La diputada nacional Lilia Lemoine sufrió un revés en su intento de evitar que avance la causa correccional en que investiga sus agresiones a Ian Moche, un activista de 12 años con trastorno del espectro autista.
Lemoine había denunciado presuntas irregularidades en el proceso judicial, por lo que logró que se postergara su declaración indagatoria, que estaba prevista para hoy. Sin embargo, esta tarde, el juez de Garantías Rodolfo Ariza Clerici, a cargo del Juzgado de primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°1, desestimó los planteos elevados por la legisladora de La Libertad Avanza. De esta manera, el expediente regresará ahora al Ministerio Público Fiscal (MPF), que deberá fijar una nueva fecha para la declaración de Lemoine.
La causa se inició por una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, luego de que Lemoine acusara a la madre del niño, Marlene Spesso, de obligarlo a “actuar de autista”.
“Estamos en una sociedad hipócrita en la que la señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista. Hablo de la mamá de Ian Moche, una señora que no está bien de la cabeza”, había dicho la legisladora libertaria a LN+. Luego, realizó manifestaciones similares en redes sociales.
A mediados de mayo, el fiscal porteño de primera instancia Hernán Biglino citó a Lemoine, persona de confianza del presidente Javier Milei, a prestar declaración indagatoria hoy. Tras la convocatoria, la defensa de la diputada presentó ante la Justicia un escrito en el que pedía “control jurisdiccional urgente” sobre la actividad de la fiscalía por presuntas irregularidades en la causa contravencional y la suspensión de la audiencia prevista.
En el escrito presentado, la defensa de Lemoine cuestiona que los avances de la causa hayan tomado estado público. Apunta específicamente contra la “repercusión pública nacional inmediata” de su citación a comparecer ante la Justicia y alega que su difusión en medios de comunicación supone un perjuicio tanto para el menor involucrado como para la imputada.
Afirma que exposición mediática supone un daño sobre la reputación de la legisladora sobre “actos procesales aún no firmes y dictados sobre una representación querellante estructuralmente cuestionada”. En este contexto, arremete contra el Ministerio Público Fiscal por no haber dispuesto de medidas de “resguardo procesal sobre el manejo de información sensible”.
En el documento presentado, la diputada también pone en duda la legitimidad de la querella por considerar que, al tratarse de un menor de edad, la participación de Ian Moche en un juicio requiere del consentimiento de ambos progenitores. Se trata de una condición que -según explicó- no se cumple, dado que la querella se constituyó en marzo, “sin intervención ni consentimiento del progenitor paterno”.
En esta misma línea, la defensa de Lemoine advierte sobre una “denegatoria arbitraria de pruebas” dirigidas al saneamiento procesal y acusó al fiscal de no querer indagar sobre cuestiones vinculadas al vínculo del menor con sus padres. La diputada de LLA había pedido que se investigara Spesso por alejar a Ian Moche de su padre.
El abogado Andrés Gil Domínguez, quien representa a Ian Moche y su madre en la causa contravencional, pidió al juez que desestime todos los planteos impulsados por Lemoine. El letrado calificó de “medrosa e indigna” la queja de la diputada sobre la difusión mediática de los avances judiciales dado que se trata de una figura de “intensa exposición pública” que “no se cansa de agredir, descalificar e injuriar a toda persona que piense distinto” tanto en redes sociales como en medios audiovisuales.
Además, explicó que, dado que la autora de la conducta lesiva es una diputada nacional, “el tema es de interés público” y que, por ende, “la totalidad de las actuaciones del expediente quedan subsumidas en el derecho fundamental y humano colectivo de acceder a la información como base del sistema democrático”.
Respecto de los cuestionamientos a la legitimidad de la querella, Gil Domínguez aseguró que Ian Moche ya es un adolescente y que, por tanto, le corresponde la aplicación del artículo 677 del Código Civil y Comercial, por el que se presume que los adolescentes “cuentan con suficiente autonomía para intervenir en un proceso conjuntamente con los progenitores, o de manera autónoma con asistencia letrada”.
El letrado, además, consideró que las hipótesis planteadas por Lemoine respecto del comportamiento de Spesso “no se condicen con el objeto del proceso”, que debe limitarse a determinar si las declaraciones públicas de la diputada infringen el Código Contravencional de la ciudad de Buenos Aires.
La presentación de Lemoine también fue replicada por el Ministerio Público Tutelar (MPT). En un documento dirigido al juez de garantías, Carolina Becerra, titular de la Asesoría Tutelar de Primera Instancia en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°4, indicó que “la paralización del trámite procesal pretendida [por Lemoine] resulta contraria a los intereses” de Ian Moche.
El fiscal Biglino, en tanto, negó haber difundido públicamente información de la causa y denegado medidas de prueba de manera arbitraria. A su vez, aseguró que la citación a indagatoria es competencia exclusiva del MPF, que no puede ser sujeta a control jurisdiccional alguno, y que no supone ningún perjuicio para la imputada dado que se trata de “un acto de defensa, no coercitivo” que la habilita a realizar un descargo.
Esta tarde, luego de evaluar las presentación remitidas, el juez de garantías desestimó los planteos de Lemoine y devolvió el expediente a la fiscalía. Ahora el fiscal Biglino deberá reprogramar la audiencia para que la legisladora de LLA exponga sobre los dichos contra Ian Moche y su madre.
