La soberanía de un país no se ve comprometida por la nacionalidad del propietario de la tierra. En la Argentina, como en muchos otros países, la normativa impone que todo bien registrable, la tierra por caso, debe cumplir con regulaciones catastrales, fiscales, de derecho civil y comercial, además de todas aquellas que pesan sobre todos los ciudadanos.
La ley 26.737 de tierras rurales, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner, contrarió lo que la propia Constitución nacional consagra expresamente en sus artículos 16 y 20 respecto de la igualdad de trato entre argentinos y extranjeros respecto de la propiedad de la tierra.
Detrás del falso axioma de “proteger un recurso estratégico no renovable, como es la tierra” y enarbolando demagógicamente banderas ideológicas, aquella ley pasó a limitar la compra por parte de extranjeros a no más del 15% de la titularidad de dominio o posesión de tierras del territorio nacional, de una provincia o de un municipio. Fijó también que las tierras en manos de extranjeros de una misma nacionalidad no debieran superar el 30%, impidiéndoseles la adquisición de áreas cercanas a cursos de agua “de envergadura” y fijando un máximo de 1000 hectáreas dentro de la llamada “zona núcleo” (norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y este de Córdoba).
Pruebas al canto, las tan arbitrarias como disparatadas restricciones impuestas por décadas de populismo, empeñadas en repeler las inversiones y reducir la competencia, entre otros absurdos postulados, no han contribuido en nada al desarrollo del país. Por el contrario, solo lo han obstaculizado.
Como reiteradamente planteáramos desde estas columnas, legislar convenientemente respecto de las condiciones y términos en que habrá de darse una explotación de los recursos naturales argentinos tendría mucho más sentido que limitar o excluir a los extranjeros del acceso a la tierra.
La llamada Ley de Bases para la Reconstitución de la Economía Argentina propuesta por el presidente Javier Milei pretendió, en un primer momento, derogar aquella ley que ahora solo intenta corregir para que el Congreso desestime sus aspectos más controvertidos. El tratamiento del capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros, de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, que ya cuenta con 13 versiones de texto, se frenó la semana pasada por cuarta vez por falta de apoyos en el Senado, y fue prorrogado para una posible sesión el 6 de agosto. Desde el oficialismo se plantea que la ley de tierras ya se incumple y se propone institucionalizarla, estableciendo que cada provincia conserve plena jurisdicción sobre su territorio.
Según cifras oficiales, en la actualidad un 6% de las tierras rurales argentinas pertenecen a extranjeros, muy por debajo de lo que la ley actual permite. El debate parlamentario sobre este proyecto integra el conjunto de cambios necesarios para que nuestro país vuelva a acceder al grado de inversión fijado por las calificadoras internacionales.
En un extenso país como la Argentina, que creció gracias al aporte inmigratorio, mantener miles de hectáreas improductivas, aferrándonos a un discurso sobre soberanía probadamente engañoso y a una mirada marcadamente populista y recelosa de lo foráneo, es condenar a nuestra sociedad al estancamiento. Sin duda, deberíamos preferir que un extranjero llegue dispuesto a respetar nuestras leyes, sumar capitales, generar empleo, introducir mejoras y pagar impuestos en beneficio de todos. En todo caso, se debe ofrecer un marco jurídico razonable y beneficioso para ambas partes, aplicando los controles que consideremos necesarios para que nadie pueda aducir que se trata de una simple entrega.
