La derogación de una resolución que desde hacía años era cuestionada por la industria semillera fue celebrada por el sector, que consideró la decisión como un avance para fortalecer la protección de la innovación biotecnológica y generar mejores condiciones para las inversiones en investigación y desarrollo.
La reacción llegó luego de que el Gobierno dejara sin efecto la resolución 283/2015 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), una normativa que, según la visión oficial y de las empresas vinculadas al desarrollo tecnológico, imponía criterios que restringían la patentabilidad de determinados avances biotecnológicos.
Desde la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), una de las entidades que venía impulsando cambios en este tema desde hace años, destacaron el anuncio oficial. Para Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la entidad, la derogación corrige una situación que limitaba el desarrollo y la llegada de nuevas tecnologías al país. “La derogación de la resolución 283/15 del INPI fortalece la protección de los eventos biotecnológicos. Era una norma restrictiva sin sentido técnico”, afirmó.
Según explicó, el reclamo no era nuevo. De acuerdo con Paseyro, ASA trabajó durante más de una década para lograr la eliminación de esa regulación. “Desde ASA hace casi once años que veníamos trabajando para corregir y eliminar la resolución para volver al espíritu de la ley”, señaló.
Desde el sector consideraron que la protección de la propiedad intelectual es uno de los factores centrales para impulsar inversiones en mejoramiento genético, biotecnología e investigación aplicada al agro. En ese sentido, Paseyro sostuvo que las restricciones existentes terminaban afectando la llegada de innovaciones al mercado. “La limitación a los derechos de propiedad intelectual restringe el lanzamiento de nuevas tecnologías, resta previsibilidad a las inversiones y por último reduce la competitividad del agro argentino”, indicó.
Para la entidad, una mayor protección de los desarrollos tecnológicos genera incentivos para que empresas y centros de investigación continúen invirtiendo en la generación de nuevas herramientas para la producción agrícola. “Esta resolución [por la conocida hoy] mejora los entornos de inversión”, resumió el directivo.
Paseyro también buscó aclarar uno de los puntos que más dudas generó tras el anuncio oficial. Según explicó, la medida no modifica la imposibilidad de patentar plantas o variedades vegetales, algo que continúa contemplado en la legislación vigente. “Mejora las patentes de los desarrollos biotecnológicos, que no son patentes de plantas o variedades”, precisó.
La discusión sobre la protección de la innovación no es nueva dentro del agro argentino. Durante años, empresas semilleras y entidades vinculadas a la investigación reclamaron cambios regulatorios para generar mayores incentivos a la inversión en genética y biotecnología. El debate se intensificó especialmente en cultivos autógamos como la soja, donde distintos actores de la cadena vienen planteando la necesidad de actualizar los mecanismos de reconocimiento de la propiedad intelectual.
Gentileza
En ese contexto, el Gobierno publicó este jueves la resolución 197 del INPI, mediante la cual derogó la resolución 283/2015. Según se indicó oficialmente, la norma eliminada había incorporado criterios que restringían la patentabilidad de determinados desarrollos biotecnológicos y que no surgían de la legislación de patentes.
Al anunciar la medida, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que la derogación permite volver a estándares internacionales en materia de propiedad intelectual y facilita el acceso a tecnologías que pueden contribuir a mejorar la productividad agropecuaria.
En los fundamentos de la resolución, el INPI señaló que la normativa de 2015 había introducido requisitos adicionales para evaluar solicitudes vinculadas con materia viva y desarrollos biotecnológicos, generando interpretaciones restrictivas que, según el organismo, no se encontraban previstas en la ley.
La visión de AmCham
La medida también fue respaldada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), que consideró que la derogación de la resolución 283/15 contribuye a “normalizar el marco regulatorio argentino y fortalecer las condiciones para la innovación y el desarrollo tecnológico”.
Para AmCham, la medida permitirá “realinear los criterios de patentabilidad con la legislación argentina y los estándares internacionales”, además de recuperar “niveles de previsibilidad y seguridad jurídica esenciales para impulsar la inversión, la investigación y el desarrollo tecnológico”.
La entidad destacó especialmente el potencial impacto sobre la agroindustria argentina. Recordó que en 2025 las cadenas agroindustriales generaron exportaciones por más de US$52.000 millones y superaron los 115 millones de toneladas exportadas. En ese contexto, reafirmó su apoyo a una agenda orientada a fortalecer la propiedad intelectual y sostuvo que la adhesión a UPOV 91 constituye “un paso estratégico para consolidar una Argentina más competitiva, integrada al mundo y capaz de desplegar plenamente el potencial de su desarrollo federal”.
“La normativa derogada imponía restricciones que limitaban la posibilidad de proteger desarrollos biotecnológicos y avances científicos aplicados a la producción agropecuaria, dificultando significativamente su patentamiento y afectando, en consecuencia, la inversión en investigación, así como la implementación y comercialización de nuevas tecnologías en el país”, dijo.
Agregó: “Durante más de una década, la Argentina operó bajo un esquema regulatorio que restringió el acceso a herramientas e innovaciones disponibles en otros países líderes en producción agropecuaria. Esta situación limitó la incorporación de tecnologías clave para mejorar la productividad, la sustentabilidad y la competitividad internacional de uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional».
