La Justicia admitió su participación como querellante, abrió un sumario por delitos graves y ordenó medidas de protección mientras avanza la investigación.
Un gendarme jujeño denunció ante el Juzgado Federal Nº 2 de San Juan haber sido víctima de abusos sexuales, torturas y hostigamientos durante su estadía en el Centro de Formación Félix Manifior de Barreal, en un caso que expone un presunto entramado de violencia institucional y encubrimiento interno. La denuncia fue revelada por el medio nacional RealPolitik, que publicó una extensa entrevista con el damnificado.
El juez federal Federico Millan Ursino admitió recientemente al denunciante como querellante y ordenó la apertura de un sumario por los delitos más graves previstos en el Código Penal, entre ellos abuso sexual con acceso carnal, coacción agravada, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. Además, dispuso una prohibición de contacto, un perímetro de restricción de 500 metros y medidas de resguardo urgentes.
Según relató la víctima, los hechos comenzaron en 2014, tras un cambio de mando en el destacamento. “Lo que viví no fue un maltrato. Fue tortura. Fui víctima de actos sexuales no consentidos, de alto nivel de degradación, utilizados para someterme y humillarme”, aseguró en diálogo con RealPolitik. Afirmó que sufrió golpes, tocamientos y humillaciones mientras se lo obligaba a sostener una hoja para ver cómo temblaba por el miedo y el estrés.
El gendarme ingresó a la fuerza en 2012 y aseguró que su situación cambió abruptamente dos años después. También denunció que intentó contar lo sucedido ante una psicóloga impuesta por la institución, pero que fue deslegitimado: “Me dijo que tenía fantasías sexuales con mis superiores”. La presentación judicial, patrocinada por la abogada Milagros Grassi, describe un cuadro sistemático de sadismo institucional y protección jerárquica destinado a silenciarlo.
En la denuncia consta además que, en mayo de 2013, fue revisado por el médico de la fuerza, Sebastián Carbajal —actual intendente de Calingasta—, quien le otorgó el apto para continuar con sus funciones. Sin embargo, tres meses después otro profesional lo declaró “inútil para todo tipo de servicio” por una patología supuestamente ajena al ámbito laboral, lo que derivó en su baja obligatoria y la pérdida de su sueldo.
La causa registró un giro clave el 6 de agosto de este año, cuando el juzgado notificó una resolución que solicita legajos completos de todos los involucrados, documentos internos de denuncias desde 2013, historia clínica, informes psiquiátricos y testimonios de los profesionales que intervinieron en el proceso de baja del gendarme. Estas medidas buscan determinar el alcance de los hechos y evaluar posibles responsabilidades dentro de la cadena de mando.
El denunciante también afirmó haber enviado junto a otros compañeros un correo electrónico anónimo al Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, para alertar sobre situaciones similares. Según su testimonio, la respuesta fue una advertencia para que no volvieran a comunicarse por estos hechos, bajo amenaza de sanciones.
La investigación continúa abierta y, con la admisión formal del querellante, la Justicia Federal avanzará en las próximas semanas con nuevas medidas orientadas a reconstruir el contexto y la responsabilidad de los presuntos agresores.
