La Justicia reabrió una causa que investiga al expresidente de Bolivia, Evo Morales, por presunta trata de personas y abuso de menores en la Argentina, durante su estadía como asilado político.
La resolución se dio a conocer esta semana, cuando la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal consideró que el archivo de la causa fue «prematuro» y que la denuncia original, junto con su ampliación, aporta información concreta que amerita ser investigada a fondo.
Esto sucedió producto de que la Cámara diera lugar a un recurso presentado por la Fundación Apolo, a la cual reconoció como querellante en el expediente, una ONG anticorrupción que había denunciado a Morales el año pasado.
Según testimonios, el exmandatario habría recibido menores de edad durante su permanencia en Argentina en 2019, bajo el supuesto encubrimiento de favores políticos. Una de las principales testigos, Angélica Ponce, declaró en Bolivia, pero nunca fue citada por la Justicia argentina, lo que motivó el planteo de Apolo para reabrir el caso y avanzar con medidas de prueba claves.
«La gravedad de los hechos denunciados y la identidad de las personas involucradas exige un compromiso absoluto de la Justicia. No vamos a permitir que se tape una red de impunidad en nombre de la diplomacia o la política», sostuvo Yamil Santoro, director de Apolo, legislador porteño y querellante en la causa.
De acuerdo con la denuncia, diversos testimonios y fuentes señalan que Morales convivió en Argentina, durante su estadía entre 2019 y 2020, «con menores de edad que habrían sido trasladadas desde Bolivia, en condiciones presuntamente vulnerables, para realizar labores domésticas y personales».
En un testimonio, Angélica Ponce, exdirigente intercultural boliviana y allegada a Morales, denunció que durante sus visitas al expresidente en Argentina, observó a menores cumpliendo roles que describió como «serviles» en la residencia del expresidente pagada por el gobierno argentino.
Ponce también afirmó que Morales recibía «niñas como obsequios» de quienes deseaban obtener favores gubernamentales, agregando que este tipo de hechos era ampliamente conocido en los círculos cercanos al expresidente.
Además de la denuncia realizada por la Fundación Apolo, hay otra realizada por el Gobierno nacional, más específicamente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ambas se tramitarán juntas.
Morales enfrenta también denuncias del mismo tenor en Bolivia, donde pidieron prisión preventiva, debido a que -según la denuncia- en 2016, cuando era presidente, Morales habría tenido una hija con una adolescente de 15 años a cambio de favores políticos y económicos para los padres, quienes también se encuentran acusados. Esta causa también fue reabierta recientemente tras ser desestimada en 2019.
