La causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito dio un paso más este viernes. El fiscal que revisa los números del exjefe de Gabinete, Gerardo Pollicita, recibió a primera hora un informe que reafirma con rigor técnico las inconsistencias detectadas por los investigadores en los movimientos de la familia Adorni.
El trabajo era esperado en la fiscalía porque es considerado una pieza clave para avanzar hacia el requerimiento de justificación de bienes del exfuncionario de Javier Milei. Esa instancia es propia del delito de enriquecimiento ilícito, que alcanza solo a funcionarios, y es la antesala de un eventual llamado a indagatoria.
El informe que llegó a la fiscalía de Pollicita es un extenso análisis técnico sobre la evolución patrimonial del exfuncionario. Fue realizado por un organismo especializado del Ministerio Público, la DAFI, y ajustado según los criterios de la fiscalía.
Fuentes al tanto de su contenido indicaron que el núcleo duro está constituido por una revisión año a año de las declaraciones juradas del exfuncionario que señala los agujeros explicativos en los números de Adorni y su mujer, Betina Angeletti, responsable de algunos de los gastos familiares y alcanzada también por la pesquisa.
Durante la feria judicial de invierno, que se extenderá a lo largo de las próximas dos semanas, los investigadores de la fiscalía estarán abocados a revisar el trabajo de la DAFI para darle un encuadre jurídico, dijeron en Comodoro Py.
Luego, cuando la actividad se reanude, en los primeros días de agosto, Adorni podría ser citado a dar las primeras explicaciones sobre sus cuentas.
Se trata de una intimación formal mediante la cual se le comunica a un funcionario o exfuncionario que se detectó un incremento injustificado de su patrimonio y se le otorga la oportunidad de explicar el origen de esos fondos.
Será la primera vez que el exfuncionario deba ofrecer una explicación judicial sobre sus movimientos. Hasta ahora, su defensa en la causa, en manos de Matías Ledesma, participó de todas las declaraciones e instancias del expediente, pero no ofreció ningún tipo de documentación.
Si la explicación del requerimiento es considerada insuficiente por los investigadores, muy probablemente el funcionario sea citado a indagatoria.
El pedido de indagatoria puede hacerlo el fiscal, pero la decisión de llamarlo o no la debe tomar el juez del caso, Ariel Lijo.
Qué deberá explicar
Un importante caudal de prueba incorporado a la causa da cuenta de, a priori, un presunto desbalance entre los ingresos y los egresos de Adorni.
Declaraciones de distintos testigos, registros de operaciones inmobiliarias, facturas y documentación aportada por agencias de viajes revelaron salidas que, para los investigadores, no se condicen con los ingresos conocidos del exfuncionario.
De esas fuentes surgió que, desde que hizo su ingreso a la función pública, Adorni movió alrededor de US$743.000, de acuerdo a la conversión que hizo LA NACION de los movimientos, según la fecha en que se hicieron.
De ese total, alrededor de US$408.000 se corresponden a gastos y US$335.000, a presuntas deudas que el exfuncionario contrajo con cinco personas distintas.
Además, Adorni y su esposa registraron consumos con tarjetas de crédito por $85 millones durante 2025, tal como reveló LA NACION.
En el centro de esos movimientos figuran dos operaciones inmobiliarias: el departamento de la calle Miró, en Caballito, que Adorni compró el año pasado y en el que vive junto con su familia, y la adquisición de una casa en el country Indio Cuá.
Esas operaciones quedaron registradas y podrían explicarse a partir de las llamativas deudas que Adorni contrajo con dos policías y dos jubiladas.
Por eso, el punto de inflexión en la causa se produjo con la declaración de Matías Tabar, el contratista que estuvo a cargo de la remodelación que hizo Adorni de su casa en el country.
Tabar sostuvo en sede judicial que por aquel trabajo el ahora exfuncionario le pagó en efectivo un total de 245 mil dólares, una cifra que, por su magnitud y por haber quedado por fuera de los registros formales, implicó un vuelco en el expediente y aceleró nuevas medidas de prueba.
Otro capítulo de la causa giró en torno a los viajes. El fiscal reconstruyó estadías en el Caribe, Bariloche, Gualeguaychú y España. Muchos de los gastos fueron en dólares y en efectivo.
También se revisaron las cuentas de dinero digital del exfuncionario y, según fuentes al tanto del expediente, se detectaron movimientos por aproximadamente 100 mil dólares.
