SE REGLAMENTO LA NUEVA LEY DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS

La Provincia oficializó la reglamentación de la Ley 2799-A, que reorganiza el sistema de transporte de pasajeros y cargas. La norma crea un registro único, incorpora geolocalización para determinados servicios y establece mayores exigencias para empresas, conductores y vehículos. El Gobierno de San Juan oficializó la reglamentación de la Ley Provincial Nº 2799-A, que establece un nuevo marco para la organización y fiscalización del transporte público de pasajeros y cargas en todo el territorio provincial. La medida, publicada en el Boletín Oficial, moderniza el sistema de control, incorpora herramientas tecnológicas y deja sin efecto las normativas que regían desde 2012 y 2015. El nuevo esquema busca unificar la regulación vigente y adecuarla a las actuales modalidades de prestación del servicio, estableciendo requisitos específicos para empresas, choferes y unidades que desarrollen actividades de transporte dentro de la provincia. Uno de los cambios centrales es la creación del Registro Provincial de Transporte (Re.Pro.Tran.), donde deberán inscribirse todos los prestadores habilitados. Allí se concentrará un legajo digital con la información de las empresas, los conductores y los vehículos, incluyendo documentación, licencias, seguros y el tipo de servicio autorizado. Para obtener la habilitación, las empresas deberán acreditar un CUIT activo, domicilio legal en San Juan y presentar el detalle de las unidades y del personal afectado al servicio. En tanto, los conductores deberán contar con la licencia correspondiente y vigente, mientras que los vehículos deberán cumplir con la documentación exigida, acreditar seguro y registrar correctamente su titularidad y radicación. La reglamentación alcanza al transporte público regular de pasajeros, los servicios no regulares, taxis, remises, transporte escolar, servicios especiales y el transporte provincial de cargas. En cambio, los servicios interjurisdiccionales continuarán bajo la órbita de la normativa nacional. Mayor fiscalización para el transporte público En el caso de los colectivos, las empresas estarán obligadas a respetar los recorridos, frecuencias, horarios y tarifas autorizadas por la autoridad competente. Además, deberán garantizar que las unidades reúnan las condiciones técnicas, sanitarias, de seguridad y accesibilidad previstas por la normativa. El Gobierno también podrá controlar indicadores como la cantidad de kilómetros recorridos, el número de pasajeros transportados, la recaudación y el cumplimiento de las frecuencias. Esa información servirá tanto para verificar la correcta prestación del servicio como para determinar la distribución de subsidios. Asimismo, se establece la posibilidad de implementar boletos electrónicos y se exige que cada unidad exhiba una identificación que facilite el acceso a sus datos y permita a los usuarios realizar consultas o reclamos. Tecnología para el seguimiento de los servicios Otro de los aspectos destacados de la reglamentación es la incorporación de sistemas de seguimiento digital. Las unidades que presten servicios de transporte no regular deberán contar con dispositivos de geolocalización activos durante todo el tiempo que se encuentren operando. La autoridad de aplicación tendrá la facultad de definir las especificaciones técnicas de estos sistemas, los datos que deberán transmitir y los mecanismos de control que se utilizarán para supervisar la actividad. Aunque el decreto no hace referencia directa a plataformas como Uber o DiDi, la regulación contempla las nuevas modalidades de transporte de pasajeros, por lo que cualquier servicio que encuadre dentro de esas categorías quedará sujeto al control provincial y a la normativa complementaria que se dicte en adelante. Nuevas exigencias para el transporte de cargas La reglamentación también incorpora obligaciones para quienes realizan transporte de cargas dentro de San Juan. Los transportistas deberán inscribirse en el registro oficial y declarar los vehículos afectados a la actividad, los cuales deberán cumplir con todas las condiciones de seguridad, documentación, seguros, peso y dimensiones establecidas por la legislación vigente. Además, la Provincia podrá definir corredores específicos, horarios de circulación y restricciones para determinados tipos de camiones, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y ordenar el tránsito según las características de cada ruta y de la carga transportada. Finalmente, la norma faculta a la autoridad competente a realizar inspecciones, auditorías y controles documentales. En caso de incumplimientos, se prevén sanciones que podrán ir desde multas económicas hasta la suspensión de permisos, la retención de vehículos o la revocación definitiva de las habilitaciones.