Luego de una encuesta realizada en 2024, el Observatorio de Violencia de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (Femeba) informó que “el 44% de los profesionales médicos manifestó haber sufrido un hecho de violencia y el 7% padeció un hecho de violencia física durante sus horas de servicio”. Los ataques –que también son una realidad en la Ciudad- involucran mayoritariamente a profesionales mujeres, pero no distinguen entre empleados y afectan también a la infraestructura edilicia. La frecuencia se eleva en las guardias médicas ante las largas esperas, los pacientes víctimas de adicciones y las condiciones que impone un sistema de salud colapsado por alta demanda. El maltrato verbal también es otra forma de agresión explícita de las que los médicos son víctimas frecuentes. El impacto se extiende a toda la organización, alterando la eficiencia y con efectos que se extienden en el tiempo.
Lamentablemente, la lista de violencias que nuestra sociedad ejerce sobre los médicos es mucho más larga. El sistema no reconoce con sueldos dignos los años de formación y experiencia, valores paupérrimos que, además, se liquidan en cómodas cuotas varios meses después de brindada la prestación. Como resultado, el pluriempleo y la sobrecarga son inevitables.
La falta de insumos e instrumental en ámbitos mayormente públicos también conspira contra la calidad del trabajo, además de repercutir sobre los pacientes. La cantidad de personas para atender en apretados cronogramas es tan estresante y agotadora como las guardias multiplicadas para los más jóvenes. Demás está decir que, al igual que en muchas otras profesiones, se ven obligados a seguir trabajando más allá de su edad jubilatoria.
El doctor Roberto Borrone citaba en un reciente artículo los resultados de una encuesta entre 2920 médicos argentinos difundida en el último Congreso Argentino de Cardiología con un 48% que admitió que no volvería a elegir la medicina como profesión y un 65% que se reconocía víctima de burn out.
Organizaciones médicas y referentes del sector han venido advirtiendo sobre el deterioro del sistema de salud pública, el vaciamiento de las residencias médicas y el éxodo de profesionales. La falta de incentivos amenaza a especialidades críticas como medicina general, pediatría y terapia intensiva. Profesionales que se han formado en el país, que han ganado aquí su experiencia, aspiran a una mejor calidad de vida a la que pueden acceder en el exterior.
Resulta ilusorio pensar un sistema de salud eficiente que se sustente sobre estas endebles bases. La crítica situación demanda serias y urgentes revisiones. Estado, obras sociales, prepagas y una sociedad que no dimensiona debidamente la gravedad del problema deben llamarse a la reflexión y el debate para rediseñar un escenario cuyo presente ya marca la gravedad del futuro.
