En una conjunción entre hechos concretos y timing político, el Gobierno logró retomar la centralidad en torno a la figura de Javier Milei a partir del endurecimiento del reclamo por la soberanía de Malvinas.
El sustento de las medidas fue un informe de inteligencia con datos sobre las empresas que operan ilegalmente en el entorno de las islas. La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), según revelaron fuentes al tanto, alertó sobre la urgencia de reaccionar frente al avance hacia la extracción petrolera en el Atlántico Sur, avalada por la gestión ilegítima del Reino Unido en Malvinas. La Cancillería, por ese tema, ya tenía activadas gestiones diplomáticas desde antes.
Pero se sumó también, sobre todo el viernes pasado, la información de The Telegraph acerca de que Donald Trump presionaba a Inglaterra con modificar su posicionamiento sobre las islas, una versión que luego el presidente de Estados Unidos puso en sus propias palabras.
Ese contexto permitió reposicionar a Milei en un tema de alta sensibilidad para los argentinos y, de paso, dejar en un lugar incómodo a la oposición. Fuentes al tanto afirman que el estratega Santiago Caputo le acercó la inquietud al Presidente –con el informe de la SIDE de por medio y un discurso ya casi pensado sobre cómo actuar– y que también le sugirió iniciar acciones.
A diferencia de un agosto de baja intensidad para el Gobierno, desde el domingo al jueves pasado, cuando se emitió la cadena nacional, el ritmo del arranque de septiembre se hizo frenético para ultimar detalles entre los equipos del asesor, la Cancillería, Defensa, la Legal y Técnica y la SIDE.
El martes, la cuestión se volcó al Gabinete. Caputo repasó los detalles de la cadena nacional. En esa reunión también habló el canciller Pablo Quirno. Y, claro, hubo un momento para los usuales elogios cruzados entre Milei y “El Coloso” (el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger), que suelen desconcentrar a los miembros del Gabinete poco interesados en la teoría económica. Algunos acusan que al ministro Carlos Presti no se le conoce la voz, al menos en esos mitines, más allá de que la puesta a punto de la base naval en Tierra del Fuego atañe a su cartera.
Envalentonado por las declaraciones que llegaron desde Estados Unidos, y con Trump incluso diciéndole a Inglaterra que está “portándose mal” como socio bélico en la OTAN, el Gobierno mantuvo adrede el hermetismo del mensaje de la cadena para sumarle expectativa. Cuentan que algunos funcionarios que no estuvieron involucrados en las gestiones estaban escépticos sobre el tenor del anuncio cuando fueron convocados, a las cuatro de la tarde del jueves.
Una vez emitido el discurso, en el Gobierno recibieron con entusiasmo las repercusiones, que en las redes desataron hasta acalorados debates dentro del ámbito opositor sobre cuán bueno u oportunista había sido Milei, que en 2025 prefería que los isleños “votaran con los pies ser argentinos” y ahora se aferraba al rechazo a la autodeterminación.
Con toda la maquinaria propagandística de la sede gubernamental activada, en Balcarce 50 celebraron el efecto tanto nacional como internacional del mensaje. El viernes, a primera hora, salieron los decretos 867/2026 y 868/2026, para reestructurar partidas presupuestarias y establecer el nuevo marco de control para las actividades hidrocarburíferas. Por la tarde, el Gobierno anunció procesos sancionatorios contra 45 empresas y accionistas, todos extranjeros, que operan en Malvinas.
En la gestión nacional miran con detenimiento sobre todo a Navitas Petroleum Development y su subsidiaria operativa Navitas Petroleum Atlantic Limited –que se encarga de los proyectos offshore como el que se desarrolla en el Atlántico Sur–, ambas en la filial del Reino Unido; como así también a Rockhopper Exploration Limited (Hydrocarbons) y Rockhopper Exploration Limited (Oil), también del Reino Unido. Navitas y Rockhopper son las dos empresas detrás del proyecto Sea Lion, que puso fecha para empezar las perforaciones en los próximos meses y extraer petróleo en 2028.
Al contrario de semanas de letargo, los propagandistas de la gestión agitaron en X su adoración por Milei y su belicosidad contra opositores, con descargos y cortes de video. En agosto, cuando eran apuntados internamente, los tuiteros alegaban lo poco que generaba el Gobierno para mover en redes, entre achaques solapados al karinismo. “No hay nada de qué hablar”, se escuchaba. En ese momento, el equipo de Caputo recibía llamados de atención puertas adentro, desde el supuesto poco ahínco para defender la ley de tierras, que de nacionalista tenía poco y nada. Ahora es otro cantar.
Sobre cómo se procederá con las sanciones a las empresas, en el oficialismo todavía faltan precisiones. Deslizan que en primer término se enviarían notificaciones con advertencias de penalidades para las compañías y accionistas que figuran en el listado. Esto para ejercer presión y desalentar la actividad.
Tampoco hay detalles sobre el proyecto que el Presidente anunció que se va a mandar al Congreso. Fuentes consultadas por LA NACION aseguran que la iniciativa todavía no está escrita.
En medio de la alta trascendencia del reclamo argentino, se activó asimismo el lobby del petróleo y el Gobierno consiguió aval de lo que en el mundillo se conoce como el “Big Three”. Son SLB, Halliburton y Backer Hughes, empresas líderes en servicios petroleros, que representan juntas más del 50% del mercado. Las tres emitieron comunicados el sábado para aclarar que no piensan participar en procesos vinculados a proyectos hidrocarburíferos en Malvinas, ni en sus espacios marítimos circundantes.
Según pudo saber LA NACION, hubo gestiones de la Cancillería e YPF que derivaron en los espaldarazos.
¿Por qué? En el oficialismo dicen que cualquier desarrollo offshore en el Atlántico Sur requerirá en algún momento servicios del Big Three, que ya avisó que no los piensa proveer.
