MADRID.- La guerra de Ucrania llegará este otoño boreal a las urnas suizas. El 27 de septiembre, los ciudadanos votarán en un referéndum sobre la neutralidad de la república alpina, reconocida internacionalmente desde 1815 y que la derecha populista quiere redefinir.
La propuesta busca incorporar un artículo específico sobre la neutralidad en la Constitución que, en la práctica, se apartaría de la política actual en un punto central: impediría imponer sanciones económicas a países en guerra, salvo que hayan sido aprobadas por la ONU, algo que Suiza está obligada a hacer como miembro de la organización.
¿El principal beneficiario de la medida? Rusia, que ya empezó a involucrarse en la campaña para apoyar la iniciativa, porque podría permitirle a Suiza levantar las sanciones de la Unión Europea que adoptó tras la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.
El gobierno federal justificó entonces la decisión como necesaria ante la flagrante violación del derecho internacional por parte de Moscú, precisamente el marco que protege la neutralidad suiza. “La defensa de la paz y la seguridad y el respeto del derecho internacional son valores que Suiza, como país democrático, comparte y defiende junto con sus vecinos europeos”, afirmó al anunciar las sanciones.
Berna mantiene un embargo de armas para ambas partes y también prohíbe el envío de material a través de terceros. Además, se sumó al mecanismo europeo de protección para los ucranianos que huyen de la guerra y recibió a unas 70.000 personas.
Para Christoph Blocher, de 85 años, patriarca de la derecha populista y exintegrante del gobierno federal, las sanciones contra Rusia rompen la neutralidad suiza y ponen al país en peligro al convertirlo en “parte beligerante”, según declaró a medios locales.
En ese punto, el Kremlin se ocupó varias veces de darle la razón. A principios de agosto, la vocera de Exteriores rusa, María Zakharova, afirmó en un extenso mensaje que “Suiza de facto ya no es un país neutral” y se pronunció abiertamente a favor de la iniciativa de la derecha.
Aunque ya retirado de la primera línea del Partido Popular Suizo (SVP/UDC), al que convirtió en la principal fuerza política del país con una agenda anti-UE y antiinmigración, Blocher puso todo su peso político detrás de esta iniciativa por una neutralidad estricta —es decir, sin sanciones económicas—. Comenzó a juntar firmas para convocar el referéndum poco después de que se aprobaran las sanciones contra Rusia.
Lo acompaña la organización nacionalista Pro Suiza, integrada en parte por miembros del SVP y también partidaria de la iniciativa.
Pero las encuestas no los favorecen. Según un primer sondeo del Instituto Leewas para Tages-Anzeiger y 20 Minuten, realizado en junio, el 54% de los votantes rechazaba modificar la política de neutralidad, frente a un 34% que apoyaba la propuesta y un 12% de indecisos. Una segunda encuesta del mismo instituto, publicada este miércoles 19 de agosto, amplió la ventaja del rechazo: 62% por el no, 30% por el sí y 6% sin respuesta.
El apoyo a la neutralidad en sí no está en discusión. Entre el 76% y el 80% de los suizos suele respaldarla en los sondeos. Pero un estudio realizado en enero por el instituto Sotomo muestra una mirada más pragmática y flexible sobre esta característica del sistema político suizo.
Así, el 75% apoya las sanciones contra países que, como Rusia, violan el derecho internacional; el 83% quiere que Suiza coopere con otros países para reforzar su seguridad y el 56% incluso aceptaría el envío de municiones o sistemas de defensa contra drones a Ucrania.
Además, el 74% no cree que la neutralidad armada proteja realmente al país de un ataque, frente al que, en cualquier caso, no podría defenderse por sí solo. En un escenario hipotético de deterioro de la seguridad en Europa, incluso un 58% considera que la neutralidad debería permitir que Suiza se sumara a la OTAN.
El SVP está prácticamente solo en esta disputa frente al resto de los partidos con representación parlamentaria. Los socialdemócratas califican la propuesta de “iniciativa pro-Putin”, porque, según sostienen, premiaría al agresor en lugar de a la víctima. Los Verdes aseguran que levantar las sanciones permitiría que el régimen ruso engrosara sus arcas para financiar la guerra contra Ucrania.
Los liberales (FDP), por su parte, cuestionan que la propuesta impediría a Suiza actuar “con flexibilidad y en interés de su propia seguridad” en un escenario de creciente amenaza por parte de Rusia, Irán y China. También exigieron que los impulsores del referéndum se distancien de la “descarada injerencia del régimen ruso” en los procesos democráticos suizos.
Los Verdes Liberales (GLP) también respaldan el no y advierten que la reforma podría llevar a Suiza al aislamiento internacional.
El Consejo Federal, el gobierno suizo integrado por los principales partidos —incluido el SVP—, también recomienda votar por el no. El Ejecutivo toma sus decisiones de manera colegiada y las defiende en conjunto.
Junto con la mayoría del Parlamento, sostiene que la neutralidad ya está contemplada en la Constitución desde 1848, aunque sin un artículo que la defina de manera específica. Según el gobierno, “Suiza aprovecha su neutralidad para proteger su seguridad e independencia” y para ofrecerse como mediadora en conflictos, además de ser sede de cumbres y conversaciones de paz, incluidas las relacionadas con la guerra entre Rusia y Ucrania.
Suiza tampoco forma parte de ninguna alianza militar, aunque participa en ejercicios de la OTAN y colabora en programas de defensa y seguridad. Si se aprobara la propuesta del SVP, solo podría recurrir a esa cooperación militar cuando estuviera por producirse o ya estuviera en curso un ataque contra el país, lo que, según el gobierno, reduciría su capacidad de defensa.
Las sanciones económicas, que no se aplican únicamente a Rusia, son consideradas compatibles con la neutralidad. “Son un instrumento para reaccionar ante las violaciones del derecho internacional”, sostiene el gobierno. Más allá de las sanciones impuestas por la ONU, Berna analiza caso por caso las medidas adoptadas por la UE y decide si las aplica “en su totalidad, en parte o no las adopta en absoluto”, según criterios de política exterior, política económica exterior y jurídicos.
En la lista de sancionados figuran países como Bielorrusia, Myanmar, Sudán y Corea del Norte, organizaciones como Al Qaeda y Hamas, y personas vinculadas a distintos gobiernos y regímenes, incluidos los talibanes en Afganistán.
Una neutralidad “flexible” es considerada importante en el escenario internacional actual por el 68% de los encuestados por Sotomo. “Precisamente la capacidad de responder adecuadamente a los nuevos desafíos es lo que ha fortalecido nuestra neutralidad”, sostuvo el responsable de Exteriores, Ignazio Cassis.
Blocher, sin embargo, mantiene su posición: “No nos ponemos del lado del agresor, pero tampoco de sus contrincantes”, afirmó en un mensaje dirigido a los votantes.
© Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, S.L.U.
