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Sin déficit, pero con menos colchón: el Gobierno resignó $7,5 billones de superávit para pagar jubilaciones e intereses

Última actualización: 20 de noviembre de 2026 10:14 am
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Las cuentas públicas cambian, y los trazos de gastos e ingresos que se hicieron hace un año, también. El Gobierno hizo un movimiento de caja importante en el que se aumentó el gasto y se sumaron recursos. Formalmente, autorizó gastar $15,57 billones más este año, pero los recursos que espera cobrar crecen solo a $8,09 billones. La diferencia, unos $7,48 billones, sale del resultado del ejercicio.

El año no se da vuelta: el superávit financiero proyectado pasa de unos $26,4 billones a unos $18,9 billones, según los cálculos sobre la ejecución que acompañaron al mismo decreto. En pocas palabras, las cuentas públicas mantienen el excedente, pero casi un tercio más chico de lo que estaba anotado en el número final del presupuesto aún vigente.

La modificación no es original ni solo lo hizo esta administración. El punto es que el gobierno de Javier Milei ha tenido como base de su plan el apego a una regla básica que cumple desde el primer mes de gestión: los gastos deben ser menores que los ingresos. De ahí que cada cambio se mire con atención.

La explicación de lo que ocurrió hoy podría reducirse a un par de causas que están en los considerandos. La primera es que en el Presupuesto 2026 se estimó una inflación más baja de la que se terminó por consolidarse en el año (18% contra 33%). Con partidas calculadas a precios de un país que no sucedió, varias jurisdicciones avisaron que se quedaban sin crédito. La ampliación equivale a un 10,2% del presupuesto vigente, y la firmó todo el gabinete en acuerdo general de ministros. La segunda causa es que la actividad y el crecimiento, que generan más ingresos, también se magnificaron. De ahí que, sin violar la regla presupuestaria, se achicó el excedente.

El golpe sobre el resultado primario, el que mira el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el que el Gobierno exhibe como trofeo, es menor. De los $15,57 billones extras, $3,89 billones van a intereses y comisiones de la deuda, que se cuentan por debajo de esa línea. Descontado ese rubro, el superávit primario se achica en unos $3,6 billones. El financiero, en cambio, absorbe todo el ajuste.

Quién se lleva la plata

La mayor parte va a la Anses con alrededor de $9,99 billones. Casi $5,9 billones son para las jubilaciones del régimen de reparto, $1,67 billones para los beneficios de la moratoria y $1,08 billones para la Asignación Universal por Hijo. Es la cuenta de la movilidad jubilatoria que, atada a la inflación pasada, crece al ritmo de los precios que el Presupuesto no previó. Para el PAMI, que está dentro de la Anses, llegan $300.000 millones.

Detrás de esa cifra aparecen los intereses de la deuda, con $3,89 billones; el Ministerio de Salud, con unos $804.000 millones, la mayor parte para pensiones no contributivas por invalidez; y las fuerzas de seguridad y armadas, con refuerzos para sueldos, retiros y pensiones. Las cajas de retiro de la Policía Federal y de los militares suman entre ambas más de $840.000 millones.

La única jurisdicción que pierde en serio es Obligaciones a Cargo del Tesoro, que cede $2,29 billones. Se trata de la caja que maneja Economía para tapar agujeros durante el año. Allí está la poda que se atribuyó a Servicios Económicos, una finalidad que, según el anexo, termina con $247.613 millones más.

Dentro de esa caja, el programa Otras Asistencias Financieras pierde $2,06 billones, con recortes de $598.730 millones en pensiones y de $589.000 millones en ayudas sociales. La asistencia a las empresas públicas de energía baja $349.643 millones. Fuera del Tesoro, la coordinación fiscal con las provincias, en Economía, resigna $199.973 millones.

Después de la Anses y la deuda, el que más suma es el Ministerio de Seguridad: $1,30 billones. La plata se reparte entre todas las fuerzas. Gendarmería recibe $237.567 millones; la Policía Federal, $126.469 millones; Prefectura, $122.218 millones; el Servicio Penitenciario, $73.522 millones, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, $47.676 millones. El programa de Acciones ante Desastres y Emergencias se lleva otros $116.757 millones.

