Erin Brockovich, la activista ambiental y defensora del consumidor, vuelve a las noticias. Conocida mundialmente por el histórico caso de los años 90 contra la empresa Pacific Gas & Electric (PG&E), donde logró un acuerdo de 333 millones de dólares por la contaminación de aguas subterráneas en California, y que fue llevado al cine con Julia Roberts en el papel protagónico, Brockovich vuelve a pelearse contra un gigante: en este caso, la industria de la inteligencia artificial.
Un mapa ciudadano
La activista lanzó una plataforma interactiva y de colaboración abierta diseñada para rastrear la expansión de los centros de datos de IA en los Estados Unidos. Este mapa interactivo permite a los ciudadanos anotar la ubicación de centros operativos, en construcción o propuestos, además de reportar problemas específicos como ruidos molestos, aumentos en las facturas de servicios y preocupaciones ambientales.
El propósito fundamental de esta iniciativa es la transparencia. Brockovich sostiene que la “carrera” por construir infraestructuras de IA se está dando pueblo por pueblo, a menudo sin que las comunidades comprendan el impacto real en sus recursos. Según sus propias palabras, el mapa captura la “huella del mundo real” de este crecimiento desmedido, revelando patrones de conflicto e incertidumbre. Además, expertos sugieren que esta recopilación de quejas es el primer paso para futuras demandas colectivas contra las grandes tecnológicas.
El costo oculto de la nube
El impacto ecológico de estos centros es significativo y, según los informes de Brockovich, a menudo es subsidiado por los ciudadanos comunes. Los centros de datos requieren cantidades ingentes de recursos:
Una advertencia para el futuro
Según la activista, estamos ante una crisis de agua mezclada con una crisis energética, cruzada con la burbuja de la IA y el enorme negocio de los centros de datos. De hecho, la demanda total de energía de los centros de datos se duplicó entre 2017 y 2023.
Desde que publicó el mapa hace un mes recibió más de 2700 informes (no necesariamente problemáticos o de violaciones de las regulaciones sobre la instalación de este tipo de edificios). “La litigación está en camino”, asegura la activista.
