El equilibrio fiscal se consolidó como la principal ancla del programa económico que el Gobierno ejecuta desde fines de 2023. No obstante, tres iniciativas legislativas podrían poner en tensión la meta oficial de alcanzar un superávit primario de 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) este año.
De acuerdo con un informe de PwC, la reciente reforma laboral implica, por sí sola, un costo fiscal de base equivalente al 0,15% del PBI, producto de la eliminación de impuestos internos y la menor recaudación asociada al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) creado para financiar despidos. Ese impacto podría ampliarse hasta el 0,18% si se aplican las alícuotas máximas previstas.
El análisis advierte, además, sobre el efecto de otras dos leyes sancionadas en 2025, actualmente en distintas etapas de implementación, que podrían ejercer una presión significativamente mayor sobre el gasto público. Se trata de las leyes de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y de Emergencia Nacional en Discapacidad, que el Gobierno actualmente no cumple.
En el primer caso, el costo estimado asciende al 0,23% del PBI, en línea con los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, al considerar la restitución de las transferencias a universidades nacionales a valores reales de 2023. Sin embargo, su aplicación plena permanece incierta: la norma se encuentra judicializada y el Gobierno presentó una alternativa de menor impacto fiscal.
La ley de Emergencia en Discapacidad, por su parte, presenta un rango de impacto más amplio, de entre 0,25% y 0,48% del PBI. Si bien ya fue reglamentada, el Poder Ejecutivo anticipó que evalúa una contrapropuesta que aún no fue formalizada.
“Dado el estado de situación de ambas normas, el análisis considera el punto medio del rango para la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (0,37%). Sumando el costo directo de la reforma laboral y estas dos leyes, el impacto fiscal negativo acumulado podría alcanzar aproximadamente 0,75% del PBI en 2026”, señala el informe.
Frente a este escenario, el estudio identifica una serie de factores compensatorios que, en conjunto, permitirían sostener —e incluso superar— la meta fiscal.
El principal es la reducción del gasto en subsidios energéticos. Desde 2023, este rubro viene disminuyendo a razón de aproximadamente medio punto del PBI por año, tendencia que se refuerza con el nuevo esquema de subsidios focalizados, implementado desde febrero de 2026.
En segundo lugar, se destacan los ingresos extraordinarios derivados de privatizaciones y concesiones. En enero, el Tesoro registró recursos por cerca de 0,12% del PBI vinculados a la adjudicación de represas hidroeléctricas del Comahue. A lo largo del año, además, avanzan procesos de licitación o venta de participaciones estatales en compañías como AySA, CITELEC e Intercargo. Según estimaciones de mercado, estas operaciones aportarían unos US$783 millones adicionales, equivalentes a cerca de 0,13% del PBI. En conjunto, los ingresos por este concepto rondarían el 0,25% del producto.
El tercer factor es la reducción del gasto en salarios del sector público, aunque con menor margen de ajuste. En 2025, la masa salarial de la administración nacional representó el 1,9% del PBI, uno de los niveles más bajos de la última década, tras una caída acumulada de 0,7 puntos entre 2023 y 2025 y una reducción del 18,8% en la dotación de personal entre noviembre de 2023 y enero de 2026.
“El espacio para continuar por esta vía es limitado, y estimamos una reducción adicional de alrededor de 0,1% del PBI en 2026. En conjunto, estos tres factores generan un impacto fiscal positivo de hasta 0,85% del PBI, suficiente para compensar la mayor presión del gasto”, concluye el informe.