La Caja de Retiros de la Policía Federal suma $523.703 millones. Buena parte tiene destino judicial: el decreto reserva $475.445 millones para pagar en efectivo reajustes que la Justicia reconoció a retirados de las fuerzas de seguridad.

Defensa recibe $1,03 billones, de los cuales el Ejército suma $291.552 millones, casi todo en Actividades Centrales, donde se pagan los sueldos. La Armada recibe $157.828 millones y la Fuerza Aérea, $128.888 millones; el Instituto de Ayuda Financiera, que paga retiros y pensiones militares, suma $324.192 millones, de los cuales $67.761 millones son para cancelar sentencias.

En Economía, el neto es de $352.046 millones, pero casi todo va a un solo lugar: el programa de Política de Energía Eléctrica, con $315.629 millones. La Comisión Nacional de Energía Atómica suma $64.468 millones y Vialidad Nacional apenas mueve la aguja, con $11.006 millones: suben $14.720 millones para mantenimiento y emergencias, y bajan $8000 millones para construcción de autopistas y autovías.

El Conicet recibe $107.725 millones, casi todo para becas: el programa de Formación de Recursos Humanos suma $96.713 millones. El Poder Judicial suma $70.648 millones, con la Justicia ordinaria porteña como principal destino; el Ministerio Público, $35.923 millones, y el Congreso, $27.753 millones, y el Renaper, $31.500 millones para documentos.

En la Presidencia, los números son chicos, pero dicen algo. La SIDE suma $6157 millones, la Sindicatura General de la Nación $6500 millones y el Palacio Libertad, ex CCK, $5892 millones.

Hay un movimiento que llama la atención: mientras se recorta la asistencia a las empresas energéticas, el programa de Política de Energía Eléctrica suma $315.629 millones. La plata cambia de bolsillo dentro del mismo sector.

Para cubrir su parte, la Anses no espera solo aportes. El anexo prevé que venda títulos en moneda extranjera por $1,9 billones y que use otros $1,8 billones de disponibilidades e inversiones de corto plazo. En los hechos, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad pone el hombro para pagar las jubilaciones de fin de año.

La deuda: Nación y provincias

El artículo 3° eleva en $78,7 billones el monto que la planilla del artículo 44 de la Ley de Presupuesto autoriza para operaciones de crédito público. Es un techo, no una colocación. El decreto no le asigna un destino propio: el permiso sirve, sobre todo, para refinanciar los vencimientos de lo que queda del año.

En la deuda hay un movimiento contable que explica buena parte del superávit perdido. Los intereses suben $3,89 billones, pero la amortización de los Boncap, los bonos que capitalizan intereses, baja en la misma cifra: $3,89 billones. Todo indica que el decreto pasa a intereses una porción que estaba registrada como pago de capital. No sale un peso más de la caja, pero como los intereses se cuentan arriba de la línea, el cambio se come la mitad de los $7,5 billones de superávit resignado.

El Tesoro también prevé vender títulos en moneda extranjera por $1,01 billones, a lo que se suman los $1,9 billones que venden la Anses y el FGS. En los préstamos externos, la Jefatura de Gabinete incorpora $4000 millones del BID y $501 millones de Fonplata, mientras que Economía resigna $39.637 millones de un crédito del BID que no va a usar.

Para las provincias, el decreto toca los avales del Tesoro. A Córdoba le mantiene una garantía de hasta US$100 millones, a un plazo mínimo de tres años, pero le cambia el destino: deja de ser para “Economía Circular” y pasa a “Infraestructura Hídrica y de Saneamiento”.

Santa Fe se incorpora a la planilla de avales con un préstamo de hasta US$25 millones para la defensa contra inundaciones en el departamento San Javier.

Hay un tercer movimiento con las provincias, menos visible. Dentro de Obligaciones a Cargo del Tesoro, el anexo pasa $1,34 billones de una partida genérica a préstamos de largo plazo a provincias. A la vez, el Tesoro cuenta como ingreso $98.029 millones que las provincias le reintegran por servicios de deuda en títulos y $18.906 millones por la cancelación de deudas recíprocas del Decreto 969/2024.

Con las cuentas reescritas por decreto, el Congreso discute el Presupuesto 2027 la semana próxima. El DNU, por su parte, deberá pasar por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

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