Colombia revive el horror de los magnicidios. El asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Bogotá evoca la violencia de los años 80 y siembra temor en la sociedad.
La investigación de la Fiscalía General apunta a que la disidencia de las FARC Segunda Marquetalia estuvo detrás del atentado. Tras el hecho, se reactivaron las órdenes de captura previamente suspendidas contra varios cabecillas que actuaban como negociadores de paz. Hasta el momento, seis personas fueron detenidas en relación con el caso. Uribe Turbay, de 39 años, falleció tras permanecer dos meses hospitalizado en estado crítico después de recibir un disparo en la cabeza por un adolescente de 15 años.
El gobierno de Gustavo Petro, quien asumió el poder en 2022 con la promesa de la “Paz Total”, enfrenta un duro golpe. Esta política ambiciosa buscaba negociar con la mayor cantidad de grupos armados y bandas relacionadas con el narcotráfico para poner fin a los conflictos armados. Sin embargo, después de tres años, la estrategia muestra pocos avances. “En medio de grandes dificultades históricas le seguimos apostando a la paz (…) porque obviamente este gobierno no ha logrado la paz total”, afirmaba Petro en un discurso ante el Congreso el pasado 20 de julio.
Las mesas de diálogo tuvieron resultados positivos solo en algunas regiones, con ceses de hostilidades momentáneos. Las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC están paralizadas o fracasaron. Según Sergio Guzmán, director de Control Risk Colombia, “en los tres años del gobierno de Gustavo Petro, a pesar de múltiples ceses al fuego y múltiples esfuerzos, no parece haber voluntad política de estos grupos para poner fin al conflicto. Y eso es una de las cosas que criticaba el candidato Miguel Uribe”.
El magnicidio de Uribe Turbay impacta directamente en la campaña electoral del año próximo. Mauricio Velásquez, profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, analizó que “un primer factor que puede suceder es una polarización más fuerte en la dirigencia política con una lectura de quién tuvo la culpa. Y esta pregunta tiene dos ramificaciones: el discurso violento de todos los sectores políticos, pero liderado por el presidente”. Añadió que “el otro factor es si el proceso de paz de 2016 es también responsable”.
Velásquez también observa que “la izquierda, que en el pasado ha estado con muchísima frecuencia como víctima de la violencia, ahora está del otro lado gobernando y no tienen buenas respuestas sobre lo que ocurrió. Y la derecha tiene buenas razones para alegar que hubo como mínimo negligencia en la protección de Uribe Turbay”.
Existe alarma entre los candidatos presidenciales y parlamentarios sobre la capacidad del gobierno para protegerlos. Uribe Turbay solicitó al gobierno mayor protección en nueve ocasiones.
Según Guzmán, “la señal que mandan muchos grupos organizados o quienes hayan atentado contra Miguel Uribe es que si podemos atacarlo en Modelia, en el sur de Bogotá, es que podemos atacar en cualquier parte a cualquiera. Y eso es algo que el gobierno no ha logrado responder de una forma contundente, lo que genera muchas dudas a los votantes, pero más a los de oposición de que el gobierno tenga la capacidad para reducir la violencia política en el corto plazo”.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
