte en una aspiración incumplida.
La independencia del Poder Judicial no es un privilegio corporativo ni un tecnicismo procesal. Es la condición de existencia del Estado de Derecho. Sin jueces que puedan fallar sin mirar por encima del hombro, la Constitución se vacía de contenido. Los derechos se vuelven promesas sin respaldo. Y lo que queda, como advertía Thomas Paine, es simplemente la voluntad del más fuerte ejercida bajo el ropaje de la ley.
Este episodio merece ser llamado por su nombre: una interferencia política en la designación de magistrados que golpea en el centro mismo de la independencia judicial. Sin tribunales impermeables a la presión del poder, el control judicial es pura ficción y los derechos fundamentales pierden su última garantía real. No está en juego el pliego de una candidata: está en juego el tipo de Poder Judicial que, como sociedad, merecemos tener.
