En el corazón financiero de la minería global, la convención Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), el CEO de Vicuña Corp, Ron Hochstein, dejó una definición que en San Juan no pasará inadvertida: la empresa no cree en leyes que obliguen a contratar proveedores locales.
La postura no fue ambigua ni diplomática. Hochstein sostuvo que el desarrollo regional no se construye por decreto sino por competitividad. En otras palabras: la prioridad debe ser que las firmas sanjuaninas sean eficientes, sólidas y capaces de ganar contratos por mérito propio, no por imposición normativa.
El ejecutivo afirmó que Vicuña ya trabaja con proveedores locales y que el objetivo es profundizar esa integración, pero bajo estándares de mercado. Según su mirada, fijar porcentajes obligatorios puede generar distorsiones, desalentar inversiones y afectar la eficiencia de los proyectos en una etapa clave de definiciones financieras.
En paralelo, la compañía proyecta una fuerte inyección de capital este año, con inversiones millonarias destinadas a infraestructura y obras preliminares, mientras se acerca la decisión final de inversión. La señal es clara: la apuesta está, pero bajo reglas previsibles.
La discusión, inevitablemente, queda abierta en San Juan. ¿Es suficiente confiar en la dinámica del mercado o el Estado debe intervenir para garantizar participación local? Desde Toronto, la respuesta del CEO fue categórica.
Ahora el debate vuelve a casa.
