El 23 de diciembre de 2001, en medio del colapso político y económico que había derribado al gobierno de Fernando de la Rúa, el peronista puntano Adolfo Rodríguez Saá se paró ante la Asamblea Legislativa y anunció la cesación de pagos de la deuda soberana. La ovación que recibió quedó grabada en la memoria colectiva.
Lo que vino después, también: el mayor default de la historia, equivalente a US$144.279 millones —el 53,8% del PBI de entonces—, derivó en más de dos décadas de litigios, embargos y negociaciones que todavía no habían terminado. Hasta ahora. Ayer, Diputados convirtió en ley el acuerdo para pagarles US$171 millones a los fondos Bainbridge y Attestor, los últimos holdouts con sentencia firme contra el país.
El camino para llegar a ese punto fue largo y accidentado. El primer intento de arreglo ocurrió en 2005, cuando el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna lanzó, bajo la gestión de Néstor Kirchner, un canje con una quita del 66% de la deuda por reestructurar. Los nuevos bonos incorporaban un mecanismo inédito: pagaban más intereses si la economía crecía, lo que se conoció como bonos cupón PBI. Con el tiempo, ese instrumento generaría sus propios conflictos judiciales. La adhesión al canje de 2005 alcanzó al 76% de los tenedores de la deuda en cesación de pagos.
En 2010, con Cristina Kirchner en la presidencia y Amado Boudou al frente de Economía, el Estado reabrió el canje y logró elevar esa participación al 92,4%. Para hacerlo, debió modificar la Ley Cerrojo, un mecanismo ideado por Lavagna para que los acreedores que no ingresaran al canje no recibieran una propuesta posterior. El 7,6% restante inició acciones judiciales.
El litigio derivó en 2014 en un default técnico. El juez Thomas Griesa, del Distrito Sur de Nueva York —ya fallecido—, impuso cautelares que impedían al país pagarles a los bonistas que sí habían aceptado los canjes anteriores. El fallo tuvo consecuencias concretas. La más dramática había llegado antes: en 2012, el fondo NML-Elliott Capital Management, asesorado por el abogado Dennis Hranitzky, logró confiscar la Fragata Libertad en el puerto de Tema, Ghana. El episodio anticipó el nivel de riesgo al que se exponían los activos del Estado en el exterior y se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad jurídica que arrastraba el país.
La salida parcial y el remanente
En abril de 2016, a pocos meses de asumir Mauricio Macri, la gestión del entonces ministro Alfonso Prat-Gay y su secretario de Finanzas, Luis Caputo, negoció con los demandantes y pagó US$9300 millones a un grupo de holdouts. Griesa levantó las cautelares y la Argentina salió del default técnico. Ese mismo año se firmaron acuerdos adicionales que eliminaron otros juicios pendientes en Nueva York, y el monto total abonado trepó a US$11.000 millones hacia 2019. La adhesión acumulada llegó así a casi el 99% de los tenedores originales.
Aun así, quedó un remanente que no aceptó ninguna propuesta. Los más activos eran Bainbridge y Attestor, con sentencia firme. El año pasado, tras el rechazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos a la apelación argentina, los fondos lograron embargar alrededor de US$310 millones. En instancias previas, el país ya había sido obligado a entregar títulos que funcionaban como garantía de pago de los bonos Brady: cuando en 2023 la Argentina terminó de cancelar esas obligaciones, las garantías quedaron liberadas y los fondos solicitaron de inmediato su embargo. Bainbridge incluso había pedido ante la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, la entrega de la participación argentina en el Banco Nación y en Aerolíneas Argentinas.
NY Daily News
En marzo de este año, el Estado confirmó ante Preska un principio de acuerdo y las partes acordaron suspender los procedimientos. La negociación contempló una quita de entre el 30% y el 35%: Attestor redujo su reclamo de US$160 millones a US$104 millones, y Bainbridge pasó de US$96 millones a US$67 millones. El monto total del acuerdo quedó en US$171 millones, explicó el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, ante el Congreso.
Ayer, Diputados aprobó el proyecto. Para el Gobierno, la operación elimina el riesgo de eventuales embargos sobre activos estratégicos del Estado. El secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija, sostuvo que el acuerdo contempla condiciones beneficiosas para el Estado, con una reducción superior al 30% respecto de los montos de las sentencias. “Damos un paso importante para cerrar otro capítulo de una historia que nunca debió llegar tan lejos”, escribió en la red social X.
La saga dejó también una huella en el sistema financiero internacional. La experiencia argentina con los fondos buitre popularizó las cláusulas de acción colectiva (CAC), un mecanismo que establece que, si un país deudor logra la aceptación de una mayoría considerable en una oferta de canje, los términos se extienden automáticamente al 100% de los acreedores. Casi 25 años después del anuncio que ovacionó el Congreso, el capítulo se cierra.
