El Gobierno promueve una iniciativa denominada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que intentó tratar este jueves en el recinto pero que debió postergar por falta de votos suficientes. Su objetivo principal es fortalecer la protección del derecho de propiedad. Sin embargo, la mayor resistencia aparece en el capítulo que levanta las restricciones a la venta de tierras por parte de compradores extranjeros.
La ley vigente limita la posesión extranjera a un 15%, tanto en el nivel nacional como provincial y departamental. A su vez, ninguna nacionalidad podrá poseer más del 30% de la totalidad habilitada.
El proyecto elimina las restricciones para los compradores individuales.
Solo mantiene límites si se trata de gobiernos o empresas extranjeras.
El primer capítulo del proyecto introduce modificaciones sustanciales a la Ley de Expropiaciones (N° 21.499), al acotar los criterios para declarar la utilidad pública de un bien. Si se aprueba, deberá ser interpretada de manera “restrictiva, idónea y proporcional”.
El segundo capítulo busca acelerar los procesos judiciales de desalojo de inmuebles, tanto urbanos como rurales.
Además, se introducen garantías de protección para menores, personas con discapacidad o adultos mayores, exigiendo la intervención de organismos de protección.
El tercer capítulo actualiza el régimen de protección del dominio de tierras rurales. Reafirma que las provincias conservan la jurisdicción plena sobre sus recursos naturales. Se mantienen restricciones para la adquisición de tierras por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera, pero se levantan los límites a los compradores individuales.
En el cuarto capítulo, el proyecto aborda el manejo del fuego, prohibiendo expresamente cambios en el uso y destino de superficies de bosques nativos afectados por incendios.
El quinto capítulo agiliza los procesos de registro de propiedades.
