“Probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país: aún no se toma la real dimensión de todo lo que implica”. Así se refería Manuel Adorni, a la ley de inocencia fiscal, aprobada en diciembre. Hoy, en medio de un clima de expectativa por su declaración jurada, se conoció que el jefe de Gabinete apeló a uno de los instrumentos contemplados por la normativa para blindarse en el plano fiscal.
Según consta en registros oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el ministro coordinador y su esposa adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias. Se trata de un sistema voluntario creado por la ley de inocencia fiscal que busca facilitar la elaboración de la declaración jurada para contribuyentes y limita los datos que deben informarse al fisco.
En diciembre pasado, el Congreso aprobó la ley de inocencia fiscal, que buscaba modificar la relación entre el Estado y el contribuyente. La iniciativa apuntaba a, entre otras cuestiones, incentivar a los argentinos a “sacar los dólares del colchón” e insertar sus ahorros no declarados en el sistema financiero formal.
La normativa, reglamentada en febrero de este año, cuenta con dos ejes. Por un lado, se impulsaron cambios en el régimen penal tributario, que incluyen una suba de los umbrales de evasión fiscal y la posibilidad de no enfrentar procesos penales en caso de cancelar la deuda impositiva. Por otro lado, creaba un Régimen Simplificado de Ganancias.
Este último esquema busca ofrecer un mecanismo más sencillo para confeccionar la declaración jurada. Puede adherir a este sistema toda persona humana inscrita en Ganancias que presente ingresos totales de hasta $1000 millones anuales y un patrimonio total de hasta $10.000 millones. Ahora el gobierno analiza eliminar esas restricciones con una reforma a la ley de inocencia fiscal.
Bajo este régimen, para simplificar el trámite, ARCA pone a disposición del contribuyente una declaración jurada preliminar, elaborada con información que la entidad recaudatoria tiene en su sistema. Los beneficiarios de este esquema tienen la potestad de ajustar o validar esos datos para presentar la declaración jurada, pero no deben cargar la información de cero como ocurre bajo el régimen general, lo que permite agilizar tiempos.
Además, en el esquema simplificado, la información que se debe presentar a ARCA es mucho más restringida. El documento a suscribir es una declaración mucho más sintética que solo abarca ingresos gravados, gastos deducibles y el monto a pagar en concepto de impuesto.
En este sentido, especialistas consultados por LA NACION advirtieron que, a diferencia del régimen general, este sistema no demanda información sobre los consumos del contribuyente (que determinan su nivel de vida) ni su patrimonio al inicio y final del período fiscal.
Además, el régimen simplificado establece que, si el contribuyente presenta su declaración jurada y paga el monto correspondiente en término, se activa un “tapón fiscal”. Este es −según las fuentes consultadas− uno de los aspectos claves del régimen que pudo haber influido en la decisión de Adorni de adherir a él.
Bajo el modelo simplificado, y en caso de cumplimiento en tiempo y forma, ARCA aplica una presunción de exactitud de las declaraciones juradas. Esto significa que el organismo recaudatorio toma como correcta la información declarada, salvo que se detecten “discrepancias significativas” (una diferencia de más del 15% entre los ingresos reales del contribuyente y los declarados).
De no encontrarse este tipo de inconsistencias en la declaración del año base, se aplica el “tapón fiscal” hacia atrás que impide que la ARCA revise las presentaciones suscritas en años anteriores y pueda investigar o aplicar sanciones los fondos no declarados en el pasado.
Además, el trámite tiene efecto liberatorio, es decir, que el contribuyente puede disponer libremente de sus ingresos, siempre que no provengan de actividades ilícitas.
El impacto sobre la Justicia
Este blindaje a nivel fiscal no se traduce en un blindaje a nivel judicial. Según explicaron especialistas, la adhesión al régimen simplificado no impide que el jefe de Gabinete tenga que justificar sus operaciones inmobiliarias y viajes ante la Justicia en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
“La ley de inocencia fiscal establece que ‘en la medida que aplique la presunción de exactitud mencionada […] los contribuyentes quedan liberados de toda acción civil y por delitos tributarios, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponder’ y, por ende no excluye la liberación penal del delito de enriquecimiento ilícito”, explicó una de las fuentes consultadas.
Además, la ley de inocencia fiscal alcanza al dinero “negro” −como puede ser la compra de dólares en el mercado blue−, pero no al dinero de origen ilícito. Es decir, el ministro coordinador aún debe probar que los fondos utilizados en las operaciones bajo investigación no se obtuvieron de manera ilegal.
A diferencia de otros delitos, el enriquecimiento ilícito invierte la carga probatoria, lo que implica que el acusado es considerado culpable hasta tanto pruebe su inocencia y no a la inversa. Así, es el funcionario el que tiene que demostrar la procedencia lícita de sus fondos.
“El tema es si resulta suficiente decir que no hay enriquecimiento ilícito porque su patrimonio quedó justificado impositivamente”, continuó uno de los especialistas. “Será una discusión que se tendrá que dar en esa causa”.
Otros ejes de la ley de inocencia fiscal
Además de la creación del régimen simplificado de Ganancias, al que se incorporó el jefe de Gabinete, la iniciativa de La Libertad Avanza estableció:
El Gobierno anunció, la semana pasada, que avanzaría con cambios en el ley de inocencia fiscal. Una de las modificaciones propuestas es la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio previstos para adherir al régimen simplificado. Esos máximos hoy están fijados en $1000 millones de ingresos anuales y $10.000 millones de patrimonio.
Además, el proyecto aclara expresamente que los pagos en efectivo realizados en escrituras públicas vinculadas a inmuebles será compatibles con los requisitos del régimen. Así, las operaciones inmobiliarias efectuadas con ahorros no declarados también estarán alcanzadas por los beneficios de esta norma que flexibiliza los criterios de evasión.
