El proceso que juzga las presuntas irregularidades en el programa de viviendas sociales conocido como Sueños Compartidos, que entre 2006 y 2011 manejó la Fundación Madres de Plaza de Mayo a través de los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, ingresó en la recta final.
El fiscal Diego Velazco pidió en su alegato de este miércoles la pena máxima para todos los involucrados en la presunta maniobra de fraude al Estado: 6 y 4 años de prisión, según corresponda.
El exministro de Planificación Julio De Vido integra el primer grupo junto a José López y Abel Fatala, exsecretario y exsubsecretario de Obras Públicas, y los hermanos Schoklender, apoderados de la fundación que ejecutó el programa de viviendas.
“Fue un hecho de gran corrupción. No por el monto, sino por las estructuras administrativas que estuvieron involucradas, por las personas y funcionarios que estuvieron involucrados y por el tiempo que insumió la maniobra”, dijo el fiscal, que agregó: “La pena de 6 años aparece como escasa para retribuir a la sociedad”.
Sobre los principales funcionarios, dijo: “Todos necesitan de todos. Fatala necesitaba de la autorización de López, que era su superior y a la vez Lopez necesitaba de las instrucciones y de la decisión política del ministro [De Vido], que era su superior”.
Para los exfuncionarios provinciales, Daniel Alfredo Nasif y Silvia Karina Nasif, Claudio Freidin y Carlos Castellano, el fiscal pidió la pena máxima de 4 años de prisión, por su calidad de partícipes secundarios.
A su vez, solicitó un decomiso de más de 200 millones de pesos, que es el desvío de los fondos detectados “egreso por egreso” por la Auditoría General de la Nación (AGN) y pericias contables desarrolladas en la causa.
El eje de la acusación es que, entre 2008 y 2011, se habrían otorgado de manera irregular convenios para construir viviendas populares, sin licitación, mediante un esquema que involucraba a la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación, la Fundación Madres y provincias o municipios.
Para el programa, el Estado destinó alrededor de $1295 millones. De ese total, según la acusación, la Secretaría de Obras Públicas transfirió más de $748 millones y de allí habrían sido sustraídos los $206 millones que pidió decomisar el fiscal, una cifra que representa más del 23% de la financiación.
Acompañado del auxiliar Juan Argibay Molina, Velazco hizo un extenso repaso de la prueba reunida en el juicio. Sostuvo que no hubo circunstancias que hicieran considerar ningún tipo de atenuante para los acusados, ya que todos eran profesionales y gozaban de un buen pasar económico.
“Se ha probado en este debate que se desvío dinero para cuestiones que hacen a las individualidades de los imputados. Que motivó encima que no se pudiera cumplir con el objetivo de hacer las casas o el fin social”, marcó la fiscalía.
En su alegato, Velazco y su equipo describieron un sistema que implicaba una “manipulación de las normas”, un “apagón” en el control estatal, y una trama societaria ligada a los Schoklender para el desvío de fondos.
“El perjuicio patrimonial al Estado [..] se produjo por la salida de dinero del Gobierno nacional a un esquema cuya función económica real era la sustracción en beneficio de los hermanos Schoklender y de sus allegados”, dijo Argibay Molina.
La acusación reconstruyó que dos programas sociales en los que se superponían distintos tipos de financiamientos fueron distorsionados. Uno de ellos estaba destinado a la construcción de viviendas, centros de salud o infraestructura pública y el otro tenía como objetivo el fortalecimiento del empleo, con capacitaciones y una ayuda económica mensual.
Hebe de Bonafini, quien fue presidenta de Madres de Plaza de Mayo y también estaba imputada, falleció en 2022. En las próximas audiencias será el turno de la querella y luego de vendrán los alegatos de las defensas.
