El gobernador Marcelo Orrego confirmó que el proyecto de régimen transitorio para adecuar la legislación de San Juan al nuevo Régimen Penal Juvenil será tratado en la Cámara de Diputados el próximo lunes 14 de septiembre. La iniciativa permitirá adaptar el funcionamiento de la Justicia provincial al nuevo marco nacional mientras se avanza en la elaboración del Código Procesal Penal Juvenil definitivo.
Orrego destacó la importancia del proyecto, aunque advirtió que su tratamiento legislativo demandará tiempo. “Es un paso muy importante, pero llevará su tiempo tratarla”, expresó durante una actividad oficial.
La propuesta ingresará a la Legislatura en el marco de una sesión especial y tiene como objetivo adecuar los procedimientos provinciales a la Ley Nacional 27.801, que establece la responsabilidad penal a partir de los 14 años.
El proyecto fue elaborado a partir de una serie de reuniones entre representantes de los distintos poderes del Estado. Participaron el vicegobernador Fabián Martín, legisladores, integrantes de la Corte de Justicia y la jueza de Menores María Julia Camus. El objetivo de los encuentros fue definir los mecanismos y herramientas necesarios para implementar el nuevo esquema en la provincia.
El régimen transitorio tendría una vigencia estimada de seis meses. Durante ese período, la Legislatura deberá avanzar en el desarrollo del Código Procesal Penal Juvenil, que establecerá de manera definitiva los procedimientos y las condiciones de aplicación del sistema en San Juan.
Entre las alternativas previstas se encuentran mecanismos distintos a la imposición de penas, como la conciliación para determinados delitos contra la propiedad que no hayan implicado violencia grave, la reparación del daño y la suspensión del juicio a prueba.
La iniciativa también incorpora la posibilidad de utilizar el juicio abreviado en determinados delitos de acción pública. Para acceder a este mecanismo deberá existir un acuerdo entre la Fiscalía, la defensa, el asesor penal y el adolescente imputado. En estos casos, la pena acordada no podrá superar la solicitada por el Ministerio Público Fiscal.
Además de los cambios procesales, el gobernador remarcó que la implementación plena del nuevo régimen demandará modificaciones en la estructura judicial y en el sistema de alojamiento. Entre ellas, se contempla la creación de fiscalías y defensorías especializadas y la adecuación de espacios destinados exclusivamente a adolescentes, con el objetivo de evitar que permanezcan alojados junto a personas adultas privadas de su libertad.
Desde el Gobierno provincial sostienen que la puesta en marcha definitiva del nuevo Régimen Penal Juvenil requerirá una tarea coordinada entre los tres poderes del Estado. El proceso incluirá también un análisis técnico de las reformas necesarias para garantizar que el sistema pueda aplicarse de manera integral y acorde con el nuevo marco nacional.
