Un chofer del Consejo de la Magistratura y su hermano, que hacía tareas de vigilancia en el organismo, fueron suspendidos en sus funciones porque están presos acusados de integrar una banda que se dedicaba a secuestrar a narcotraficantes y delincuentes a los que les cobraban como rescate el botín que obtenían en sus actividades ilegales.
El padre de ambos, que era un expolicía jefe del Área de Choferes del Consejo de la Magistratura, fue removido de su cargo y trasladado mientras es investigado. Se sospecha que uno de los secuestros de un menor de edad, hijo de un delincuente preso en la cárcel de Villa Devoto, se realizó con una camioneta blanca Volkswagen Amarok que pertenece a la flota oficial del Consejo de la Magistratura, dijo a LA NACION una fuente del caso.
Los dos empleados del Consejo de la Magistratura suspendidos tras un estudio del Cuerpo de Auditores del Poder Judicial son Matías Nahuel Más y Juan Jesús Más, según la resolución 28 de 2023 firmada por la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura Agustina Diaz Cordero. En esa misma decisión se cita que ambos detenidos fueron acusados por el fiscal federal de Morón Sebastián Basso de integrar una asociación ilícita, secuestro extorsivo agravado por el cobro del rescate y la participación de tres o más personas; robo agravado por haberse cometido en banda y con armas, y secuestro agravado de un menor de edad.
Uno de los hermanos era chofer del Consejo, el otro monitoreaba cámaras de seguridad. Ambos están presos y fueron ahora suspendidos. El padre de ambos, Sebastián Más, entre diversas funciones vinculadas a la seguridad de los edificios judiciales, era el responsable del Área de Choferes del Consejo de la Magistratura, como titular de la Oficina de Enlace. Ahora fue trasladado al área de Recursos Humanos.
El juez federal de Morón Jorge Rodríguez debe decidir sobre la situación de los hermanos, involucrados en una organización integrada por la menos 10 personas.
“Nos encontramos ante imputaciones penales de delitos graves, pluriofensivos en los que respecta a los bienes jurídicos lesionados y que, a más del carácter de funcionarios públicos de las dos personas detenidas, exhiben una línea de investigación jurisdiccional enderezada a determinar el probable empleo en al menos uno de los hechos de un vehículo oficial de este Consejo de la Magistratura”, dice el informe de Díaz Cordero.
Los investigadores del caso relataron el origen insólito de esta investigación, que puso al descubierto a una organización de secuestradores que robaba a ladrones y a narcos en el entendimiento de que entre miembros del hampa no iban a ser denunciados.
La causa se inició en enero cuando se produjo un robo mediante una “entradera” en una casa en la ciudad de Buenos Aires. La policía comenzó a investigar e identificó a los tres delincuentes, y logró dar con uno de ellos. Pero uno de los dos prófugos, en su huida, fue secuestrado por una banda que buscaba sacarle dinero. Así, pagó un rescate de 45.000 dólares y fue liberado. Una vez que recuperó la libertad, la policía lo detuvo por la entradera en la casa porteña.
La banda de secuestradores tenía información privilegiada sobre el botín que había en la casa, por lo que esta vez secuestraron al hijo menor de edad de uno de los ladrones que estaba preso en la cárcel de Villa Devoto. Ningún miembro de la banda hizo la denuncia, pero sí los vecinos que vieron el secuestro.
La policía empezó a investigar, hizo seguimientos, controló imágenes de cámaras de seguridad y logró la autorización judicial para intervenir teléfonos, entre ellos los de los empleados del Consejo de la Magistratura ahora detenidos. Con toda esa información cayó sobre los secuestradores, luego del pago del rescate, que fueron otros 45.000 dólares. Eso permitió además liberar al hijo del delincuente.
Ahora, la fiscalía de Basso sigue investigando a la organización, ante la sospecha de que hay personas implicadas en esta banda. Entienden que para robar a otros delincuentes no solo hay que tener potencia de fuego y ser “pesados”, sino contar además con información privilegiada sobre los negocios ilegales de los secuestrados. Información que tienen los delincuentes o los policías, y hacia allí se encamina la pesquisa.
