Luego de la decisión de YPF de dejar de informar los aumentos de precios en las estaciones de servicio, en la provincia de Buenos Aires se presentó un proyecto de ley para obligar a las empresas a comunicar las subas al menos 72 horas antes. El texto generó el rechazo del sector, que señaló que la medida podría generar “efectos contraproducentes”, como posibles desabastecimientos y menor incentivo a la competencia entre las marcas.
El proyecto fue presentado por la diputada provincial Ayelén Rasquetti, cercana al espacio de Sergio Massa, y destaca que tiene como objetivo “garantizar la transparencia en la comunicación de los precios en los combustibles líquidos”.
La medida no solo obligaría a informar el aumento de precios a la autoridad de aplicación, sino también a colocar un cartel en cada surtidor e informar en medios digitales 48 horas antes de la modificación de los valores. La multa equivalente al no cumplimiento sería de entre 5000 y 150.000 litros de nafta súper (entre $7,2 millones y $215,2 millones, a valores promedio de hoy).
En la Cámara de Diputados de la provincia, la Comisión de Servicios Públicos quiere darle dictamen hoy para su tratamiento posterior. Al menos dos cámaras empresariales enviaron a la comisión distintas cartas donde explicaron sus posturas en contra del proyecto.
En primer lugar, manifestaron que podría generarse desabastecimiento, ya que, ante una variación anunciada con antelación, provocaría que los operadores y consumidores adelanten compras. “Esto generaría picos de demanda que llevan inexorablemente al desabastecimiento, tal como hemos vivido en el año 2023, ante cambios en los precios y récord de demanda por aumentos de los mismos”, dijo la federación de empresarios de combustibles (Fecra).
La cámara también señaló la dificultad en la comunicación, ya que las leyes vigentes obligan a mantener visibles los precios actuales. “Entendemos que comunicar precios a implementar en un determinado período provocaría confusión y desconcierto entre clientes, empleados y dificultaría la tarea de operación en nuestras empresas”, explica la misiva firmada por el gerente general, Fernando Rolando.
En tercer lugar, explicaron que algunas petroleras aplican un esquema de precios variables durante el día, con el objeto de optimizar horarios donde la demanda baja, como es el caso de YPF. “Esto sería imposible dada la obligación de comunicar con 72 horas de anticipación y difundir en medios digitales oficiales, lo que llevaría a emitir anuncios varias veces al día y generaría confusión y dificultades en la rendición de ventas”, indicó.
Por su parte, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), también habló de que la exigencia de publicar precios de manera anticipada y uniforme podría generar efectos contraproducentes.
La carta firmada por Mariano Mayo y Alejandro Gentile menciona que incentiva comportamientos similares entre empresas —reduciendo la competencia efectiva en el mercado— y afecta negativamente a los consumidores bonaerenses, provocando aumentos repentinos de demanda y posibles quiebres de stock en las estaciones de servicio.
“Actualmente, los consumidores cuentan con múltiples canales de información sobre los precios reales, como los carteles visibles en las estaciones de servicio, mecanismos que resultan suficientes para garantizar la transparencia y la competencia”, señalaron.
