MADRID.– El gobierno de Pedro Sánchez aprobó este martes un nuevo paquete de medidas urgentes para intentar contener la crisis de vivienda que sacude a España, después de un fin de semana de protestas multitudinarias que desembocó el lunes por la noche en graves incidentes en Barcelona y profundizó la presión sobre el Ejecutivo en plena carrera hacia las elecciones anticipadas del 29 de noviembre.
Los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros recuperan buena parte de las iniciativas que habían sido rechazadas apenas cuatro días antes por el Congreso, un revés parlamentario que aceleró la decisión de Sánchez de adelantar los comicios. Entre otras medidas, el gobierno busca prolongar la protección frente a los desahucios de personas vulnerables, extender contratos de alquiler, limitar determinadas subas, combatir el fraude en los arrendamientos temporarios y facilitar el acceso a la primera vivienda.
La decisión llegó después de varios días de creciente tensión social. Decenas de miles de personas se manifestaron durante el fin de semana en distintas ciudades para reclamar medidas frente al fuerte incremento de los alquileres y la dificultad cada vez mayor para acceder a una vivienda.
Las protestas cobraron impulso a partir del caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años de Madrid amenazada con ser desalojada de su casa, cuya situación se convirtió en símbolo de un malestar que llevaba meses acumulándose.
En Barcelona, donde una alerta meteorológica obligó a postergar hasta el lunes la movilización prevista inicialmente para el fin de semana, una marcha que había comenzado de manera pacífica terminó en violentos enfrentamientos. Grupos de cientos de activistas radicales lanzaron piedras contra la policía, levantaron barricadas y prendieron fuego contenedores de basura.
Las imágenes de los disturbios redoblaron la presión sobre Sánchez, que apenas un día antes había anunciado la convocatoria de elecciones anticipadas.
“Estos dos decretos mantienen la esencia de los dos reales decretos que decayeron”, explicó este martes el presidente del gobierno tras la reunión del Consejo de Ministros. “Lo hemos hecho porque las circunstancias que hacían que salieran adelante no han cambiado en estos días”, agregó.
Un movimiento arriesgado
La maniobra tiene, además, una particularidad política e institucional. Con el Parlamento disuelto de cara a los comicios, los decretos deberán pasar ahora por la Diputación Permanente, el órgano que conserva determinadas funciones legislativas durante el período electoral.
Está integrada por 69 legisladores, frente a los 350 diputados que conforman habitualmente el Congreso.
Alejandro Quiroga, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, señaló a The Associated Press que la vía elegida por el Ejecutivo es constitucional, aunque responde también a una necesidad política evidente.
Sánchez, sostuvo, tenía pocas alternativas: resultaba difícil convocar unas elecciones anticipadas marcadas precisamente por la emergencia habitacional sin adoptar al mismo tiempo alguna medida para intentar contenerla.
Los nuevos textos no pueden, de todos modos, ser idénticos a los rechazados la semana pasada. De serlo, se produciría la situación jurídicamente delicada de que una norma tumbada por el pleno del Congreso terminara siendo convalidada días después por un órgano parlamentario más reducido. Por eso, aunque mantienen prácticamente intacto el núcleo de las iniciativas originales, el Ejecutivo introdujo algunas modificaciones.
Desahucios, alquileres y primera vivienda
El primer decreto recupera el denominado “escudo social”, que impide el desalojo de personas consideradas vulnerables cuando no existe una alternativa habitacional disponible, y extiende esas protecciones hasta 2030.
También incorpora cambios destinados a combatir el fraude en los alquileres de temporada y por habitaciones, una modalidad que se expandió en los últimos años y que, según el gobierno, es utilizada en algunos casos para esquivar las restricciones que pesan sobre los contratos tradicionales.
Además, el Ejecutivo pretende endurecer las condiciones para que los llamados fondos buitre puedan adquirir viviendas y ampliar la definición de ese tipo de inversores.
Para los inquilinos se contemplan bonificaciones fiscales en el impuesto sobre la renta. Según el ejemplo presentado por Sánchez, una persona que pague un alquiler mensual de 800 euros podría obtener una deducción de casi 1000 euros anuales.
Los pequeños propietarios que alquilen sus inmuebles a precios considerados asequibles también podrían beneficiarse de rebajas fiscales.
El paquete vuelve a incluir, además, préstamos de hasta 50.000 euros a interés cero para quienes compren su primera vivienda. El gobierno prevé destinar 10.000 millones de euros a esa línea de financiación, que será administrada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Sánchez aclaró que el plan no estará dirigido exclusivamente a los jóvenes. “Es una propuesta para todas las generaciones”, afirmó.
Otro de los ejes es el aumento de la oferta. El Ejecutivo anunció un fondo de 280 millones de euros en avales para fomentar la construcción industrializada, un sistema que permite fabricar partes de los edificios por módulos y ensamblarlas después en el lugar de la obra.
A esa partida se sumarán otros 400 millones de euros para proveedores de vivienda social, fondos que, según el Ministerio de Vivienda, podrían contribuir a financiar hasta 30.000 unidades.
La empresa pública Casa47, en tanto, comprará “miles” de viviendas pertenecientes actualmente a la Seguridad Social.
El punto más difícil
Más incierto aparece el futuro del segundo decreto. Su principal medida es la prórroga automática de los contratos de alquiler una vez finalizados, durante un período equivalente al del contrato original: cinco o siete años, según el tipo de propietario.
Ese punto es el que provoca mayores resistencias entre los potenciales aliados parlamentarios del Ejecutivo. Sánchez admitió que solo entrará en vigor si obtiene respaldo suficiente en la Diputación Permanente.
El primer decreto también contempla una extensión extraordinaria de dos años para determinados contratos próximos a vencer, manteniendo las condiciones existentes y limitando los aumentos. En la versión anterior, esa protección alcanzaba a los contratos que expiraran antes del 31 de diciembre de 2028 y cuyos inquilinos estuvieran al día con los pagos.
El gobierno pretende además elevar al 10% el IVA aplicado a las viviendas turísticas y a los alquileres de corta duración, con el argumento de que deben “tributar como un negocio, que es lo que son”, en palabras de Sánchez.
La nueva regulación obligaría también a que los avisos de alquiler incluyan información como el índice de referencia de precios, el límite máximo de renta cuando corresponda y si el propietario tiene la consideración legal de gran tenedor.
Agencia AP y diario El País
