Tras ser condenado a dos años y ocho meses por el desvío de más de 206 millones de pesos que el Estado había girado para construir viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos, Sergio Schoklender aseguró que no cometió ningún delito.
“Es un absurdo. No se animaron, después de quince años, a decir: ‘Perdón, usted no cometió ningún delito’. Está probado. El problema es Comodoro Py. No se animaron a reconocer el disparate que habían hecho. Todo empezó con Oyarbide”, sostuvo.
Además, cuestionó la lógica del fallo. “Si efectivamente se hubiera cometido un delito, incluso la pena de seis años que pidió el fiscal habría sido baja. El hecho de que me hayan impuesto una condena de dos años y ocho meses en suspenso demuestra cómo funciona el sistema”, afirmó.
“Lo que hacen es imponer una pena simbólica y patear todo el tema a la Corte. Hoy dicen dos años, pero los fundamentos recién se conocerán en noviembre. Después tendremos que ir a Casación y, más tarde, a la Corte”, señaló.
Y volvió a cargar contra la Justicia. “No hay explicación. Este edificio es la muestra palpable de lo degradado que está el sistema judicial argentino. No se desvió un puto peso. Hay muchas casas que no se terminaron, pero eso ocurrió después de que yo me fui”, concluyó.
Las condenas
El Tribunal Oral Federal N°5 también condenó al hermano de Sergio, Pablo Schoklender, a dos años y ocho meses, al exsecretario de Obras Públicas José López a dos años y nueve meses de prisión en suspenso; al exsubsecretario Abel Fatala a dos años y nueve meses. El exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue absuelto.
El fiscal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera, como querellante, habían reclamado la pena máxima prevista para el delito de seis años de prisión, más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para De Vido, López, Fatala y los dos Schoklender, a quienes acusaron de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.
Tal como contó LA NACION, el expediente se abrió en 2011, cuando estalló la pelea entre los Schoklender y Hebe de Bonafini, y recién llegó a debate oral el 4 de marzo de este año. Hubo seis meses de audiencias para una causa que lleva quince años.
Se investigó el destino de los fondos que el Estado nacional giró entre 2008 y 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, por convenios firmados con el Ministerio de Planificación que conducía De Vido, para levantar viviendas y centros de salud en distintas provincias.
De los casi 748,7 millones de pesos que administró la fundación, la acusación sostuvo que 206,4 millones fueron desviados hacia empresas vinculadas a los apoderados.
En su alegato, Velasco describió un “plan criminal” diseñado desde el Estado nacional en coordinación con los responsables del programa: las obras se adjudicaron en forma directa y sin licitación a la fundación y desde allí los Schoklender derivaron parte del dinero a sociedades propias.
