En medio de una semana en la que el oficialismo celebró haber recuperado la centralidad de la agenda pública con la cuestión Malvinas, la oposición en Diputados buscará este miércoles volver a marcarle la cancha a Javier Milei en el Congreso con dos asuntos sensibles para el Gobierno: el creciente endeudamiento y la morosidad de las familias, y la prórroga de la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año.
La sesión está convocada para las 12 y tendrá como objetivo emplazar a las comisiones correspondientes para fijar una fecha de dictamen sobre dos temas que los bloques críticos consideran “urgentes”. Es decir, no se buscará aprobar ninguno de los proyectos, sino imponer una hoja de ruta y obligar al oficialismo a cumplir, desde las comisiones que controla, con los plazos que establezca el pleno de la Cámara.
Al cierre de esta nota, el quorum para habilitar la discusión estaba prácticamente asegurado. Los bloques críticos lograron apuntalar la sesión, sobre todo, a través del debate por la discapacidad, un tema sensible y transversal que también repercute sobre los sistemas de salud provinciales.
La oposición sumó así aliados que el Gobierno fue perdiendo en las últimas semanas. Varios gobernadores cercanos a la Casa Rosada, cuyos diputados suelen acompañar al oficialismo, anticiparon que esta vez le darán la espalda: entre ellos, los tucumanos de Osvaldo Jaldo, los catamarqueños de Raúl Jalil y los salteños de Gustavo Sáenz, con tres diputados cada uno.
Con esos respaldos, la oposición confía en superar las 129 voluntades necesarias para abrir la sesión. La cuenta incluye a Unión por la Patria (UP), Provincias Unidas, Argentina Federal, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Elijo Catamarca, el Frente de Izquierda, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y otros monobloques.
Los libertarios intentaron desactivar la sesión la semana pasada al habilitar finalmente los debates en comisión. Tanto Finanzas, presidida por Santiago Pauli, como Discapacidad, encabezada por Gerardo Huesen, convocaron reuniones informativas y fijaron cronogramas de trabajo con el compromiso de dictaminar ambos asuntos antes de fin de mes.
Los bloques críticos, sin embargo, desconfían de la voluntad del oficialismo. Consideran que esos cronogramas buscan dilatar la discusión y pretenden imponer desde el recinto plazos concretos que garanticen el avance de los proyectos.
Endeudamiento y morosidad
En materia de endeudamiento, la oposición buscará unificar los giros de unos 50 proyectos para concentrar su tratamiento en dos comisiones: Finanzas y Defensa del Consumidor.
Las iniciativas son muy variadas: incluyen planes de refinanciación y quitas de intereses, límites a las tasas y mayores controles sobre bancos y fintech. También hay propuestas para regular las prácticas de cobranza, impedir el hostigamiento a los deudores y proteger las cuentas sueldo frente a embargos.
Los bloques críticos pretenden concentrarse en alternativas que no tengan costo fiscal. Buscan evitar que el Gobierno vuelva a encuadrar la discusión bajo el mote de los “degenerados fiscales” y que el impacto sobre las cuentas públicas termine desplazando el debate sobre el creciente endeudamiento de las familias.
Mientras la oposición habla de “aliviar” la situación “crítica” de más de seis millones de familias en mora, el oficialismo propone abordar el problema principalmente a través de la educación financiera y rechaza fijar topes a las tasas de interés.
Los libertarios argumentan que una regulación de ese tipo restringiría la oferta de crédito, porque llevaría a los bancos a dejar de prestar a los sectores considerados de mayor riesgo.
Discapacidad
El otro eje de la sesión será la emergencia en discapacidad. La oposición buscará emplazar a las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda para que fijen una fecha de dictamen sobre el proyecto presentado por Juan Marino (UP), que propone extender la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
Marino y las organizaciones de discapacidad que participaron de la elaboración de la iniciativa sostienen que la prórroga permitiría al Poder Ejecutivo conservar mayor flexibilidad para destinar recursos al financiamiento del sistema.
Según esa interpretación, además, el vencimiento de la emergencia no debería dejar sin efecto las modificaciones permanentes introducidas por la ley. Entre ellas, la actualización mensual de los aranceles de las prestaciones de acuerdo con la inflación.
Los gobernadores fueron determinantes para apuntalar esta discusión. Sus referentes parlamentarios advierten que las personas que quedan fuera de la cobertura nacional terminan recurriendo a hospitales e institutos provinciales, que deben absorber una demanda creciente. El costo político, remarcan, también recae sobre las provincias.
Ese factor pesa especialmente entre mandatarios que buscarán renovar sus gobiernos: no están dispuestos a cargar en sus distritos con el costo de una política de ajuste que Milei reivindica como una de las banderas de su gestión.
