En medio de la discusión que mantienen el Gobierno, los productores y la industria semillera para modificar una ley que tiene más de 50 años y avanzar hacia la adhesión de la Argentina al tratado internacional UPOV-91, una especialista en propiedad intelectual de los Estados Unidos destacó un cambio que, según afirmó, ya se produjo dentro del sector: las posiciones dejaron de estar polarizadas y las partes comenzaron a buscar un acuerdo.
“Se superó la grieta en esas reuniones de consenso; ya no hay posiciones polarizadas”, afirmó Pamela Echeverría, especialista en propiedad intelectual de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (Uspto) para la Argentina, durante el Agribusiness Forum de AmCham, que se realiza este jueves.
La definición se produjo mientras el Gobierno intenta alcanzar un consenso entre los distintos actores antes de enviar al Congreso una nueva ley de semillas. En ese sentido, según reveló durante el mismo panel Martín Famulari, presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), el proceso lleva una serie de reuniones y permitió destrabar buena parte de las diferencias que existían inicialmente. “Llegamos a consenso en un montón de puntos de lo que queremos lograr y nos queda el uso propio”, aseguró Famulari.
Ese punto es precisamente uno de los nudos históricos de la discusión a nivel nacional: en qué condiciones un productor podrá reservar parte de la semilla obtenida de su cosecha para volver a sembrarla, cuándo ese uso será gratuito o deberá pagarse y qué productores podrían quedar exceptuados.
UPOV-78 o 91
En su exposición, Echeverría puso el foco además en una confusión que suele aparecer alrededor de la discusión de UPOV. Según explicó, la protección de una obtención vegetal y una patente de invención son herramientas diferentes, aunque ambas formen parte del sistema de propiedad intelectual. Por eso, señaló que pasar del Acta de UPOV-78, a la que actualmente está adherida la Argentina a la versión de 1991 “no significa trasladar automáticamente el sistema de patentes a las semillas”. Una de las ventajas que presenta un sistema actualizado es la posibilidad de brindar mayor previsibilidad y seguridad jurídica, pero remarcó que la discusión no termina simplemente con elegir entre UPOV-78 y UPOV-91.
“Más allá de las actas en sí mismas y de la diferencia entre ellas, existe un conjunto de otros factores que influyen de una forma muy directa en lo que tiene que ver con la previsibilidad y la seguridad jurídica”, explicó. Entre esos elementos mencionó especialmente la observancia de los derechos de propiedad intelectual, es decir, que existan mecanismos efectivos para hacer cumplir esas reglas y que estén alineados con las prácticas internacionales.
También reivindicó el papel de los contratos entre privados, a los que consideró herramientas capaces de ordenar las relaciones entre productores, obtentores y empresas incluso antes de que se produzcan modificaciones legislativas. “Muchas veces los contratos entre privados también resultan herramientas muy eficaces”, afirmó. Para Echeverría, por lo tanto, UPOV-91 es una parte del esquema, pero no su solución completa: las reglas deben estar acompañadas por mecanismos que permitan hacerlas cumplir y otorguen seguridad jurídica.
Famulari explicó que el Gobierno decidió “modificar la forma en que históricamente se abordó la reforma de la ley de semillas”. En lugar de elaborar primero un proyecto y trasladar después la discusión al Congreso, Agricultura y el Inase convocaron a semilleros, productores, entidades gremiales y asociaciones técnicas para intentar acordar previamente las principales reglas. “Nos fuimos acercando, la verdad, lentamente, pero dando pasos firmes”, señaló.
Echeverría resumió el cambio de escenario con una definición que contrasta con los debates que durante años trabaron los intentos de modificar la legislación: “Se está buscando ver cómo se llega a algún tipo de acuerdo”.
La discusión se produce mientras el Gobierno avanza por dos carriles vinculados, pero diferentes. Por un lado, trabaja con productores y la industria en la modernización de la ley 20.247, vigente desde 1973. Por otro, mantiene el compromiso asumido con los Estados Unidos de enviar al Congreso antes de fines de 2027 la adhesión de la Argentina al Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV-91). Actualmente el país está adherido al Acta de 1978.
Alejandro Cacace, secretario de Desregulación del Ministerio de Desregulación y Transformación, colocó al régimen de semillas entre las principales reformas pendientes de la agenda de propiedad intelectual del Gobierno. Cacace ya había estimado en su momento que una mayor incorporación tecnológica vinculada con una mejora en las reglas de propiedad intelectual podría permitir cerrar parte de la brecha productiva con países competidores y generar hasta US$6000 millones adicionales en exportaciones. “Ya no basta con resoluciones. Hay que establecer las cosas por ley, y hay que establecerlas por tratado”, afirmó.
Anticipó que “en los próximos días el Gobierno enviará otros cinco tratados internacionales vinculados con propiedad intelectual”, entre ellos instrumentos relacionados con señales transmitidas por satélite, microorganismos, marcas, procedimientos de patentes y diseños industriales.
