La forma de abordar la discapacidad sigue generando diferencias dentro del Gobierno. Mientras el oficialismo en Diputados negoció con sus aliados un proyecto que recoge reclamos del sector para evitar que la oposición imponga una nueva emergencia, en el Poder Ejecutivo persisten los reparos por su costo fiscal.
La discusión llegará hoy a la mesa política del Gobierno, que se reunirá a las 13 para definir los próximos pasos de una negociación que todavía mantiene un final abierto.
“Desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa”, admitió el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, sobre el dictamen consensuado por los libertarios con la UCR, Pro y bloques provinciales. Lo hizo durante su exposición en Diputados por el presupuesto 2027, donde reconoció que el texto que se debatirá el miércoles en el recinto no responde a una iniciativa impulsada originalmente por el Poder Ejecutivo.
La intención original del Gobierno era endurecer el acceso a las pensiones, recuperar el criterio de invalidez laboral y eliminar el nomenclador de prestaciones para dejar los valores librados a la negociación entre prestadores -de terapias, transporte y acompañamiento, entre otros servicios- y obras sociales y prepagas. Se trata de un cambio que beneficiaría a las grandes empresas de salud.
Pero esa voluntad choca desde el año pasado con los límites que le impone el Congreso. El oficialismo acumula siete votaciones adversas en materia de discapacidad, incluida la revocación de un veto presidencial. También encontró resistencia en la Justicia, que a través de distintos fallos obligó al Gobierno a aplicar la ley de emergencia.
La brecha entre querer y poder todavía no fue saldada dentro del universo libertario. El equipo económico no se resigna a imponer su posición, pese a los esfuerzos del ala política por encontrar una salida intermedia que permita evitar una crisis mayor. Las negociaciones con los aliados son encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de Diputados, Martín Menem; y la diputada Laura Rodríguez Machado.
El dictamen que lograron consensuar incorporó aspectos centrales de la ley de emergencia, como la compatibilidad de la pensión por discapacidad con ingresos laborales de hasta dos salarios mínimos, la fijación de la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio y el sostenimiento del nomenclador de prestaciones.
Sin embargo, quedaron puntos sensibles sin resolver. El texto no precisa cómo se actualizará el nomenclador, mientras que los aliados exigen garantías de que las prestaciones se ajustarán mensualmente por inflación. La iniciativa establece, no obstante, que los fondos asignados al Ministerio de Salud no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.
Tampoco se incorporó un pedido de Pro para fijar un cronograma de pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores por la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, que no quedó contemplada en las actualizaciones de los aranceles.
El proyecto todavía podría sufrir modificaciones en el recinto. Algunos cambios técnicos ya fueron consensuados, como precisar de dónde saldrán los fondos para afrontar los gastos previstos y eliminar el artículo 17, que despertó sospechas entre los aliados por la amplitud de su redacción: “Derógase toda norma que se oponga a la presente”.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal de la propuesta alcanzaría casi $600.000 millones en 2027, equivalentes al 0,04% del PBI, y $1,2 billones en 2028, el 0,07% del PBI, con el padrón completo. La compensación pendiente a los prestadores se estima en $278.323 millones, aunque el organismo aclara que se trata de una obligación existente y no de un gasto adicional.
La discusión política
La conveniencia de avanzar con este proyecto será uno de los temas que se discutirán hoy en la mesa política. “El escenario está abierto. Todavía hay tironeos”, repiten en el bloque libertario, donde reconocen que las diferencias persisten. Nadie descarta, incluso, la posibilidad de un nuevo veto presidencial, aunque se trataría de una salida especialmente compleja para un oficialismo desgastado por el conflicto.
El Gobierno ya intentó imponer su posición, sin éxito. Primero lo hizo a través de un proyecto presentado en el Senado en abril de este año, que quedó aislado y cuyo debate nunca comenzó. Luego volvió a plasmar sus pretensiones en el proyecto de presupuesto 2027, presentado el 15 de septiembre, que provocó el rechazo inmediato de la oposición, pero también de legisladores propios y aliados que venían negociando una salida intermedia entre la derogación de la emergencia y su continuidad.
Otra alternativa es que la negociación continúe en el Senado, a través del bloque oficialista que conduce Patricia Bullrich. La exministra ya había expresado su malestar cuando el Ejecutivo presentó un proyecto de Presupuesto que contradecía las negociaciones legislativas en marcha. “No me tomen de tonta”, advirtió entonces.
Bullrich también conserva influencia sobre al menos 14 diputados que podrían resistirse a convalidar un nuevo veto de Javier Milei. Los números del oficialismo vuelven así a exhibir los límites de una estrategia que ya cosechó sucesivas derrotas parlamentarias.
“Lo que quiere el Poder Ejecutivo es inviable”, remachó un legislador oficialista acostumbrado a recorrer los pasillos del Congreso en busca de votos. La paradoja es que el oficialismo negoció una salida para evitar otra derrota parlamentaria, pero todavía no está claro que el propio Gobierno esté dispuesto a aceptarla.
