LA PAZ.– El presidente boliviano, Rodrigo Paz, despidió el viernes al ministro de Economía, José Espinoza, según un decreto oficial en el que se designó al actual funcionario Oscar Justiniano Pinto como ministro interino.
El despido llega días después de que la Asamblea Legislativa aprobara una moción de censura contra Espinoza tras no comparecer ante el Congreso para responder preguntas sobre su gestión de la economía, la política monetaria y la planificación macroeconómica.
La salida de Espinoza se produce en un momento difícil para el gobierno de Paz –golpeado a su vez por el caso del exasesor presidencial Fernando Cerimedo, detenido como parte de la investigación del ataque a balazos contra su pareja–, busca apoyo del Congreso para impulsar reformas económicas y un programa de financiamiento negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en julio.
Este programa es considerado clave para estabilizar la economía del país andino y aliviar la persistente escasez de combustible y divisas. Paz designó a Pinto, hasta ahora ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, al frente de Economía de forma interina hasta el nombramiento de un sucesor definitivo.
La crisis que pone en jaque al presidente
El reemplazo de Espinoza no es el primero de los cambios que debe hacer Paz en su gabinete, enfrentado a una crisis de legitimidad que amenaza a su gobierno a casi diez meses de haber asumido su mandato.
A principios de agosto, el presidente boliviano se vio obligado a reemplazar al canciller y al ministro de la Presidencia y a eliminar dos carteras en medio de tensiones con su principal aliado político, justo cuando debía anunciar un paquete de reformas para afrontar la dura crisis económica que atraviesa el país andino.
Aquel sismo político inició cuando Samuel Doria Medina, que solía ser uno de los principales alfiles del gobierno en tanto líder del partido Unidad Nacional –de centroderecha y tercera fuerza en el legislativo boliviano–, anunció a fines de julio que abandonaba la alianza con el gobierno, alegando que la actual gestión no mejoraría debido a decisiones tardías y denuncias de corrupción.
El empresario les pidió a los legisladores de su partido que a partir de entonces sean “oposición constructiva”, pero ninguno de ellos renunció a la alianza.
Paz afrontó además un agudo estallido social entre mayo y junio del presente año, en el que hubo cortes de rutas durante 53 días, los cuales aislaron a La Paz y a otras ciudades. Los bloqueos estuvieron encabezados por sindicatos que pedían la renuncia del mandatario, exigiendo respuestas al peor contexto económico de los últimos 40 años. Bajo una intensa presión debido a la agitación social, Paz anunció entonces una reorganización de su gabinete y un “cambio de rumbo” en su gestión.
Sus aliados y opositores han criticado la lentitud para aplicar reformas frente a la crisis, la cual se traduce en escasez de dólares para importar combustibles y carestía de la vida. Los racionamientos de nafta y diésel afectan además al transporte y a la vital industria agropecuaria.
Hablando desde la ciudad de Sucre en el Día de la Independencia boliviana a principios de mes, el jefe de Estado de centroderecha defendió sus políticas económicas “impopulares” pero “necesarias”.
“Nos dejaron una patria devastada y moribunda”, dijo Paz durante su primer discurso a la nación desde que asumió el cargo, poniendo fin a dos décadas de gobierno socialista en el país andino.
El mandatario acusó además al expresidente Evo Morales de haber orquestado los levantamientos contra su gobierno. El líder indígena es actualmente objeto de una orden de aprehensión por su presunto papel en esas manifestaciones.
“Acabamos de vencer 53 días de una resistencia del pasado que se niega a aceptar que una nueva Bolivia está naciendo”, afirmó Paz en Sucre.
El mandatario destacó el regreso de la confianza de los mercados, las reformas emprendidas y la apertura diplomática del país. También elogió los resultados de su gobierno en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, al resaltar la expulsión de 17 jefes de las organizaciones criminales que vivían en Bolivia con presunta protección y absoluta impunidad.
Agencias AP, AFP y Reuters
