La administración Trump buscó obtener los registros telefónicos de varios periodistas de The New York Times y de sus familiares –incluida la madre de una de las reporteras– en su intento por revelar las fuentes confidenciales que habían proporcionado información para artículos sobre las capacidades de seguridad del nuevo avión presidencial Air Force One de Donald Trump.
El Departamento de Justicia informó a The Times a fines de la semana pasada que había emitido citaciones a proveedores externos de servicios telefónicos para obtener los registros de llamadas y mensajes de texto de varios periodistas. Esa medida se sumó a las citaciones emitidas el 10 de julio, que buscaban obligar a los reporteros a declarar ante un gran jurado federal.
Las acciones del gobierno representan un intento extraordinariamente agresivo y poco habitual de la administración Trump por descubrir las fuentes confidenciales de periodistas independientes cuyos trabajos habían provocado el enojo del presidente.
Las citaciones adicionales –que también solicitaban información sobre llamadas y mensajes en los teléfonos de dos cónyuges de los periodistas– fueron descriptas en una moción presentada el sábado por los abogados de The Times, que buscan anular los pedidos. La moción fue desclasificada el lunes por la mañana por el juez Arun Subramanian, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan.
La Casa Blanca remitió las consultas al Departamento de Justicia, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Un portavoz de The Times se negó a hacer declaraciones más allá de la moción presentada por sus abogados.
La noticia que disparó el enojo de Trump
El gobierno inició una investigación por filtraciones sobre la cobertura de The Times días después de que el medio informara, a principios de mes, que funcionarios federales albergaban importantes dudas sobre las capacidades de seguridad del nuevo avión presidencial de Trump, construido en Qatar y donado por ese país. Trump se enfureció por esa información, y la Casa Blanca ordenó al director del FBI, Kash Patel, que supervisara la investigación.
El presidente había viajado en el avión construido en Qatar rumbo a Turquía, donde mostró a los periodistas su interior dorado, pero luego regresó a utilizar el antiguo Air Force One por recomendación del Servicio Secreto.
Consultado el domingo sobre los problemas de seguridad, Trump dijo que el nuevo avión estaría “al máximo de sus capacidades” en “alrededor de un mes o algo así”.
“Tiene mucha capacidad, pero según tengo entendido, dentro de aproximadamente un mes lo van a enviar para llevarlo al máximo”, declaró el mandatario norteamericano a los periodistas cuando le preguntaron por qué aún volaba en un avión sin capacidades defensivas completas.
Previamente, el republicano de 80 años desestimó cualquier duda sobre problemas con la nueva aeronave.
Todas las citaciones fueron suspendidas hasta que el juez Subramanian se pronuncie sobre la moción de The Times para anularlas. Está prevista una audiencia sobre el caso para el jueves en Manhattan.
En su presentación del sábado, The Times afirmó que el Departamento de Justicia violó sus propias normas para las citaciones dirigidas a medios de comunicación al esperar una semana para notificar al diario sobre los pedidos de registros telefónicos, y calificó esa demora de “profundamente preocupante”.
El medio también describió una serie de acontecimientos que, según afirmó, constituyen un “esfuerzo de mala fe para intimidar a los periodistas y desalentar su capacidad de informar sobre la administración”.
The Times señaló que dos de las citaciones del gobierno solicitaban registros telefónicos que se remontaban al 1° de enero, varios meses antes de que el diario publicara sus informes sobre las preocupaciones de seguridad del Air Force One. “Ese período de tiempo sugiere firmemente que el Departamento no está utilizando esta investigación para centrarse en las supuestas preocupaciones surgidas de los artículos del 8 y 9 de julio, sino que, en cambio, está buscando información sobre las relaciones de los periodistas con sus fuentes de manera más amplia”, escribió el periódico.
The Times también expresó su preocupación por el intento del gobierno de obtener los registros telefónicos de familiares de sus periodistas. El medio indicó que la madre de una de las reporteras era profesional de la salud mental, y que el cónyuge de otro periodista ocupaba un cargo jerárquico en un importante estudio jurídico.
El diario también señaló que, en un caso, el Departamento de Justicia emitió una citación para obtener registros telefónicos después de que el periódico ya hubiera presentado una moción para anular las citaciones que buscaban obligar a los periodistas a declarar ante el gran jurado. El asunto de esas citaciones ya había sido asignado al juez Subramanian. Sin embargo, en esa ocasión, el Departamento de Justicia solicitó a otro juez federal que impidiera formalmente que una compañía telefónica notificara a The Times sobre el pedido de registros.
“Esta secuencia de acontecimientos y el momento en que el gobierno realizó sus notificaciones son profundamente preocupantes por razones evidentes”, escribió The Times en su moción. “Plantean preguntas urgentes sobre la conducta de esta supuesta investigación de seguridad nacional y confirman la falta de toda regularidad en el uso del gran jurado por parte del Departamento en este caso. También ponen de relieve por qué la intervención de este tribunal es requerida con urgencia”, agregó el medio.
