El juez federal de Mar del Plata Alfredo López fue removido de su cargo por el jurado de enjuiciamiento, al encontrarlo culpable de mal desempeño en sus funciones por haber proferido expresiones antisemitas a través de 15 tuits.
El fallo fue leído esta tarde por el secretario general del Jury, Marcelo Bova, que informó sobre la decisión que tomaron los integrantes del cuerpo.
Ellos son el juez Marcelo Gastón Bartumeu Romero (Tribunal Oral en lo Criminal Nº 25), presidente; Néstor Barral (titular de la Cámara Federal de San Martín); las senadoras nacionales María Belén Monte de Oca (LLA-Tierra del Fuego) y María Florencia López (UP-La Rioja) y los diputados nacionales Nicolás Mayoraz (LLA-Santa Fe), Christian Alejandro Zulli (UP-Corrientes) y la abogada Ana Beatríz Fernández (Rosario).
La denuncia fue de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA); la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo, y los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda.
La acusación, sostenida durante el jury por el senador Luis Juez y el abogado Alberto Maques, afirmó que López desarrolló un “patrón de hostilidad” hacia los judíos, el sionismo y el Estado de Israel.
Entre los tuits figura uno en el que, junto a una fotografía del gran rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, escribió: “¿Usarán la Torá o la Constitución Nacional en la nueva ampliación de la Corte que se viene?”.
También fueron analizadas una encuesta sobre “a quiénes son leales los judíos que residen en nuestra patria”, un pedido de difusión contra la “judiada interna y externa”, una referencia a “estos fariseos” al mencionar al Foro Argentino contra el Antisemitismo y la respuesta “bueno, judío, es Twitter, hay que abreviar” dirigida a otro usuario.
Para los acusadores, no se trató de expresiones aisladas ni de críticas políticas, sino de una conducta que afectó la confianza pública y la imagen de imparcialidad.
Los integrantes del jury expresaron que López incurrió con sus mensajes en una falta grave, que consistió en un ataque a la comunidad judía.
Dijeron que con sus expresiones actuó “contrariando de manera manifiesta las bases del Estado de Derecho” y sostuvieron que esto se manifestó en los 15 mensajes que posteó y reposteó de la red social X.
“Los mensajes no fueron objeto de modificación y resultan auténticos”, indicaron los integrantes del jury. Aclararon que reconocen “la libertad de expresión”, pero destacaron que “ese derecho no es absoluto”.
“Los mensajes incitaron a la violencia simbólica, pretensión de sometimiento y discriminación”, señalaron los integrantes del tribunal de enjuiciamiento. Consideraron que en sus expresiones “no hubo un reconocimiento de iguales derechos” hacia la comunidad judía en la Argentina.
También manifestaron que con sus tuits, López “dinamitó la confianza de la ciudadanía en su aptitud para impartir justicia de manera imparcial”. Por eso es que hicieron lugar a la acusación de “mal desempeño por graves desórdenes de conducta personales”.
La decisión, dictada con costas, se comunicará a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara de Casación, a la Cámara Federal de Mar del Plata y a la administración del Poder Judicial.
El diputado Mayoraz, de Santa Fe, recalcó en su voto que “no se juzgan las convicciones políticas ni sus opiniones sobre el Estado de Israel”. Dijo que la Constitución protege hasta “la palabra que irrita”. Pero la conducta del juez, indicó “debe generar la confianza de que será juzgado sin prejuicios”.
“Las publicaciones quebraron la confianza; no es un exabrupto, sino expresiones agraviantes y discriminatorias de la comunidad judía”, sostuvo el integrante del jurado.
Remarcó que la investidura de López “fue usada como prerrogativa; su desempeño [anterior] no ha sido puesto en duda, pero la buena conducta no es acumulable, capaz de compensar una incompatibilidad presente con el cargo”, señaló.
Enfatizó que en este caso solo podían tomar una decisión binaria acerca de si el juez podía o no permanecer en su función. Y la conclusión fue que una conducta como la suya, por “su gravedad, reiteración, contenido y contexto, destruye la confianza en la imparcialidad y respeto de un grupo de ciudadanos” por lo que “es incompatible con la permanencia” en el cargo.
La defensa había afirmado que que no hubo “actos discriminatorios contra la comunidad judía”, se quejó porque las agrupaciones que lo denunciaron se “arrogaron” el derecho de cuestionar a un juez de la Nación “como si fuera en nombre de toda una colectividad” y criticó la “teatralización” de la acusación.
López se había quejado diciendo que no se le pueden adjudicar a él “respuestas de terceros” y citó, para ello, un fallo en favor del presidente Javier Milei en la demanda iniciada por la madre de Ian Moche, el niño influencer con autismo, por sus posteos en X.
En ese sentido, dijo que esa sentencia estableció que los reposteos “no implican” coautoría. En su descargo, López aseguró que el juicio político no puede sancionar “opiniones personales”, resaltó que sus tuits no merecieron ni una denuncia penal ni una demanda civil, enfatizó que versaron sobre “asuntos públicos”.
El Jury rechazó sus argumentos y lo separó del cargo.
La reacción de la DAIA
A través de un comunicado, la DAIA calificó la decisión como “un hecho de enorme relevancia institucional. No se destituye a un juez por expresar una opinión. Se lo remueve cuando su conducta pública resulta incompatible con la imparcialidad, el decoro y la confianza que exige la investidura judicial”.
“El Jury concluyó que las expresiones difundidas por López a través de la red social X no fueron exabruptos aislados, sino parte de un conjunto reiterado de expresiones agraviantes y hostiles hacia la comunidad judía, que llegaron a incitar a la violencia simbólica y promover situaciones de sometimiento y discriminación”, agregó la entidad, que destacó el trabajo de los acusadores Maques y Juez.
“La democracia no se defiende solamente con declaraciones. Se defiende cuando las instituciones tienen la fortaleza necesaria para establecer límites frente al odio, incluso cuando quien lo expresa ocupa una posición de poder”, agregó la DAIA, para destacar que “ninguna investidura puede amparar el odio” y “ningún cargo está por encima de la democracia”.
