Apenas seis meses después de asumir, el presidente Rodrigo Paz enfrenta una creciente crisis social marcada por protestas y bloqueos de distintos sectores que reclaman mejoras salariales y denuncian la falta de combustible. Desde hace más de diez días, el gobierno afronta una virtual parálisis general por cortes de rutas en casi 70 puntos de todo el país y este sábado desplegó efectivos policiales y militares para intentar liberar los piquetes, según informaron medios locales.
Dos semanas de cortes liderados por la Central Obrera Boliviana (COB), los sindicatos campesinos y los mineros han dejado a La Paz con mercados desabastecidos y hospitales sin reservas de oxígeno. Tres personas fallecieron por falta de auxilio médico, según el gobierno.
Sobre el final de la semana, las protestas se tornaron más violentas y varios sectores comenzaron a pedir la renuncia del mandatario, que no cuenta con una mayoría legislativa ni un partido fuerte que lo respalde.
La COB comenzó exigiendo aumentos de sueldos y los campesinos abastecimiento de gasolina. Los mineros, que la víspera se enfrentaron con la policía, negocian por separado sus demandas de acceso a más áreas de explotación al igual que los maestros públicos, quienes piden por mejoras salariales.
“Las demandas reivindicativas han sido atendidas en gran medida conforme a la realidad, pero hay fuerzas oscuras que buscan desestabilizar la democracia”, dijo el vocero presidencial, José Luis Gálvez, en alusión al expresidente Evo Morales (2006-2019).
Paz repite que heredó un “Estado quebrado”, pero sus adversarios le reprochan su lenta respuesta ante la peor crisis de los últimos 40 años.
En el caso de La Paz el cierre de rutas está dando un duro golpe a la economía local. La Cámara Departamental de Industrias alertó que la región pierde por día hasta 15 millones de dólares y comienzan a faltar los insumos para el sector, al punto que algunas plantas se han visto obligadas a parar sus operaciones, lo que genera problemas en el abastecimiento de productos y el incremento de los precios de alimentos.
Además, aumentan los problemas vinculados con la salud ya que los camiones con oxígeno medicinal también quedaron bloqueados en medio de las protestas.
Frente a este escenario, el gobierno de Paz desplegó este sábado un amplio operativo denominado ‘Corredor Humanitario’, a cargo de unos 3500 uniformados, entre efectivos de la policía y militares que avanzaron en el desbloqueo de rutas para permitir el ingreso de alimentos y combustibles a La Paz. La policía informó que detuvo hasta ahora al menos a 24 personas.
Cisternas varadas por varios días y camiones con alimentos y carga de exportación reactivaron la marcha en medio de piedras y escombros que eran despejadas y avanzaban según imágenes difundidas por las redes de televisión. Algunos manifestantes resistían el avance de las autoridades y lanzaban piedras y explosivos caseros.
La policía lleva equipos antimotines y tiene el apoyo de las fuerzas armadas que “no usarán armas letales” para evitar posible bajas, declaró a los medios el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes. “Estamos abriendo un corredor humanitario”, señalo el comandante de la Policía, Mirko Sokol.
El gobierno acusa a partidarios del expresidente Evo Morales (2006-2019) de estar detrás de las manifestaciones que “buscan desestabilizar” al gobierno, apuntó por su parte el vocero José Luis Gálvez.
Bajo esa misma línea, el presidente boliviano lanzó una dura advertencia contra quienes consideró que están “buscando destrozar la democracia” al asegurar que estos “irán a la cárcel”.
Por su parte, el expresidente Evo Morales cargó contra las declaraciones de Paz y lo acusó de “tergiversar la voluntad popular” en las últimas elecciones regionales que se disputaron hace un mes atrás.
“Que el pueblo ejerza su derecho a la libertad de expresión y protesta no es un ataque a la democracia. Un ataque es criminalizar ese derecho con falsas acusaciones, infiltrados violentos, incentivos para los represores, la división de organizaciones con privilegios y campañas mediáticas sucias que incitan a la confrontación entre hermanos y hermanas, utilizando retórica de odio y racista”, sentenció Morales desde su cuenta de X.
“Rodrigo Paz afirma que quienes destruyen la democracia irán a la cárcel. Entonces, ¿irán también a la cárcel quienes impusieron un gobernador a La Paz con menos votos que los votos nulos? ¿O quienes descalificaron candidatos y partidos manipulando las elecciones hasta el último día? Para el Gobierno, tergiversar la voluntad popular es democrático, pero protestar contra la gasolina contaminada, la inaccesibilidad a los alimentos o la crisis económica ya es ‘un ataque a la democracia’“, acusó Morales en alusión directa al mandatario.
“Parece que Paz quiere una democracia de los obedientes, y cuanta más fuerza necesita, más evidente se hace su temor a la voluntad popular”, sentenció el expresidente.
Agencias AP y AFP
