Con el objetivo de acelerar la firma del dictamen de comisión del proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich (Capital), encabezó este lunes el primero de una serie de reuniones con ministros de salud de las provincias, nucleados en el Consejo Federal de Salud (Cofesa).
El acercamiento con los funcionarios busca destrabar y agilizar el consenso parlamentario para un proyecto que ha generado un importante debate y gran expectativa en el ámbito sanitario nacional.
En el encuentro de esta tarde también participó el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, quien se sumó al encuentro virtual en el que tomaron parte con los jefes de las carteras sanitarias de la Capital Federal, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut, Chaco y Jujuy.
La ronda de consultas continuará este martes por la mañana con representantes de Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tucumán, San Juan, San Luis, Neuquén y Misiones.
Ese mismo martes, por la tarde, Bullrich terminará la búsqueda de puntos de acuerdo para modificar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo con los ministros de Salud de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Catamarca y La Rioja.
La reforma de la ley de Salud Mental fue girada por el gobierno de Javier Milei a mediados de abril último y ya fue debatido, con la presencia de una gran cantidad de expositores, en dos reuniones de un plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General por el que desfilaron más de 70 especialistas y profesionales invitados a dar su punto de vista sobre la iniciativa.
En la últimas semanas, el proyecto continuó debatiéndose al nivel de asesores y senadores en la búsqueda de una redacción que consiguiera el mayor consenso posible de todas las fuerzas políticas con representación en el Senado.
A partir de esa discusión fueron incorporándose modificaciones al texto enviado por el Poder Ejecutivo, hasta que se alcanzó un borrador de dictamen, que es el texto que el oficialismo busca terminar de acordar con los ministros de salud provinciales.
Entre las modificaciones realizadas hasta el momento figuran medidas de prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación, así como la definición de un “piso federal obligatorio” de derechos que ningún distrito podrá perforar.
Asimismo, se adoptan formalmente las denominadas Reglas Nelson Mandela como lineamientos esenciales para el tratamiento de las personas privadas de la libertad en el ámbito de las políticas públicas de salud mental.
Otro de los cambios acordados es la delimitación de las adicciones dentro de la salud mental, precisando de forma directa la relación entre este ámbito y el consumo problemático de sustancias, el cual pasa a formar parte de los tratamientos formales.
En este sentido, se reflota el concepto de “padecimiento” dentro del marco legal y se incorpora la figura de las directivas anticipadas dentro de la Ley de Derechos del Paciente, permitiendo que cualquier persona exprese su consentimiento o rechazo a tratamientos por adelantado.
En lo que respecta a la modalidad de abordaje, el proyecto determina que los equipos interdisciplinarios se conformarán atendiendo a la disponibilidad de recursos humanos específicos de cada jurisdicción. Además, se reconoce la consulta por canales virtuales como una herramienta válida para ampliar la cobertura territorial y asegurar el acceso a la atención en zonas remotas.
En cuanto al régimen de internaciones, se impulsan importantes modificaciones, como la exigencia de la firma de dos profesionales del servicio asistencial, uno obligatoriamente debe ser médico, preferentemente psiquiatra. Esto regirá tanto para internaciones voluntarias como involuntarias, limitando estas últimas a situaciones de riesgo grave de daño para sí mismo o para terceros.
Para las internaciones excepcionales, se prevé la intervención asincrónica del médico psiquiatra en un plazo de 48 horas y se agrega la exigencia de un “Plan de Egreso” desde el mismo momento del diagnóstico. Al respecto, se fijan límites temporales a las internaciones prolongadas que superen los 180 días corridos y se exige notificar el alta con anticipación razonable a los parientes o representantes legales.
El tratamiento de la niñez y adolescencia tendrá un artículo enfocado en el consumo problemático de sustancias en menores de edad. Los tratamientos serán guiados por equipos con formación infanto-juvenil y en dispositivos físicamente separados de los adultos. Se dispone, además, la coordinación entre las provincias y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF).
Por último, el proyecto ratifica la prohibición absoluta de crear nuevos manicomios o de sostener internaciones crónicas bajo el modelo asilar, apostando en su lugar por habilitaciones de establecimientos especializados respetuosos de la dignidad del paciente.
