El “Súper RIGI” que Javier Milei envió al Congreso apunta a atraer industrias “del futuro” que el Gobierno define como “genuinamente nuevas” para la Argentina. El proyecto menciona infraestructura tecnológica y digital estratégica, actividades todavía “experimentales o piloto” en el país y sectores que requieren “soluciones macroeconómicas anticipadas” para poder desarrollarse.
Son definiciones que alimentaron las sospechas de la oposición, que ve en el nuevo régimen un esquema pensado para grandes compañías tecnológicas vinculadas a inteligencia artificial, procesamiento de datos y defensa. El foco de las críticas está puesto especialmente en el manejo de datos sensibles y los posibles usos de esas tecnologías.
Los movimientos alrededor del proyecto reforzaron esas interpretaciones. El texto ingresó a Diputados pocos días después de que Peter Thiel -fundador de Palantir, una de las compañías más influyentes del mundo en inteligencia artificial y análisis de datos para gobiernos y agencias de seguridad- visitara la Casa Rosada. Se reunió primero con Milei y el canciller, Pablo Quirno, y luego con el ministro de Economía, Luis Caputo; el viceministro, José Luis Daza, y Santiago Bausili, presidente del Banco Central.
A eso se sumó el reciente anuncio oficial sobre la creación de un “Gemelo Digital Social”, una herramienta basada en simulaciones e inteligencia artificial para optimizar políticas públicas y prever escenarios sociales. Aunque el Ministerio de Capital Humano aseguró que el desarrollo se realizará “sin recurrir a contrataciones integrales de empresas” y que la tecnología “no pertenece a una corporación o individuo en particular”, la oposición ya impulsó pedidos de informes sobre eventuales vínculos privados, uso de datos personales y financiamiento del programa.
“El futuro no puede convertirse en vigilancia sobre la ciudadanía”, sostuvo el diputado de Unión por la Patria Agustín Rossi, tras anunciar un pedido de explicaciones al Gobierno.
En el Poder Ejecutivo rechazan esas lecturas. Sobre el “Súper RIGI” aseguran que el régimen no apunta a compañías específicas, sino a industrias inexistentes en el país. “¿Por qué pensaríamos en una empresa en particular, cuando podría ser cualquiera?”, responden en el oficialismo.
Pero la inquietud quedó expuesta incluso entre funcionarios y simpatizantes libertarios. Durante una emisión del programa Las tres anclas, del streaming Carajo, Daniel Parisini (“Gordo Dan”) intentó precisar qué tipo de compañías podrían desembarcar con el nuevo régimen. “¿Anthropic? ¿Palantir? ¿Boeing?”, preguntó en referencia a empresas vinculadas a inteligencia artificial, big data y fabricación de aviones.
La consulta generó una secuencia incómoda entre Felipe Núñez, asesor económico del Ministerio de Economía; Federico Furiase, secretario de Finanzas, y Martín Vauthier, director del Banco Central. Los funcionarios evitaron validar nombres concretos y respondieron con evasivas. “Es una pregunta muy micro, muy personal”, deslizó Furiase.
Tras un silencio que nadie supo ocultar, Núñez retomó la explicación con ejemplos generales. Mencionó la posibilidad de atraer inversiones en autos eléctricos y también en inteligencia artificial y datacenters. Allí apareció otro de los ejes del proyecto libertario: aprovechar la combinación entre Vaca Muerta, energía abundante y las bajas temperaturas del sur argentino para instalar grandes centros de servidores destinados al procesamiento de datos y sistemas de IA.
Otro proyecto se trabajó en paralelo y da cuenta de la prioridad que el Gobierno le otorga al tema. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, envió al Congreso una iniciativa que funcionará como el complemento jurídico del “Súper RIGI”: la creación de sociedades automatizadas de algoritmos. Se trata de un “tipo societario nuevo para empresas sin personas”, pensado para estructuras asociadas a inteligencia artificial.
“Distinguimos a las empresas que funcionan bajo esquemas de automatización y descentralización. Se regulan la ‘Sociedad Automatizada’, que opera mediante algoritmos o IA sin requerir empleados para su operación ordinaria, y las ‘DAO’, que son total o parcialmente autónomas, con participaciones en tokens y registros en blockchain. Ambas tienen personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada”, escribió Sturzenegger en su cuenta de X.
La lógica acompaña el espíritu del nuevo régimen de inversiones. No se trata solo de atraer industrias que hoy no existen en la Argentina, sino también de adaptar el marco legal para permitir su desembarco y funcionamiento.
Los beneficios del “Súper RIGI”
El “Súper RIGI” ofrece beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios considerablemente más amplios que los previstos en el RIGI aprobado el año pasado dentro de la Ley Bases.
Expone, así, una de las tensiones del modelo libertario: mientras Milei reivindica un Estado mínimo, la propuesta oficial diseña un esquema robusto de garantías jurídicas, aduaneras, cambiarias y protección regulatoria para grandes capitales.
Es que el régimen contempla una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y libre disponibilidad progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de exportaciones.
Además, habilita a los inversores a recurrir a tribunales internacionales como el Ciadi, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje, en caso de controversias con el Estado argentino. El texto incluso establece que los derechos otorgados bajo el régimen serán considerados “inversiones protegidas” bajo tratados internacionales, lo que abre la puerta a eventuales reclamos internacionales ante modificaciones regulatorias futuras.
El esquema también limita la capacidad de provincias y municipios para imponer regalías o cánones administrativos sobre los proyectos adheridos. Y, aunque obliga a presentar permisos y habilitaciones, no incorpora metas ambientales ni estándares de protección ecológica para las inversiones alcanzadas, algo que también enciende las alarmas de la oposición.
Detrás del proyecto aparece además una visión geopolítica más amplia sobre el lugar que podría ocupar la Argentina en la nueva economía global. El economista liberal Federico Domínguez sostuvo que las tensiones internacionales están empujando inversiones en inteligencia artificial, robótica, defensa, energía e infraestructura estratégica. Según planteó, el país reúne varias de las condiciones que demanda esa transformación: energía, minerales críticos como litio, cobre y uranio, alimentos, talento tecnológico y posición estratégica sobre el Atlántico Sur.
La lectura fue celebrada públicamente por Santiago Caputo, el asesor presidencial y artífice del discurso oficial. “Acá está definido el proyecto nacional argentino de los próximos 20 años. La política lo único que tiene que hacer es no estorbar”, escribió en X.
En la misma línea, Federico Ramos Nápoli, secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, afirmó que “reactivar la minería de uranio es una prioridad de este gobierno” y sostuvo que la Argentina tiene “reservas, conocimiento y condiciones macroeconómicas” para insertarse en la cadena global de suministro estratégico.
