El canciller Pablo Quirno advirtió este viernes que las empresas que participen en operaciones vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas deberán elegir entre mantener esos negocios o desarrollar actividades en la Argentina. “Van a tener que decidir”, afirmó.
El funcionario explicó, en diálogo con Radio Mitre, que la restricción no se limitará a las compañías petroleras que intervengan directamente en los proyectos, sino que también alcanzará a aquellas que presten servicios financieros, logísticos, aseguradores o vinculados con la actividad energética. En ese sentido, confirmó que las firmas relacionadas con el proyecto Sea Lion podrían quedar imposibilitadas de operar en Vaca Muerta.
Quirno también informó que el Gobierno reglamentó la Ley 26.659 para agilizar los procedimientos sancionatorios y que los proyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) deberán presentar una declaración jurada en la que aseguren que no incumplen ni incumplirán esa normativa.
La advertencia a las empresas vinculadas con Malvinas
Durante la entrevista, Eduardo Feinmann consultó al canciller sobre el alcance de las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei y le preguntó si involucraban a empresas que actualmente trabajan en Vaca Muerta y que podrían convertirse en socias del proyecto petrolero Sea Lion.
“Pueden ser no solo socias, sino también proveedoras de servicios petroleros, financieros, seguros, etcétera”, respondió Quirno. Ante la pregunta acerca de si esas compañías tendrían que elegir entre continuar en Vaca Muerta o participar del emprendimiento impulsado en las islas, el funcionario contestó: “Correcto”.
El canciller sostuvo que las empresas deberán resolver “si operan en Malvinas, en una zona disputada con una legalidad incierta, o vienen a la Argentina a hacer su negocio”, donde —según señaló— existen reglas claras, previsibilidad y oportunidades en distintos sectores.
Quirno confirmó, además, que el decreto reglamentario anunciado por Milei ya fue firmado y publicado en el Boletín Oficial. Según detalló, la disposición busca aportar “celeridad” y mayor claridad al proceso de aplicación de sanciones.
Asimismo, incorporó exigencias específicas para las inversiones comprendidas dentro del RIGI. “Tienen que presentar una declaración jurada en la cual declaren que no violan ni violarán la Ley 26.659”, explicó.
Las sanciones y las notas dirigidas a 29 países
Quirno recordó que las empresas Navitas y Rockhopper ya se encuentran sancionadas en la Argentina por sus actividades en el archipiélago. A partir de un análisis realizado por el Gobierno, se enviarán también 180 notas de disuasión a compañías pertenecientes a 29 países.
Una parte de esas comunicaciones será dirigida a empresas israelíes vinculadas con los proyectos petroleros. Sin embargo, el canciller negó que la decisión pueda afectar la relación bilateral entre la Argentina e Israel.
“No perjudica la relación argentino-israelí en lo más mínimo. Nosotros hemos estado y estamos constantemente en comunicación con Israel y con el canciller israelí”, manifestó. También indicó que el embajador argentino en ese país ya fue informado y deberá remitir las notas correspondientes.
El funcionario confirmó que el canciller israelí está al tanto del reclamo presentado por la Argentina y afirmó que las nuevas acciones se suman a las protestas diplomáticas realizadas anteriormente contra la exploración y explotación de recursos naturales en las islas.
El objetivo de frenar la explotación de hidrocarburos
Al ser consultado sobre el avance del proyecto Sea Lion y la posibilidad de que comiencen a extraerse los primeros barriles, Quirno aseguró que el propósito de la administración nacional es impedir la explotación de hidrocarburos en el territorio en disputa.
“Nuestra intención es no permitir justamente la explotación de hidrocarburos en las Malvinas”, sostuvo. Para justificar la posición argentina, mencionó una resolución de las Naciones Unidas que establece que ninguna de las partes debe adoptar decisiones unilaterales mientras no se resuelva la disputa de soberanía.
Según el canciller, las licencias otorgadas por el Reino Unido son “absolutamente ilegales” porque habilitan actividades sobre territorio argentino sin el consentimiento del país. “Nosotros no vamos a aceptar esta situación cruzados de brazos”, cerró.
