WASHINGTON.– La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso exigir a los empleados federales la firma de acuerdos de confidencialidad con el objetivo de impedir la filtración de información a la prensa, en una nueva medida que busca reforzar el control sobre el aparato estatal y el flujo de datos hacia el público.
Según un comunicado difundido este martes, la Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés), encargada de la administración de los recursos humanos del gobierno, planteó la creación de un formulario estándar de acuerdo de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) que podría ser aplicado tanto a empleados nuevos como a los ya existentes.
La iniciativa, sometida a consulta pública por un plazo de 30 días, establece que cada agencia federal podrá decidir de manera discrecional si adopta el formulario, el cual —de implementarse— dejaría explícito que los empleados podrían enfrentar sanciones, incluida la pérdida del trabajo, en caso de compartir información con periodistas sin autorización previa.
De acuerdo con un borrador de aviso que será publicado en el Registro Federal, el alcance del acuerdo es amplio y excede las categorías tradicionales de información clasificada. El texto prohíbe la divulgación de “información gubernamental confidencial”, incluyendo datos “no públicos, confidenciales o de carácter propietario”, así como material “sensible, previo a la toma de decisiones o deliberativo” que no esté disponible públicamente.
Este punto ha generado inquietud entre especialistas en transparencia, que advierten que una interpretación amplia podría desalentar la comunicación legítima con la prensa y limitar el acceso del público a información de interés general. Aun así, la normativa aclara que los acuerdos no podrán anular las protecciones vigentes para denunciantes, lo que introduce un margen de tensión jurídica sobre su aplicación efectiva.
La OPM justificó la medida citando filtraciones recientes de alto perfil, entre ellas revelaciones a medios como The New York Times y The Washington Post sobre una operación militar estadounidense en Venezuela. Según el organismo, esas divulgaciones no autorizadas habrían puesto en riesgo la vida de efectivos, al punto que algunas organizaciones periodísticas retrasaron la publicación de información para evitar comprometer la seguridad de las tropas.
El plan se inscribe en una estrategia más amplia de la administración Trump orientada a endurecer el control sobre los empleados públicos y reducir las filtraciones. En los últimos meses, distintas agencias han recurrido a acuerdos de confidencialidad, pruebas de polígrafo y otras herramientas para detectar posibles filtradores, en un contexto que, según críticos, generó un clima de vigilancia interna.
Asimismo, el Pentágono implementó recientemente NDAs y controles adicionales como parte de un esfuerzo para identificar fugas de información, mientras que el Departamento de Asuntos de los Veteranos exigió acuerdos similares a funcionarios involucrados en planes de despidos masivos, lo que mantuvo en secreto decisiones sensibles dentro de la propia administración.
Sin embargo, el uso de estos acuerdos en el ámbito gubernamental enfrenta límites legales. La legislación federal de Estados Unidos protege a los denunciantes (llamados whistleblowers), por lo que los NDAs no pueden impedir que los funcionarios informen sobre casos de fraude, abuso o malversación de recursos públicos.
La propuesta también se vincula con otras reformas impulsadas por la Casa Blanca para ampliar el control sobre la burocracia federal, incluyendo cambios en el régimen laboral que facilitarían la remoción de empleados considerados desleales o contrarios a las políticas del Ejecutivo.
Agencia Reuters y diario The Washington Post
